Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 17 de enero de 2022

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Licitación del Litio: un apuro sin justificación

Patricio López

  Martes 4 de enero 2022 18:24 hrs. 
litio


En la medida que transcurren las horas, resulta más difícil de justificar el apuro del Gobierno por llevar a cabo la licitación para explotar el litio. Si bien no hay en este caso impedimentos para que el Ejecutivo ejerza sus atribuciones, hay al menos tres consideraciones importantes que están siendo soslayadas: primero, que hay una solicitud formal e insistente del gobierno entrante de que no se innove en esta materia, puesto que su voluntad es crear la Empresa Estatal del Litio; segundo, que colisiona con la intención de la Convención Constitucional de dar un nuevo estatus a los recursos naturales en general, y al litio en particular; y tercero, lo más importante, que esta decisión sucede en un ámbito tan estratégico que no se corresponde con tanta precipitación. Resulta curioso que respecto a un recurso que ha sido llamado el cobre del siglo XXI, la medida sea tomada hasta la mitad de este siglo por un gobierno al final de su mandato, con una desaprobación inédita y sin un debate público para suponer que se trata de una decisión país. Es, en la práctica, una decisión del Gobierno por sí y ante sí.

Para que tengamos a la mano los datos centrales de lo que está sucediendo respecto al litio, también llamado el oro blanco: el Ejecutivo está a pocos días de ceder el derecho de producción de 400 mil toneladas de litio a empresas privadas. En la actualidad, Chile posee el 44% de las reservas de todo el mundo. Se ubica fundamentalmente en los salares del desierto de Atacama y se ha cotizado por ser un elemento esencial de las baterías, lo cual augura un amplio campo para su aprovechamiento, en la medida que disminuya la recurrencia a los combustibles fósiles. Nos encontramos, por lo tanto, frente a un escenario mundial donde litio, riqueza y energías sustentables forman parte de una misma tríada. Respecto a esta licitación, no modifica el panorama general de explotación del litio en Chile y remite a salares de menor ley, por lo que además de no tener mucho fundamento profundiza una manera privatizadora e irreflexiva de gestionar este recurso.

Pero nada de esto ha sido sometido a la deliberación pública. Con la complicidad pasiva de los medios de comunicación, salvo excepciones, el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por socializar esta decisión y todo lo que se sabe de ella ha sido por la advertencia de algunos economistas, científicos y dirigentes políticos, como si se hubiera develado algo que la autoridad preferiría oculto. No ha habido un proceso de consulta con actores de la sociedad que están capacitados para dar su aporte, no se ha promovido la discusión y el conocimiento y, por lo tanto, las voluntades de palacio han ido en la dirección de lo que coloquialmente se llamaría querer pasar piola. Una postura poco consistente con la trascendencia histórica de la decisión.

Mientras en el debate cotidiano sobre las políticas sociales las discusiones se enmarcan en el escamoteo de los recursos que siempre son limitados, en una perspectiva de largo plazo el país está renunciando a una enorme oportunidad. La Comisión del Litio, convocada por la presidenta Bachelet al principio de su segundo gobierno, emanó recomendaciones que finalmente no fueron acogidas en esa administración ni en la actual. Se hace muy importante para el país que esa mirada de largo plazo impere, lo cual por de pronto es incompatible con lo que se pretende hacer en 11 días.

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