La plataforma de participación ciudadana impulsada por las universidades Católica y de Chile, Tenemos que Hablar de Chile, reunió durante 2021 a autoridades, dirigentes sociales, académicas y académicos, representantes del mundo público, privado y de la sociedad civil para reflexionar y analizar en profundidad sobre cómo mejorar la política y el Estado. De estas Mesas de Trabajo emanan en total ocho propuestas que buscan llegar a los constituyentes y al nuevo Gobierno sobre cómo hacer un mejor Estado y una mejor política.
“Quisimos ahondar en estos dos tópicos principales que fueron ampliamente mencionados por los participantes de un proceso anterior que realizamos en 2020 llamado Chile a Escala, cuyas conclusiones fueron retroalimentadas y complementadas por un grupo muy diverso de académicos, autoridades, exministros, ciudadanos comunes y corrientes, entre otros. De esa retroalimentación nacen estos resultados que presentamos aquí”, señaló Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile.
Estas mesas de trabajo se traducen en más de 1.800 minutos de conversación grupal y más de 800 ideas y comentarios registrados de forma transparente y que fueron la base del análisis. En total fueron 60 integrantes permanentes y 54 participantes de sesiones ampliadas, de distintas edades, oficios, y que residen en 14 regiones del país.
Tres propuestas para una política ciudadana
El grupo de participantes —entre quienes destacan la exministra Carolina Tohá; la exsubsecretaria de Educación Valentina Quiroga; los académicos Juan Pablo Luna, Claudio Alvarado y Claudia Heiss; el dirigente social de Valparaíso, Gonzalo García; la pescadora artesanal y concejala de Los Vilos, Karen Cisternas; entre otros— tiene un diagnóstico claro: la política tiene poco vínculo, conexión y capacidad de respuesta, también carece de renovación en sus formas, rostros y liderazgos al estar capturada por lo electoral.
“Veo estas conclusiones alineadas con la Convención, donde se favorece la participación y la deliberación de la ciudadanía. Las veo bastante complementarias al proceso constituyente que estamos viviendo en Chile hoy en día”, dice Julieta Suárez-Cao, participante de la instancia y académica de la Universidad Católica.
Tras analizar los desafíos nacieron tres propuestas para fortalecer la actividad política, su legitimidad en la sociedad, y su capacidad de producir respuestas a los desafíos y problemas que enfrenta el país.
- Cambiar a un sistema electoral y político que promueva mayorías, resguardando la diversidad y la construcción colectiva. Se propone avanzar en modelos que aseguren votaciones significativas para quienes tienen los cargos de representación popular con principal énfasis en el Congreso, volver al voto obligatorio, potenciar el rol de los partidos políticos, mejorar su funcionamiento y fomentar sus diversas ofertas programáticas. También acordaron estudiar la posibilidad de extender el mandato presidencial o permitir una reelección inmediata, como alternativas a implementar.
- Potenciar, ampliar y transformar la participación ciudadana. “La participación política no puede ser un instrumento de la política para validar sus propias ideas. Se trata de darle poder a las personas y no personas al poder”, dice el informe. Además se propone el fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, construir nuevas instancias formales de participación en las que personas no organizadas puedan canalizar sus necesidades y opiniones.
- Hay que fortalecer la vinculación de los políticos con las realidades de quienes representan. Para ello es importante que las autoridades y representantes sean usuarios de los servicios y programas sobre los que están decidiendo, así como perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas en los distintos niveles de la actividad, desde concejales hasta parlamentarios y ministros. También se propone fortalecer consultas, cabildos y otros mecanismos de participación.
Cinco propuestas para un Estado apañador
El otro grupo convocado para hablar del Estado consideró fundamental promover alianzas y espacios de coordinación donde el Estado lidere y coordine respuestas a las diversas necesidades de las personas en el territorio. Además de pensar una colaboración público-privada donde distintos actores de la sociedad civil puedan aportar con sus redes y trayectorias de trabajo a mejorar la vida de las personas.
Entre sus participantes estuvieron Ramiro Mendoza, excontralor general de la República; los exministros Felipe Bulnes y Adriana Delpiano; Javiera Toro, futura ministra de Bienes Nacionales y expresidenta del Partido Comunes, Kathy Riffo; dirigenta del campamento Felipe Camiroaga de Viña del Mar; el académico Joseph Ramos; entre otros. Estas son las cinco propuestas del grupo:
- Un Estado flexible, coordinado e innovador. Avanzar hacia una mayor flexibilidad en su estructura sectorial a nivel central, revisar el alcance operativo de los ministerios, fomentar espacios de colaboración entre el Estado y otros actores como la academia, la sociedad civil organizada y el mundo privado, y avanzar hacia un nuevo sistema de evaluación de políticas públicas.
- El Estado debe ser un empleador modelo. Se propone distinguir entre cargos permanentes y de confianza, donde se fomenten las capacitaciones y se reconozca el buen desempeño. También, se plantean otras acciones que promuevan el crecimiento profesional, promoviendo el enfoque de género y la valoración de la diversidad en sus espacios laborales. Todo esto, reflejado en una práctica cotidiana del Estado en sus concursos y contrataciones.
- Acercar la toma de decisiones a los distintos territorios. El arribo de los gobernadores regionales se plantea como una oportunidad para fortalecer las atribuciones y capacidades de los gobiernos locales. Una alternativa discutida por los participantes fue definir un estándar de calidad de los servicios públicos en todo el país, de manera que la presencia del Estado responda al cumplimiento de estos estándares en todo el territorio, independiente de si es una ciudad o una comunida rural, por ejemplo.
- Potenciar, ampliar y transformar la participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas. Se trata de cambiar la forma de entender la participación ciudadana, avanzando hacia una que sea incidente: que sea considerada en la deliberación y pueda ayudar a orientar las definiciones de política pública, en que el Estado utilice un lenguaje claro y sencillo.
- Recursos para responder a las necesidades de las personas y nuevos estándares de gasto público. Para poder atender a las necesidades ciudadanas, considerando especialmente las dificultades adicionales que ha impuesto la crisis sanitaria, existe cierto consenso en la necesidad de aumentar los recursos del Estado. Esto requiere una evaluación permanente, con sistemas de inversión pública y evaluación de proyectos que debiesen incorporar incentivos a la colaboración y la pertinencia territorial.
Para finalizar, Valentina Rosas, tras el análisis de estas mesas de trabajo, señaló que “es vital la existencia de canales de participación y estrategias que permitan promover el interés y vínculo de las personas con el proceso constituyente, asegurando que la ciudadanía sea parte activa tanto en la redacción como en el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Un eventual rechazo del nuevo texto constitucional sería un escenario crítico que frustraría las expectativas ciudadanas, y que por lo tanto es fundamental evitar”.
Esta es la primera entrega de estos informes, proceso del cual también se desprenden dos Mesas de Trabajo más: Ciudad y Territorio; y Economía y Desarrollo, donde participaron personas como los exministros Rodrigo Valdés y María José Zaldívar, y Germán Codina y Paulina Saball.
Sobre Tenemos que Hablar de Chile
Es una plataforma de participación e incidencia ciudadana impulsada en conjunto por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que busca promover la cohesión y la construcción de una hoja de ruta país. A la fecha han participado más de 100.000 personas a través de sus mecanismos de participación, en todas las comunas y regiones del país.