Amnistía Internacional ha presentado su informe anual que reporta el estado de los derechos humanos en el mundo y, por supuesto, tiene un capítulo dedicado a Chile. A nivel global, estamos en un periodo de incertidumbres, de imperativos por frenar actos de violencia y de saldar deudas, pero también de esperanzas. La pandemia y la falta de políticas públicas de los Estados han afectado el derecho a la salud y múltiples derechos sociales de millones de personas, en particular de las personas más vulnerables. Dos años después de empezar la pandemia, las Américas sigue siendo la región con más muertes causadas por la COVID-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente, y a políticas y medidas de protección social ineficientes.
Por otra parte, en diversas partes del mundo hemos visto la proliferación de conflictos bélicos y violaciones a los derechos humanos que han evidenciado el fracaso total de la comunidad global a la hora de afrontarlos para frenar una escalada mayor. Recientemente la invasión de Rusia en Ucrania ha significado una grave crisis de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que aún tiene insospechadas consecuencias. Hasta la fecha, han salido de Ucrania más de dos millones de personas, y siguen saliendo más. Desde Amnistía Internacional hemos señalado que quienes necesiten abandonar el país deben poder hacerlo en condiciones de seguridad.
En cuanto a las Américas hemos sido testigos de cómo ha continuado la violencia en contra de las mujeres, de las personas LGTBIQ+ y de quienes defienden derechos. Por cierto, en el año 2021 tristemente tuvimos a 252 personas defensoras de derechos humanos asesinadas de un total de 358 en el planeta. Con esto nos posicionamos una vez más como la región más letal del mundo para quienes defienden los derechos humanos, en particular para los activistas medioambientales.
Por otra parte, hubo 316 denuncias de asesinatos de personas trans y de género, considerando un universo de 375 a nivel mundial. La violencia contra las mujeres sigue siendo una lacra en la región, destacando especialmente la gravedad de la situación en México con 969 feminicidios.
¿Y qué pasa en nuestro país? Hemos dicho que el Gobierno de Sebastián Piñera deja un legado sombrío en materia de derechos humanos. No puede ser de otra manera, pues durante su mandato se produjeron violaciones a los derechos humanos graves y generalizadas. Estuvimos frente a la peor crisis de derechos humanos tras la dictadura de Pinochet. Desde Amnistía Internacional hemos señalado que en esas violaciones de derechos humanos existieron patrones claros que apuntan hacia una intención de dañar a quienes se manifiestan. Por eso hemos insistido una y otra vez que hay evidencia de que existiría responsabilidad de mando que debe ser debidamente investigada y sancionada.
No solo ello, en el periodo posterior al estallido social no se avanzó adecuadamente en medidas que nos permitieran avanzar hacia verdad, justicia y reparación integral para todas las víctimas. Respecto a justicia, a la fecha, solo ha habido 9 sentencias condenatorias respecto de 10.796 causas en que se ha realizado investigación. Es un 0,83% de los casos. Ese es un escenario de mucha impunidad e instamos al Estado de Chile a adoptar todas las medidas para revertirlo.
Tampoco se ha avanzado sustantivamente en garantías de no repetición, siendo el principal pendiente, a nuestro juicio, una reforma estructural de Carabineros que contemple respeto y protección a los derechos humanos, subordinación al poder civil y rendición de cuentas. En definitiva, las medidas adoptadas han sido pocas e insuficientes respecto a la magnitud de la crisis que se produjo en nuestro país.
En ese marco, desde Amnistía hemos saludado a las nuevas autoridades que han asumido en el Gobierno y en el Congreso, y las hemos instado a tener siempre presente el marco de los derechos humanos. No pueden jamás olvidar los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido en esta área. Es un momento de saldar deudas en materia de derechos humanos y desde Amnistía Internacional estaremos vigilantes a aquello.
También es posible tener esperanzas en materia de derechos humanos. Valoramos la aprobación del matrimonio igualitario, por muchos años empujado por activistas y organizaciones de la sociedad civil. Celebramos también que una de las primeras acciones del nuevo Gobierno haya sido la firma del tratado de Escazú y esperamos que el Congreso esté a la altura y lo ratifique.
Por último, otra esperanza está puesta en el proceso constituyente. Desde Amnistía Internacional hemos sido categóricos en señalar que la Constitución de 1980 actualmente vigente tiene múltiples déficits en materia de derechos humanos. Entre ellos, podemos mencionar la falta de una norma robusta que incorpore el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro sistema jurídico, la inexistencia de una institucionalidad con rango constitucional que supere los problemas de las instituciones existentes y debilidad en el reconocimiento de diversos derechos fundamentales, como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos de los grupos de especial protección y la falta de un reconocimiento específico de derechos de las mujeres. En ese contexto, vemos con buenos ojos los avances que ha presentado la Convención Constitucional, en particular valoramos la reciente aprobación en el pleno de las normas sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre Educación Sexual Integral. También es muy positiva la prohibición de la pena de muerte. Con esto, nos pone por fin entre los países abolicionistas. Esperamos entonces que Chile siga avanzando hacía una nueva Constitución y que los derechos humanos estén al centro de ese nuevo texto constitucional.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo Amnistía Internacional Chile
