Soplan vientos a favor para la dimensión pública de los medios. A la aprobación del derecho a la comunicación en la Convención Constitucional -una demanda largamente anhelada por un conjunto de instituciones y organizaciones-, se agrega la manifiesta voluntad del gobierno entrante, a través de la cartera dirigida por la ministra Camila Vallejo, de instituir un sistema de medios públicos, junto con la promoción de la diversidad mediática.
Así como durante décadas ha parecido normal en el peculiar microclima político de nuestro país hacer completadas para financiar una operación o pagar 10 mil dólares por un año de carrera universitaria -es decir, que la salud y la educación, derechos universales, dependan del bolsillo de cada persona- algo parecido ha ocurrido con los medios de comunicación. Nos ha parecido natural que las únicas cadenas de diarios en Chile pertenezcan a los dueños de El Mercurio y La Tercera. Que además hayan recibido casi todo el avisaje estatal, que es uno de los puntos que han tenido en común los gobiernos de Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos, Bachelet por dos y Piñera por dos. Que el empresario más rico de Chile, Andrónico Luksic, sea dueño de uno de los principales canales abiertos, Canal 13, cuya concesión pertenece al Estado. Que otro grupo, Bethia o Solari según prefiera llamarle, sea dueño de Mega, Radio Disney, Radio Carolina, Radio Infinita, Radio Romántica, Radio Tiempo, además de participaciones relevantes en la propiedad de Falabella, el Club Hípico, Aguas Andinas y Latam, entre otras. Que la Cámara Chilena de la Construcción tenga medios de comunicación, además.
Podríamos seguir con el grupo Prisa, conglomerado español muy afín a los intereses empresariales de España y, en general, de los capitales procedentes de Europa en Chile, que es dueño de las radios Imagina, Concierto, Futuro, Pudahuel, ADN, Radioactiva, Rock & Pop, FM Dos, Corazón y Los 40.
¿Usted podría creer que una democracia puede preciarse de tal con esta incidencia empresarial sobre los medios de comunicación? Ahora mismo, igual que ayer y que mañana mientras las cosas no cambien, estos medios y otros más equivalentes que no caben en esta columna actuarán en función de los intereses de sus dueños incluso a pesar de los colegas periodistas, es decir, de que todo siga más o menos igual. Pero como en este tema el ladrón suele ir detrás del juez, cuando las actuales autoridades empiecen a tomar medidas en favor del interés público inmediatamente serán probablemente tratados por estos mismos canales, radios y diarios de autoritarios, anti – demócratas, estalinistas y otras palabras afines con las que suelen enarbolarse falsamente las banderas de la libertad de expresión y el pluralismo. No es posible aspirar a una democracia más avanzada mientras Chile viva en situación de captura en relación a este asunto.
Como la idea de una Ley de Medios, justa y necesaria, ha sido satanizada y junto con ello a quienes han osado decirla, parece más viable avanzar en el fortalecimiento de los medios públicos. Ningún gobierno se ha atrevido a ello en los últimos 32 años y el país lo ha pagado caro. Sin enfrentar este problema no podremos aspirar a una genuina democracia, salvo que prefiramos autoengañarnos o pensar igual que quienes intentan definir, por la vía del dinero, lo que llega a nuestro conocimiento masivamente.
