En esta oportunidad hablaremos de salud. Puede parecer inusual que Amnistía Internacional aborde este tema ya que durante las primeras décadas de nuestra organización el trabajo que hemos realizado en defensa de los derechos humanos se ha centrado en derechos civiles y políticos. Sin embargo, ya hace bastante tiempo venimos realizando investigaciones, campañas y trabajo de incidencia respecto a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En el caso del derecho a la salud está fuera de discusión que es un derecho humano y los Estados tienen obligaciones al respecto que deben garantizar.

Durante la pandemia vimos que en Chile y las Américas este derecho se ha visto afectado desproporcionadamente. Sin duda, esto se agravó por la existencia de políticas públicas injustas que se sustentan básicamente en el  “sálvese quien pueda”. Así lo documentamos en el informe regional “Desigual y Letal” que presentamos esta semana en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Qué dice nuestro informe? Este muestra y explica las razones de por qué las Américas ha sido el epicentro de la pandemia, pues con sólo el 8,4% de la población mundial hemos sufrido el 28% del total de muertes a nivel global.

Las conclusiones del informe son contundentes: Los países con más desigualdad y menos gasto público en salud y protección social fueron los que más sufrieron durante la pandemia. Por cierto, los efectos más devastadores golpearon a los grupos históricamente marginados.

Nuestro país, donde el 20% más rico de la población acumula 10 veces más ingresos que el 20% más pobre, llegó a ser en el contexto de la pandemia el sexto país de la región con mayores decesos tomando en cuenta su población (2.111 muertes por millón de habitantes a febrero de 2022, según Our World in Data).

De esta manera valoramos como positivos los anuncios de la reciente cuenta pública relacionados con el derecho a la salud, pues permitirían avanzar hacia mayor equidad, reduciendo brechas de acceso a servicios y el gasto de los hogares. Ello es muy importante pues actualmente uno de cada tres pesos que se gastan en salud proviene de los hogares chilenos. Además, sólo la mitad del financiamiento del sistema de salud viene de impuestos o cuotas de seguridad social: la otra mitad proviene de cuotas de prepago obligatorias, voluntarias y gastos de bolsillo.

A mayor abundamiento, es pertinente considerar que, aunque Chile es el segundo país de la región que más gasta en salud como porcentaje del PIB después de Brasil (contando la inversión pública y privada), los resultados en ambos casos muestran las brechas de desigualdad que existen en el sistema de salud a pesar de los recursos invertidos. Por ello, consideramos que, para avanzar en igualdad sustantiva en el ejercicio del derecho a la salud, se hace urgente tomar las medidas necesarias en materia fiscal para que el gasto público llegue, por lo menos, al mínimo del 6% del PIB sugerido por la Organización Panamericana de la Salud.

Para cerrar, hay que reconocer que en Chile estamos en un momento único y esperanzador también en relación al derecho a la salud. La nueva Constitución  abre una tremenda oportunidad que permitiría garantizar mayormente este derecho. En primer lugar, por la forma en que se consagra estableciéndose que el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud y considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. En segundo lugar, el derecho a la salud se encuentra contemplado en diversos tratados internacionales ratificados por Chile y podrá contribuir a hacer más efectivo aquello, la inclusión de normas que otorgan mayor fuerza jurídica a los derechos y obligaciones establecidos en dichos tratados internacionales de derechos humanos.

Por último, la fórmula del Estado social y democrático de derecho también podría significar que el Estado pasaría a tener un rol mucho más activo para asegurar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Todo lo anterior nos hace afirmar con convicción que es posible ir dejando atrás la lógica del “sálvese quien pueda” respecto del derecho a la salud, y que la aprobación de la Nueva Constitución podría implicar que se abra un camino que permita garantizar de mejor manera este derecho para todas las personas que habitan en nuestro país.