El Estado de Chile ya ha firmado el Acuerdo de Escazú sobre Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, aprontándose así su eventual y futura ratificación por parte del Congreso. Este tratado versa, bien es sabido, sobre el acceso a la información y a la justicia en materias ambientales. Si bien en el caso de Chile no resulta tan novedoso, dado que tenemos resguardado especialmente el acceso a la información en materia ambiental desde la reforma a la institucionalidad ambiental del 2010, este acuerdo si detenta novedad en la disposición de asistencia jurídica-ambiental especializada a quien no pueda acceder a ella, y en la protección explicita de defensores ambientales. Sin embargo, el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental tienen alcances en otros ámbitos, a saber, en el derecho a la alimentación. Luego, la pregunta natural y obvia sería: ¿Cómo el acceso a la información y la justicia ambiental están relacionados con el derecho a la alimentación?

La respuesta a ello deviene de que, en la medida que existan mecanismos que garanticen los derechos de las personas a la información ambiental, la población contaría con herramientas para una participación activa en las decisiones medio ambientales relacionadas, entre otras, con una producción sostenible de alimentos. Así, por ejemplo, es fundamental conocer cuáles son las medidas gubernamentales para mitigar los efectos de la sequía que afecta por más de una década al país y qué medidas se están llevando a cabo para lograr una mayor eficiencia en el uso del agua sobre todo a nivel de la agricultura familiar campesina que abastece con gran parte de la producción agrícola y ganadera al país. También, el acceso a la información es importantísimo para saber de qué manera se protege la biodiversidad y los recursos genéticos tan necesarios para generar aumentos en la producción de alimentos en un contexto de cambio climático. También, para tener noticia de cuáles son las medidas de prevención de los incendios forestales, cada vez más frecuentes. No es menor, igualmente, poder saber cómo protegernos de la pérdida de suelos arables, generada por la intensificación de la agricultura, por el cambio climático y la expansión del suelo urbano destinado para la construcción; así también conocer de qué manera se transparenta la información de la huella de carbono que deja la actividad productiva y los alimentos importados consumidos en el país.

El uso del agua, la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a ella (ej, insectos polinizares), la prevención de los incendios forestales, el cuidado de los suelos y nuestra huella de carbono… Todo ello repercute de manera directa en la producción sostenible de alimentos saludables, lo que se torna de vital importancia en el combate a la malnutrición por exceso y déficit que junto al cambio climático constituyen el fenómeno conocido como “sindemia global”, esto es, una pandemia generada por una sinergia de perjuicios a la vida tal y como la conocemos. Estos perjuicios comparten determinantes comunes ligados al tipo de desarrollo, con énfasis en el beneficio económico inmediato, sin asegurar la sostenibilidad, lo que atenta contra la alimentación y, por lo tanto, complejiza la sobrevivencia de la humanidad en el largo plazo, afectando primero a los grupos más vulnerables, y luego, en un futuro quizá no tan lejano, a toda la humanidad dada su irreversibilidad.

Jorge Aranda O.  Profesor de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad de Chile (Derecho)
Cecilia Baginsky G. Prof. Asociado(O), Departamento de Producción Agrícola, Facultad de Ciencias Agronómicas.
Marcela Araya B. Prof. Asistente(O), Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido, Facultad de Medicina.
GTOP, Grupo Transdisciplinario para la Obesidad.
Universidad de Chile