A menos de un mes de presentar sus cartas credenciales como nueva embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Farnsworth Dogu, cometió su primer error de alto nivel cuando el martes (03.05.22.) criticó de manera nada diplomática la reforma energética que el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro proyecta como urgente política de Estado que le permitiría combatir la heredada situación de corrupción y pobreza crónica que asola a la pequeña nación centroamericana.
“La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora de energía”, escribió el martes (3.05.2022) en twitter la representante de Washington en Tegucigalpa.
Tales expresiones no cayeron bien en el Ejecutivo de Honduras, donde fueron interpretadas como una indebida intromisión de la diplomática en sus asuntos internos, tema especialmente delicado en momentos en que las relaciones plenas con Estados Unidos -interrumpidas en 2017- recién han sido recién reanudadas. Y fue el canciller Eduardo Enrique Reina quien respondió llamativamente el comentario de la diplomática estadounidense: “Sra. Embajadora: Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EE. UU.”, advirtió Reina en la misma red social.
El proyecto para una “Ley Especial de Energía Eléctrica” fue sometido este martes al Parlamento hondureño por el gobierno de Xiomara Castro, indicando que el objetivo de la norma es “garantizar el servicio de electricidad como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social”.
En él se plantea una reforma estructural del sector de la energía eléctrica, que incluye en primerísimo lugar la completa revisión de todos los contratos suscritos por el Estado con las generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes que producen electricidad con el fin de que rebajen el precio del kilovatio/hora en el país. Honduras tiene una demanda de unos 1.700 megavatios, de los que más del 60 por ciento son generados por plantas térmicas que funcionan a base de derivados del petróleo, lo que representa para el erario fiscal una factura demasiado alta, habida cuenta que una veintena de empresas generadoras privadas suplen el 60 por ciento de esta demanda.
El proyecto establece que, “en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear el término de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado” de las plantas, pagando por ellas lo que denomina como el “justiprecio”. Lo anterior porque, según los expertos, los Gobiernos hondureños anteriores negociaron con las generadoras contratos “leoninos” que determinaron los altos precios en que fijaron el kw/h, muy por encima de los precios establecidos en los demás países de Centroamérica. En su momento, diputados oficialistas denunciaron que hubo irregularidades en la aprobación de esos contratos, pero no fueron escuchados.
De tal forma que el Gobierno de Xiomara Castro, quien asumió la primera magistratura hondureña recién en enero de 2022, se comprometió a dar una solución definitiva al problema porque la empresa eléctrica estatal (ENEE), que compra la energía de las empresas generadoras privadas para distribuirla entre unos dos millones de clientes, arrastra con ellas una deuda cercana a los 3.000 millones de dólares.
Laura Farnsworth Dogu es una diplomática de carrera que ha desarrollado labores en las embajadas estadounidenses de México, Turquía, Egipto y El Salvador. Hasta 2021 ejercía como asesora de política exterior del jefe de Estado Mayor del Ejército en el Pentágono y en noviembre pasado fue nominada por Joe Biden como su representante en Honduras. Su nombramiento fue confirmado por el Senado de Estados Unidos en marzo y asumió su cargo recién el martes 12 de abril. Al arribar a Tegucigalpa declaró que Washington apoya la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país centroamericano y que respalda sus planes para contener la masiva migración hacia su territorio desde una nación donde el 73% de los hogares vive en la pobreza.
(En la imagen, la embajadora norteamericana junto al canciller hondureño el 11 de abril recién pasado. Foto de @CancilleriaHN).
A menos de un mes de presentar sus cartas credenciales como nueva embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Farnsworth Dogu, cometió su primer error de alto nivel cuando el martes (03.05.22.) criticó de manera nada diplomática la reforma energética que el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro proyecta como urgente política de Estado que le permitiría combatir la heredada situación de corrupción y pobreza crónica que asola a la pequeña nación centroamericana.
“La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora de energía”, escribió el martes (3.05.2022) en twitter la representante de Washington en Tegucigalpa.
Tales expresiones no cayeron bien en el Ejecutivo de Honduras, donde fueron interpretadas como una indebida intromisión de la diplomática en sus asuntos internos, tema especialmente delicado en momentos en que las relaciones plenas con Estados Unidos -interrumpidas en 2017- recién han sido recién reanudadas. Y fue el canciller Eduardo Enrique Reina quien respondió llamativamente el comentario de la diplomática estadounidense: “Sra. Embajadora: Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EE. UU.”, advirtió Reina en la misma red social.
El proyecto para una “Ley Especial de Energía Eléctrica” fue sometido este martes al Parlamento hondureño por el gobierno de Xiomara Castro, indicando que el objetivo de la norma es “garantizar el servicio de electricidad como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social”.
En él se plantea una reforma estructural del sector de la energía eléctrica, que incluye en primerísimo lugar la completa revisión de todos los contratos suscritos por el Estado con las generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes que producen electricidad con el fin de que rebajen el precio del kilovatio/hora en el país. Honduras tiene una demanda de unos 1.700 megavatios, de los que más del 60 por ciento son generados por plantas térmicas que funcionan a base de derivados del petróleo, lo que representa para el erario fiscal una factura demasiado alta, habida cuenta que una veintena de empresas generadoras privadas suplen el 60 por ciento de esta demanda.
