De acuerdo a un informe evacuado por el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas dado a conocer hoy en Ginebra, más del 98 por ciento de estos crímenes sucedieron desde 2006, cuando comenzó la guerra frontal contra el crimen organizado. A ello se suma la crisis forense, con más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en morgues, universidades y fosas comunes. No obstante, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México acumula 98.945 personas desaparecidas y no localizadas ya desde 1964 (cuando comenzaron los registros) hasta la fecha. De Éstos, más de 73.800 son hombres y casi 25.000 son mujeres.
Entre las 85 recomendaciones del Comité, se insta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a abandonar “la política de militarización” de la seguridad pública porque ha quedado demostrado que ese enfoque ha sido insuficiente e inadecuado para proteger los derechos humanos y los militares han sido señalados por cometer ellos también graves violaciones de los mismos.
En el documento, los expertos de la ONU enfatizan que “agentes públicos y el crimen organizado son responsables del fuerte aumento de desapariciones forzadas” en el país. “Se trata de una situación generalizada”, indicó la presidenta del comité, Carmen Villa Quintana, quien dirigió la visita de dos semanas que el grupo realizó a México en noviembre de 2021. Además, el grupo ve la necesidad de fortalecer a las fuerzas civiles del orden para combatir la persistente violencia que se vive allí.
Aunque hay un hecho positivo, aseguran, pues México es el primer Estado señalado por acusaciones de graves violaciones a los DD.HH. que acepta este tipo de investigaciones independientes. “Contar con un informe de la ONU es muy valioso y muestra, al menos, una buena voluntad del Gobierno de AMLO. Ahora cabe esperar que las recomendaciones se escuchen e implementen”, enfatiza la especialista en relaciones internacionales Diana Luna, asesora para América Latina de la fundación alemana Friedrich Neumann. Un problema que no es exclusivo de México, sino que se extiende a gran parte de América Latina. “En la región vemos que el estado de emergencia con los militares en las calles se ha convertido en un instrumento permanente para combatir la inseguridad”, afirma Diana Luna. Pero el principal peligro que trae la militarización de la seguridad pública para cualquier país, subraya, es el aumento de las violaciones a los derechos fundamentales. Además, resulta poco eficiente porque deslegitima a los organismos policiales, que son los que deben encargarse de la seguridad pública en cada país.
“Los militares son entrenados para la guerra, y no para mantener el orden público o controlar crímenes comunes”, señala a su vez la politóloga Jo-Marie Burt, investigadora de WOLA (Washington Office on Latin America), organización fundada en 1974 después del golpe de Estado en Chile y que, en una década, envió delegaciones a Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay, Nicaragua y El Salvador para documentar violaciones de los DD.HH. en dichos países. Según Burt, en América Latina es muy fácil que los gobiernos de turno recurran a los militares para reprimir. “Estas medidas crean mayor inseguridad. La militarización es un mensaje para tratar de intimidar, y una democracia no puede vivir sobre la base de la amenaza e intimidación”, sostiene.
Por su parte Diana Luna afirma que ante crisis de seguridad, como el terrorismo o la pandemia, quizás no haya otra alternativa que la militarización, pero ésta debería ser solo por un tiempo muy acotado. “Recientemente, hemos visto cómo Colombia o Chile apostaron por la militarización con pobres resultados, porque los problemas de fondo, como la falta de oportunidades, la pobreza extrema o el control de inmigrantes no se resuelven con militares”, señala
Las expertas coinciden en que sacar soldados a las calles representa más un peligro que un beneficio. “Demuestra más bien la incapacidad de los gobernantes de generar políticas públicas. Al recurrir al Ejército para controlar el orden público, el Estado renuncia a su deber, y la impunidad -como en el caso de las desapariciones forzadas- ayuda a que estas prácticas se sigan dando”, critica Burt.
Y sobre la impunidad, el documento de la ONU precisa que ésta es “casi absoluta” y “estructural” no sólo en México, sino en América Latina. Según la investigación del comité, solo entre el 2% y el 6% de las desapariciones ocurridas en México habían sido judicializadas hasta fines de noviembre de 2021. Algo que provoca una profunda desconfianza entre las víctimas, con el resultado de que un alto número de casos no sean reportados.
