Durante las últimas semanas, la Convención Constitucional ha aprobado diversas normas que han sido despachadas al borrador final de la nueva constitución. A raíz de esto, representantes de sectores acomodados y conservadores, autodenominados intelectuales, han criticado fuertemente las normas aprobadas y las discusiones que se han llevado al interior de ésta. Argumentos tales como que la nueva constitución “no será la casa de todos”, “que traerá inestabilidad económica”, “el fin de la democracia”, han emponzoñado el debate público del proceso constituyente. Una encuesta reciente de Datavoz señaló que el 58% de las personas consultadas indicaron haber conocido información falsa sobre la Convención y sus discusiones, siendo la primera fuente en redes sociales.

Los sectores de la derecha en la convención, sumando además a actores y personajes en el ámbito público, y medios de comunicación hegemónicos, han contribuido a la generación de un debate mezclado entre la difusión de mentiras y afirmaciones parciales o completamente incorrectas. Ejemplos concretos se han dado sido en el ámbito de la supuesta eliminación del Senado, la aprobación del aborto ilimitado(hasta 14 meses diría un parlamentario por ahí), la posibilidad de autodefinirse como cada persona quiera a propósito de la aprobación del derecho a la identidad, entre otras. Algunas de las principales mentiras que se han difundido han afectado directamente la discusión y votación de iniciativas relacionadas con la forma del Estado, el sistema político, los principios y especialmente el reconocimiento de derechos fundamentales.

La proliferación de mentiras y discursos abiertamente falsos respecto a lo que es uno de los procesos políticos más importantes en nuestro país atenta abiertamente contra la convivencia democrática y peor aún, coloca en jaque el derecho a la participación de las personas en el ámbito político. Las consecuencias de estas campañas del terror van mucho más allá de lo que pudiera ser el rechazo de algunas normas en la convención, sino que inhibe e impide que las personas puedan participar libremente en las discusiones que se llevan a cabo al interior e incluso en el plebiscito ratificatorio que ya tiene fecha. Aunque podamos afirmar que desmentir la campaña del terror del rechazo es tarea de las personas que abogamos por una nueva constitución, es importante no perder el foco respecto a las responsabilidades de quiénes han permitido que lleguemos a este momento.

Tal cómo ha sido la tónica durante muchos meses, convencionales, particularmente de derecha, han difundido mentiras y noticias falsas respecto a lo que se ha ido aprobando en la convención. En varias ocasiones se ha sancionado por el comité de ética dichos comportamientos de convencionales pero la difusión por parte de algunos medios de comunicación de las declaraciones y su posterior divulgación en redes sociales han implicado que aun cuando exista una sanción, el daño ya se encuentra realizado. Aquí es donde los medios de comunicación hegemónicos han realizado una labor enfocada en el clickbait, la farándula y la banalización de las discusiones de la Convención y por ende, fracasado en entregar una información correcta y oportuna.

Durante el último tiempo hemos visto cómo han ido aumentando los sitios de fact checking y la proliferación de medios independientes, como La Neta, que han contribuido al debate constituyente para intentar alumbrar la niebla en el camino de la información respecto a la convención. Lamentablemente, editoriales y columnas publicadas constantemente en medios como La Tercera, El Mercurio y La Segunda, han ido generando un clima de desinformación constante que ha sido difícil erradicar del debate público. Lo mismo hemos podido constatar durante estos meses en la televisión y la forma en la cual se ha entregado la información respecto a la Convención.

Las consecuencias, tal como habíamos señalado, van mucho más allá de la difusión de mentiras y nociones que son traspasadas a la gente respecto al trabajo de la convención. Los efectos dicen relación con la alteración democrática y principios básicos de transparencia, publicidad y participación de las personas. El trabajo de medios de comunicación hegemónicos no ha sido inocuo y su daño, si bien, es difícil repararlo de manera inmediata, es importante comenzar desde ya a contrarrestarlo. El descontento ciudadano y las principales razones que motivaron a la gente a movilizarse en las calles el 18 de octubre de 2019 no han desaparecido mientras no existan cambios estructurales, y dicho contexto ha sido utilizado por las campañas del terror para alertar sobre que la nueva constitución “no cambiará nada”.

En torno a esto, si bien la solución apunta a la campaña del apruebo que se ha ido generando progresivamente para el 4 de septiembre por parte de las personas, organizaciones, activistas, gobierno y convencionales, no podemos eludir la responsabilidad que han tenido los medios de comunicación hegemónicos, convencionales constituyentes y personajes del rechazo respecto al proceso constituyente. Esto no solamente nos debe generar una alerta para el próximo plebiscito sino que también para las futuras elecciones. La proliferación de las mentiras y noticias falsas han permitido el ascenso de figuras como Donald Trump y Jair Bolsonaro al poder, al igual como casi lo estuvo José Antonio Kast en Chile. De esta forma, la calidad y veracidad de la información se ha transformado fuertemente en una amenaza real a la democracia, curiosamente algo que no advierten personajes de la élite que han preferido apuntar a discusiones políticas legitimas como supuestos atentados a nuestra democracia e institucionalidad. Hoy para algunos, es mejor escribir cartas y utilizar los colores blanco y amarillo, en vez de observar la importancia del proceso constituyente para nuestra democracia.