Las condiciones en las cuales se da hoy el debate sobre la seguridad pública son muy distintas a como eran luego del estallido social. En aquel entonces, la irrupción multitudinaria de millones de personas que pedían un Chile mejor fue severamente reprimida por carabineros bajo el mando político del gobierno del presidente Sebastián Piñera, dando lugar a la situación mas grave de violación de derechos humanos desde la dictadura. En tales circunstancias, parecía razonable oponerse a dar más herramientas de control del orden público a quiénes no las estaban ocupando adecuadamente.

Pero entremedio, el crimen organizado avanzó en el control de territorios dentro de las ciudades del país, la ola migratoria en el Norte ha producido problemas en la ocupación del espacio público y la situación en la Araucanía y Arauco se ha vuelto compleja hasta el punto que muchas veces no se sabe quiénes perpetran acciones violentas ni con qué propósitos.

La sensación de inseguridad en la población crece y esta vez no se debe a la manipulación mediática. Las posiciones, por lo tanto, pueden cambiar. Y todo indica que deben hacerlo. Los elementos de nuestra realidad colectiva están señalando que no solo se requieren nuevas políticas, sino también una adaptación del Estado a las nuevas circunstancias. Para ello se requieren consensos que den a las autoridades la legitimidad necesaria para resolver problemas que ya están afectando la vida cotidiana de millones de personas. En resumen, se requieren gestos transversales para alejar a la seguridad pública del tironeo político coyuntural.

Hace mal la derecha en pensar que defender a Carabineros implica blindar a esta institución, que en los últimos años ha tenido severos problemas de corrupción en el alto mando, violación a los derechos humanos, falta de formación y de criterio para llevar a cabo sus procedimientos. Y hace mal la izquierda, por mucho que encuentre comprensibles razones en su biografía, en pensar que un Estado democrático no requiere una policía fuerte y legitimada, además de un aparato de inteligencia capaz de investigar y desarticular las expresiones de crimen organizado que están dañando a la población.

Adicionalmente, las actuales dirigencias políticas deben hacerse cargo de que el Estado ha abandonado a sectores importantes de la comunidad. El narcotráfico y otras expresiones del crimen actualizado no se instalan nunca donde la vida es confortable, sino donde no ha habido consultorios, buenos colegios, áreas verdes, servicios y oportunidades para surgir. El crimen organizado es la segunda maldición: viene después del castigo perpetrado por un Estado inexistente o famélico.

Hace algunos años, el gran actor Nissim Sharim trataba de explicarme cómo, para él, un cambio radical entre la dictadura y el tiempo posterior era que podía salir a la calle con una cierta certeza de que nadie lo iba a matar antes de volver. Eso que se recuperó una vez gracias a la lucha democrática, no puede perderse ahora porque el país no logra ponerse de acuerdo respecto a cómo enfrentar el crimen organizado. Más allá de situaciones puntuales que requieren una solución política, todas las personas, independientemente del lugar donde vivan, de su situación económica y de sus posiciones políticas, tienen el derecho de vivir en paz.