La Convención Constitucional está resolviendo cómo pasará a la historia en lo referido al cobre y los recursos naturales de Chile. Los próximos días definirán si está a la altura del Congreso de 1971 que los nacionalizó por unanimidad, o no. Esta decisión más que ninguna otra definirá el carácter de la Convención, de la Nueva Constitución y en buena medida la economía y sociedad chilena en los próximos años. Porque nada importa más que resolver quién controla el cobre. Porque quién controla el cobre controla Chile.

El peso del cobre en la economía chilena es incontrarrestable. El valor del cobre extraído por mineras privadas que hoy se lo apropian sin pago significativo, promedia en las últimas dos décadas más de 30 mil millones de dólares de hoy, por año, incluyendo 40 mil millones en los últimos 12 meses. Representa un 70 por ciento del cobre extraído cada año, correspondiendo a CODELCO el 30 por ciento restante. Es el mejor estimador de la renta del mineral apropiado por estas empresas, puesto que sus costos son cubiertos, en su mayor parte y a veces con exceso, por la venta de subproductos que lo acompañan.

El valor del cobre extraído por las mineras privadas sin pago significativo equivale a la mitad de la recaudación fiscal total. Las grandes mineras privadas son un estado dentro del Estado. Dominan sin contrapeso la élite empresarial e imponen su voluntad al sistema democrático. Eluden impuestos de modo sistemático. Determinan el carácter rentista y extractivista de la economía nacional. Generan los mayores daños al medio ambiente, local y global. Su control sobre el cobre es el origen de la inequidad en la distribución de la riqueza, el ingreso y el poder en la sociedad.

Las grandes mineras ejercen su poder principalmente mediante la corrupción. Reparten dinero y favores a manos llenas a autoridades y funcionarios públicos en todos los niveles del Estado. Capturan las reparticiones encargadas de supervisarlas. Cortejan a la sociedad civil en todas sus expresiones, incluidos medios de comunicación, instituciones académicas, científicas, culturales y artísticas. Asimismo, a organizaciones sociales de todo tipo y naturaleza. Además del cobre que se llevan sin pagar, ofenden la dignidad del país y distorsionan la economía y sociedad con grave perjuicio para Chile.

Por estas razones de economía política, soberanía y dignidad, todos los países del mundo han establecido la propiedad del Estado sobre sus recursos naturales estratégicos. Adicionalmente, en el caso de los hidrocarburos, el recurso estratégico por excelencia del siglo XX, el 80 por ciento de los mismos es explotado directamente por empresas del Estado. La mayor parte del restante 20 por ciento se extrae en economías poderosas donde no representan una parte determinante, y pagan allí un royalty significativo. Esta política de los Estados es racional y realista. Está basada en la teoría clásica de la renta, refrendada por la unanimidad de las escuelas económicas posteriores, incluida la neoliberal que, sin negar su vigencia, afirma que no es relevante.

Todo esto lo comprendía el Congreso de 1971 cuando nacionalizó el cobre por unanimidad. En ese Congreso, al igual que en la Convención Constitucional, estaba representado el pueblo y la sociedad de Chile de ese momento. Sus géneros, generaciones, sectores, clases, regiones y orígenes. Sus diversas orientaciones religiosas, ideológicas y políticas. Sus anhelos, temores y esperanzas. La representación del pueblo en el Congreso de 1971 ciertamente no era perfecta, ni mucho menos, la Convención ha logrado grandes avances en este respecto. Sin perjuicio de ello, ese Congreso supo escuchar a su pueblo y realizar la tarea a la cual había sido convocado por la historia.

El país vivía en 1971 un tiempo de irrupción masiva del pueblo trabajador en los asuntos políticos. Cómo el que se viene desplegando desde el 18-O. Cómo los que desde siempre se han venido sucediendo a cada tanto en la historia y proporcionan la energía necesaria para derrotar a los grandes intereses establecidos y realizar las reformas necesarias en cada tiempo y lugar. Por eso las divisiones políticas eran radicales, irreconciliables y se enfrentaban a diario en formas que a veces eran bastante violentas, tanto en el Congreso cómo en la sociedad. Algo parecido a lo que inevitablemente está empezando a agudizarse hoy.

Sin embargo, las reformas necesarias entonces eran muchísimo más profundas que las que el país requiere hoy. Los adversarios irreconciliables de los cambios necesarios incluían entonces a la oligarquía terrateniente que había hegemonizado la sociedad por siglos y que vivía su ocaso como clase social, lo cual resistieron a muerte con todos los considerables medios a su alcance.