El proyecto establece que, “en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear el término de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado” de las plantas, pagando por ellas lo que denomina como el “justiprecio”. Lo anterior porque, según los expertos, los Gobiernos hondureños anteriores negociaron con las generadoras contratos “leoninos” que determinaron los altos precios en que fijaron el kw/h, muy por encima de los precios establecidos en los demás países de Centroamérica. En su momento, diputados oficialistas denunciaron que hubo irregularidades en la aprobación de esos contratos, pero no fueron escuchados.
De tal forma que el Gobierno de Xiomara Castro, quien asumió la primera magistratura hondureña recién en enero de 2022, se comprometió a dar una solución definitiva al problema porque la empresa eléctrica estatal (ENEE), que compra la energía de las empresas generadoras privadas para distribuirla entre unos dos millones de clientes, arrastra con ellas una deuda cercana a los 3.000 millones de dólares.
Laura Farnsworth Dogu es una diplomática de carrera que ha desarrollado labores en las embajadas estadounidenses de México, Turquía, Egipto y El Salvador. Hasta 2021 ejercía como asesora de política exterior del jefe de Estado Mayor del Ejército en el Pentágono y en noviembre pasado fue nominada por Joe Biden como su representante en Honduras. Su nombramiento fue confirmado por el Senado de Estados Unidos en marzo y asumió su cargo recién el martes 12 de abril. Al arribar a Tegucigalpa declaró que Washington apoya la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país centroamericano y que respalda sus planes para contener la masiva migración hacia su territorio desde una nación donde el 73% de los hogares vive en la pobreza.
(En la imagen, la embajadora norteamericana junto al canciller hondureño el 11 de abril recién pasado. Foto de @CancilleriaHN).
A menos de un mes de presentar sus cartas credenciales como nueva embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Farnsworth Dogu, cometió su primer error de alto nivel cuando el martes (03.05.22.) criticó de manera nada diplomática la reforma energética que el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro proyecta como urgente política de Estado que le permitiría combatir la heredada situación de corrupción y pobreza crónica que asola a la pequeña nación centroamericana.
“La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora de energía”, escribió el martes (3.05.2022) en twitter la representante de Washington en Tegucigalpa.
Tales expresiones no cayeron bien en el Ejecutivo de Honduras, donde fueron interpretadas como una indebida intromisión de la diplomática en sus asuntos internos, tema especialmente delicado en momentos en que las relaciones plenas con Estados Unidos -interrumpidas en 2017- recién han sido recién reanudadas. Y fue el canciller Eduardo Enrique Reina quien respondió llamativamente el comentario de la diplomática estadounidense: “Sra. Embajadora: Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EE. UU.”, advirtió Reina en la misma red social.
El proyecto para una “Ley Especial de Energía Eléctrica” fue sometido este martes al Parlamento hondureño por el gobierno de Xiomara Castro, indicando que el objetivo de la norma es “garantizar el servicio de electricidad como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social”.
En él se plantea una reforma estructural del sector de la energía eléctrica, que incluye en primerísimo lugar la completa revisión de todos los contratos suscritos por el Estado con las generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes que producen electricidad con el fin de que rebajen el precio del kilovatio/hora en el país. Honduras tiene una demanda de unos 1.700 megavatios, de los que más del 60 por ciento son generados por plantas térmicas que funcionan a base de derivados del petróleo, lo que representa para el erario fiscal una factura demasiado alta, habida cuenta que una veintena de empresas generadoras privadas suplen el 60 por ciento de esta demanda.
El proyecto establece que, “en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear el término de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado” de las plantas, pagando por ellas lo que denomina como el “justiprecio”. Lo anterior porque, según los expertos, los Gobiernos hondureños anteriores negociaron con las generadoras contratos “leoninos” que determinaron los altos precios en que fijaron el kw/h, muy por encima de los precios establecidos en los demás países de Centroamérica. En su momento, diputados oficialistas denunciaron que hubo irregularidades en la aprobación de esos contratos, pero no fueron escuchados.
De tal forma que el Gobierno de Xiomara Castro, quien asumió la primera magistratura hondureña recién en enero de 2022, se comprometió a dar una solución definitiva al problema porque la empresa eléctrica estatal (ENEE), que compra la energía de las empresas generadoras privadas para distribuirla entre unos dos millones de clientes, arrastra con ellas una deuda cercana a los 3.000 millones de dólares.
Laura Farnsworth Dogu es una diplomática de carrera que ha desarrollado labores en las embajadas estadounidenses de México, Turquía, Egipto y El Salvador. Hasta 2021 ejercía como asesora de política exterior del jefe de Estado Mayor del Ejército en el Pentágono y en noviembre pasado fue nominada por Joe Biden como su representante en Honduras. Su nombramiento fue confirmado por el Senado de Estados Unidos en marzo y asumió su cargo recién el martes 12 de abril. Al arribar a Tegucigalpa declaró que Washington apoya la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país centroamericano y que respalda sus planes para contener la masiva migración hacia su territorio desde una nación donde el 73% de los hogares vive en la pobreza.
(En la imagen, la embajadora norteamericana junto al canciller hondureño el 11 de abril recién pasado. Foto de @CancilleriaHN).
