La opinión pública ya sabe lo que ha sucedido con unas cuantas decenas de permisos de edificación mal cursados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central, motivo por el cual la Contraloría General de la República ha emitido 4 dictámenes dirigidos al ex alcalde, Rodrigo Delgado, de esa comuna, señalando que se debían iniciar los sumarios administrativos respectivos, al igual que comenzar los procedimientos de invalidación de esos actos, paralizándose las obras de los proyectos en ejecución y no otorgar las recepciones de obras de los edificios terminados.
Los primeros permisos se otorgaron en el año 2013 y tres funcionarios municipales hasta ahora, han desempeñado el cargo de DOM, 2 de ellos suspendidos y el tercero ejerciendo dicha función. Un cierto porcentaje de edificios cuentan con recepción final de obras y otro porcentaje no, lo que significa que estos edificios están terminados, sin que puedan ser habitados por sus compradores. Los edificios que cuentan con más de 300 departamentos, la mayoría, disponen de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorable y el DOM que cursó los permisos cometió el “error” de no notificarlos a las juntas de vecinos del sector, con lo cual se vulneró el artículo 116° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).
Sobre este asunto, la ex ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, con fecha 27 de septiembre de 2017, le responde al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), quien con molestia le había hecho notar la falta de certeza jurídica de los permisos emitidos. La ministra le responde al anterior que nuestra institucionalidad le entrega al organismo fiscalizador las atribuciones para revisar si esos permisos están correctamente cursados y que, por lo tanto, si no lo están, los privados están en condiciones de interponer recursos en los tribunales de justicia haciendo valer sus apreciaciones al respecto. Muchos de ellos fueron a la Justicia y la Corte Suprema invariablemente ha emitido sentencias convalidando el actuar de la Contraloría.
En vista de ello, el 10 de diciembre de 2019, este columnista se reunió con el ex ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, a sabiendas que en Chile no se demuelen los edificios contrarios a derecho, para proponerle una solución que considerara una importante compensación económica a favor de la comunidad de Estación Central, por parte de los empresarios que edificaron al margen del marco regulatorio. Para tal objetivo se le entregó al ministro una propuesta formal que modifica la ley y la ordenanza en los casos de que existan dictámenes de la Contraloría y/o fallos de la Corte Suprema que confirmen las ilegalidades de los permisos.
Les sugerimos a los lectores que conozcan la carta respuesta de la ex ministra Saball al presidente de la CChC, como también la propuesta de solución entregada en sus manos al ex ministro Monckeberg, ver link
En dicha entrevista se evaluaron los costos estimados de las compensaciones que debían ser asumidas por todas las empresas que construyeron sus edificios, que son más de 70 estructuras en altura, dispongan o no de recepción final de obras. Se estimó que el monto a resarcir por cada proyecto debe tener relación directa con la suma enterada al municipio, llevada a valor presente, previo a la emisión de los permisos de edificación. En tal sentido, las autoridades y cuerpos técnicos de Estación Central conocen muy bien las innumerables y acuciantes necesidades que tiene esa comuna por el aumento de su población, entendiéndose que le corresponderá a la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu establecer los cambios legales y reglamentarios para llevar a cabo esta solución.
Se concluye que, con esta propuesta, la DOM recibirá oficialmente todos los edificios terminados y en construcción, por lo tanto, no demoliéndose ninguno de ellos y en paralelo la comunidad de Estación Central, representada por sus autoridades municipales, recibirá los ingentes fondos privados indispensables para mejorar sustantivamente la calidad de vida de todas aquellas familias que allí residen. De esta manera consensuada se evitará la impunidad tan habitual en Chile, lo que es un meritorio avance en el negocio de la construcción.
En todo caso, se deja en claro que, por este episodio, seguirá su curso la querella criminal por el delito de prevaricación administrativa, interpuesta por 6 ciudadanos informados, radicada en la Fiscalía Centro Norte, a cargo de la fiscal Giovanna Herrera.
