Ahora que ya podemos ver con un poco de distancia el triunfo de la esperanza sobre el miedo y con la tranquilidad por haber evitado la entrada del fascismo a la Moneda, es necesario mirar de manera crítica la real posibilidad de llevar adelante al “primer gobierno ecologista” de esta larga franja de tierra llamada Chile.

Los desafíos no solo están relacionados con los ‘grandes temas’, como lo son el caso del proyecto minero Dominga, la implementación de las 15 medidas dictadas por la justicia para aliviar la situación de la zona tristemente denominadas de sacrificio socio ambiental en Puchuncaví o cómo adaptarnos a los más graves impactos del Cambio Climático.

El real desafío tiene que ver con cómo abordamos y apoyamos de manera estratégica, creativa y eficiente un programa que será muy difícil de conseguir debido a que este descansa de manera importante en la agenda legislativa, con un congreso que no tiene mayorías y por ende, todo avance en cambios significativos podría ser bloqueado por la oposición o en su defecto terminar aprobando leyes que no cumplirán con las expectativas del mundo ambiental y social.

Dentro de estos principales desafíos, se encuentra la creación del fondo soberano de adaptación al cambio climático, el que se debería crear a partir de lo recaudado por el nuevo royalty minero. Es difícil imaginar una discusión sin posturas radicales en el congreso, debido a que en el están presentes casi todas las fuerzas políticas y la diferencia de visión en esta materia podría hacer imposible la creación de un royalty que de verdad permita recaudar lo justo para nuestro país y por ende otorgar recursos frescos para la acción climática. Esto también aplica para la dificultad de finalizar el segundo trámite en que se encuentra la Ley de Cambio Climático, de la cual, no hay una visión concreta de cómo abordarla proveniente del programa de gobierno.

La falta de mayorías en el congreso nacional no solo afecta a la agenda sobre la crisis climática, también lo hace sobre la necesaria protección de la naturaleza, debido a que se debe crear los Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Servicio Forestal que reemplace a la actual CONAF y le quite a este último la conflictiva doble misión del fomento forestal y la protección de los ecosistemas, considerando además que estos servicios se viene legislando desde hace 10 años.

Por su parte, una ausencia importante dentro del programa de gobierno, es la mirada sobre la gestión, administración y protección de los bienes comunes presentes en el mar. El compromiso de derogar la Ley de Pesca, o abordar los aspectos conflictivos de la misma, como lo son las licencias de pesca de la industria o la inclusión de subastas de las cuotas de ciertas pesquerías, también podría ser una tarea imposible con la configuración de las fuerzas políticas en el congreso. A su vez, el programa no tiene una posición concreta respecto a cómo abordar el conflicto socioambiental de la expansión de la industria del salmón hacia áreas protegidas o de alto valor de conservación, especialmente en la Patagonia Chilena. No será suficiente aumentar las estudios relacionados a las condiciones del océano si no se le fortalece con políticas concretas e institucionalidad ad hoc que ordenen por una vez por todas las múltiples dificultades que enfrentan la industria pesquera, la pesca artesanal, la industria del salmón y los riesgos actuales del desarrollo de geoingeniería marina en nuestras costas, entre otros.

A esto se suma la idea de fortalecer la institucionalidad y relacionar a través de la soberanía alimentaria la pesca con la agricultura, pero eso entra en conflicto con lo que los pescadores artesanales han pedido por años, el contar con un Ministerio del Mar que se haga cargo de la administración pesquera y la acuicultura a lo largo del país y se termine con la fragmentación de competencias sobre el sector.

La gestión y la relación que establezca el gobierno entrante con los bienes comunes, especialmente con la extracción de minerales, la extracción de litio, los bosques y las pesquerías se suman a la incertidumbre proveniente de lo que decida la Convención Constitucional y por cierto que generará conflicto entre los intereses del Estado y los privados que actualmente controlan la extracción de los bienes comunes y los posibles amarres del gobierno saliente.

En lo que respecta al agua, el tema se vuelve mucho más “líquido”, debido a que existen múltiples instancias que afectarán el futuro de su gestión. En tal caso, la actual discusión en comisión mixta sobre cambios significativos en el Código de Aguas, que viene desde el 2011, la relación que establezca la Convención Constitucional entre el Estado y los bienes comunes, la gestión que se hará de los subsidios de la ley de riego que estará vigente durante el 2022 y finalmente la urgencia inmediata de la escasez provocada por la mega sequía en más del 50% de las comunas de Chile, se suma la agudización de la falta de precipitaciones por el efecto de la Niña, que supone menores lluvias en un escenario ya en crisis, y presume desarrollar una muy bien afinada gestión gubernamental que avance en lo urgente, pero a su vez, sea capaz de asimilar los cambios que se produzcan para su gestión a largo plazo.

Finalmente, el desafío de fortalecer la fiscalización de la normativa ambiental, está en aumentar el gasto público para fortalecer a la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Pesca y a la vez dotar de recursos suficientes a los posibles nuevos servicios de Biodiversidad y Forestal sin que estos pierdan fuerza tal como pasó con el Sernac.

Los desafíos son inmensos y por ende, el compromiso no puede ser solo de un gobierno el hacerlo realidad, debemos ser consecuentes con el apoyo que le dimos con el voto, y contribuir a su éxito, porque varias de las razones que permitieron avanzar en las condiciones para generar los grandes cambios sociales que se esperan tienen una base ambiental. Por esta razón, el trabajo en conjunto con la ciudadanía y los movimientos social es de vital importancia, es tarea de todos los que queremos un cambio empujarlos.

Sam Leiva, Presidente Fundación Territorios Colectivos.