Cuando el criminal que hirió a nuestra colega Francisca Sandoval disparó su arma, probablemente no sabía que era periodista, pero sí que era un ser humano y con plena conciencia de ello apuntó a matar. Esta vez fue el azar el que atentó gravemente contra la vida de una profesional de las comunicaciones, pero en el fondo no es casualidad puesto que, por la naturaleza de su trabajo, esta profesión es una de las más expuestas a la comisión de homicidios. Solo en los últimos 15 años, según Unesco, casi 1.300 reporteros de medios han sido asesinados en todo el mundo. Respecto a ellos, en alrededor del 90 por ciento de los casos no ha habido verdad ni justicia, con lo que el factor de la impunidad se suma al del acallamiento.

Menos casual aún es que el Canal 3 de La Victoria haya estado cubriendo la denominada marcha clasista de los trabajadores. Este medio de comunicación, surgido de una de las poblaciones más concientizadas del país y de las más asediadas por la dictadura civil-militar (ahí fue asesinado el sacerdote André Jarlán, entre muchos otros), fue forjado por el colega recientemente fallecido Luis Polo Lillo y desde su origen se caracterizó por identificarse con las luchas de los desposeídos, en consonancia con la historia colectiva de sus vecinos. “Hagan de la comunicación popular parte de ustedes y que sea realmente la expresión de los más pobres de este país” es una de las frases que resumen su pensamiento. En reivindicación de su legado, más de cien medios del país bautizaron con su nombre a una iniciativa popular de norma que buscaba que el espectro radioeléctrico y digital estuviera dividido en tres tercios: uno para los medios privados, otro para los estatales y un último tercio para los comunitarios.

Así como el Canal 3 de La Victoria, existen cientos de medios comunitarios en el país con distintos tipos de proyectos. Algunos más políticos, otros más de servicio o educativos, todos tienen en común ser espacios de resistencia y contra-culturalidad, puesto que tratan de reivindicar la identidad específica de las comunidades frente a la acción de los grandes medios que, por su naturaleza, tienden a estandarizar.

Aquella valiosa tarea no solo es objeto del desdén del Estado, sino de su abierta hostilidad. Hay que recordar que las condiciones que les impone la ley son extraordinariamente restrictivas, tanto respecto a las posibilidades de financiamiento como a su despliegue territorial. Por poner un ejemplo, actualmente las radios comunitarias pueden tener una potencia de transmisión de hasta 25 watts, con una antena de altura máxima de 18 metros. Esto apenas alcanza para un barrio y con mucha suerte una comuna, pero además está bajo la observación permanente de la ARCHI, conglomerado que agrupa a las radios más grandes y que en varias ocasiones ha hecho gestiones en contra de los medios comunitarios que supuestamente exceden el límite.

En estas condiciones, es imposible que al vincularse a un medio comunitario se pueda obtener un beneficio personal, salvo el de ejercer una vocación. Ahí no se gana dinero, al revés, por lo general se pone dinero y además esfuerzos adicionales a los de las actividades realmente remuneradas. Son esas, seguramente, las condiciones en que se desempañaba Francisca Sandoval cuando fue cobardemente baleada.

La gravedad de lo acontecido no solamente nos lleva a sumarnos a la solicitud de una acción vigorosa de la Justicia y del Gobierno a través del Ministerio del Interior, sino también a invocar mejores condiciones para el desempeño de los medios comunitarios, porque de ello depende en buena medida la democratización de las comunicaciones en el país. El cumplimiento de esta aspiración depende de la voluntad política de las autoridades actuales.