El otro adversario de las reformas necesarias entonces eran las grandes corporaciones mineras Yanquis que se habían apropiado en exclusiva del cobre desde los albores del siglo. Su poder relativo en el país era incontrarrestable. Eran una gran industria a nivel mundial, en un país donde buena parte de la población todavía trabajaba en el campo, a la antigua. Por añadidura, las mineras contaban con el respaldo incondicional de su país de origen, la principal potencia del mundo, embarcada además en una guerra fría en América Latina.

Hoy día las grandes reformas necesarias son, por una parte, disciplinar a un empresariado que desde el 11 de septiembre de 1973 ha naturalizado el abuso de súper explotar a los trabajadores. Es decir, no contentos con apropiarse ganancias y rentas que de por sí son exageradas, sistemáticamente rapiñan no menos de un tercio de los salarios no bien los pagan. Las formas de este abuso son múltiples pero su expresión principal es el ahorro forzoso AFP, cuyo orden de magnitud es de 10 mil millones de dólares anuales, que es el excedente de cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas por ese sistema, que se apropia anualmente la industria financiera. La principal reforma necesaria, sin embargo y de muy lejos, es renacionalizar la gran minería del cobre hoy regalada a mineras privadas, cuyo orden de magnitud es tres veces mayor, como se ha mencionado.

Estas dos “industrias” son los grandes adversarios de las reformas necesarias y las únicas afectadas por ellas. Por una parte la gran minería del cobre, que son principalmente empresas australianas y sudafricanas, además de un grupo local, todas listadas en la bolsa de Londres. Por otra parte la industria financiera, que es controlada por grupos locales en alianza con aseguradoras estadounidenses.

Todo el resto del país se beneficia con las reformas necesarias que debe realizar la Convención del año 2022. Nadie va arriesgar el pellejo por defender a los afectados, como sí ocurrió con los afectados por las reformas necesarias del año 1971.

El Congreso de 1971 actuaba sobre el trasfondo de la auténtica Revolución Chilena, que acabó irreversiblemente con el viejo latifundio y nacionalizó el cobre. La Convención también nació y delibera sobre el trasfondo de otra revolución, cuyo desafío histórico es acabar con lo que se inició tras la derrota del 11 de septiembre de 1973: la restauración de la vieja oligarquía, más bien sus vástagos transmutados en “Chicago Boys”, por la contrarrevolución genocida de traidora mano ajena azuzada por una potencia extranjera.

Las reformas de ahora son las necesarias para acabar los abusos y corregir las distorsiones de la restauración reaccionaria, en primer lugar recuperar el cobre que se entregó vilmente a mineras privadas, para que Chile pueda retomar el curso de progreso interrumpido el 11 de septiembre de 1973.

El Congreso de 1971 nacionalizó el cobre mediante la Ley 17.450. Es un verdadero manifiesto de la dignidad de Chile y todos los países que se liberan del imperialismo. Debería ser lectura obligatoria en los colegios. Aprobada por unanimidad y promulgada el 11 de Julio de 1971, introdujo modificaciones a la Constitución que en lo fundamental establecieron:

1. “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible, de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales”.
2. “Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros bienes que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país.”

Artículos transitorios de la Constitución aprobados en la misma Ley 17.450, establecen las condiciones de la nacionalización, toma de posesión inmediata, indemnización y forma de pago de la Gran Minería, entre otros aspectos.

El primero de los dos artículos mencionados, con leves modificaciones que no cambian su contenido, fue trasladado en 1980 a la Constitución actualmente vigente, puesto que ni Pinochet se atrevió a tocarlo.

Para renacionalizar el cobre, la Convención Constitucional del año 2022, que la redacta a partir de una hoja en blanco, tendrá que asegurarse de incluir el articulado requerido para reponer en lo esencial lo establecido en los artículos antes citados, de la ley de nacionalización del año 1971.  Y adecuar a su espíritu todo el resto de la Nueva Constitución, derogando desde luego la infame ley de concesiones mineras que en flagrante violación de lo estipulado por este articulado, entregó la mayor parte del cobre a corporaciones extranjeras.

Todo lo demás viene por añadidura. Renacionalizar la Gran Minería del cobre es el gran desafío que enfrenta la Convención en los próximos días.

Confiamos que estará a la altura del mismo, al igual que el Congreso de 1971 y siendo una materia de interés nacional, ojalá siga su ejemplo patriótico y lo apruebe por unanimidad.

En el nombre del Presidente mártir, Salvador Allende.

* Manuel Riesco es Economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo.