La nueva Constitución propuesta recientemente, en su artículo 40 del capítulo II relativo a los Derechos Fundamentales y Garantías, estipula el derecho de todas las personas a recibir una ESI (Educación sexual integral). Esta debería permitir y promover ‘el disfrute pleno y libre de la sexualidad y la responsabilidad sexo- afectiva’; al mismo tiempo, fomentaría el ‘reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad’, logrando, como consecuencia, erradicar ‘los estereotipos de género’ y prevenir ‘la violencia de género y sexual’.
Estas premisas abarcan un amplio espectro de derechos de quienes vivimos en un país que por demasiado tiempo ha dejado de lado el respeto a la diversidad y al de los ciudadanos que se identifican con la variedad sexo-genérica existente. Como ha manifestado recientemente Macarena Vargas en una columna publicada por este mismo medio: ‘Se requiere de forma inmediata espacios de reflexión pedagógica que apunten a una educación no sexista en todos los establecimientos educativos’. Efectivamente, es urgente insistir en la obligatoriedad de una ESI con perspectiva de género en las escuelas, colegios, liceos y universidades del país, de manera de entregar herramientas a los niños, adolescentes y jóvenes para que, primeramente, puedan reconocer más fácilmente situaciones de discriminación y violencia sexo-genéricas, a las que eventualmente se vean confrontados. Asimismo, educarlos sobre los diferentes aspectos relacionados con la sexualidad y los derechos que tenemos todos los seres humanos a llevar una existencia libre de abuso, violencia y discriminación de género.
El proyecto de ley sobre Educación Sexual Escolar, presentado hace 2 años por la diputada Camila Rojas (FA) ante el Congreso, planteaba, entre varias otras propuestas, educar sobre embarazo adolescente, abuso sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual; así como también sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados en Chile. En ese momento hubo un gran despliegue comunicacional en contra de este; entre ellos, el diputado S. Álvarez (Evópoli) declaró: ‘Esta es una propuesta abiertamente totalitaria, este proyecto es totalmente antiliberal porque no respeta la libertad de los padres ni de los colegios’. Es así que, finalmente, fue rechazado. Lamentable, particularmente cuando constatamos que el protocolo de educación sexual elaborado por el Mineduc en el 2017, solo dedicaba un par de líneas a este tipo de vulneraciones a la dignidad y derecho de las niñas en el contexto escolar. Cierto es que este Ministerio se ha preocupado de presentar algunas propuestas educativas en momentos puntuales, como para el día de la mujer o de las disidencias sexuales; pero hasta ahora nada muy contundente ni efectivo.
Si partimos de la premisa que el Estado debe garantizar, como parte integral de los derechos de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexo-genéricas, una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado, este debería adoptar las medidas necesarias para erradicar este tipo de violencia y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida urgencia e instaurando la ESI como parte del currículo con un diseño y elaboración de nuevas asignaturas o contenidos que aborden temáticas de género en todas las instituciones educativas del país. Un cambio en el contenido curricular es hoy por hoy el principal instrumento para poder enfocar una didáctica que visibilice estos aspectos de la vida humana; y de esta manera fomentar las relaciones igualitarias entre el alumnado para así promover una sociedad sin sesgos de género y constituir una ciudadanía no sexista.
Es por esto que, y en concordancia con el artículo de ley propuesto por la nueva Constitución no podemos más que aplaudir los planteamientos que en esta materia ha hecho este gobierno a través de la página del Mineduc 2022, como parte de la Política Nacional de Educación Sexual Integral para todos los niveles de la enseñanza. El hecho que esta educación afectiva, sexual e igualitaria, sea considerada como un derecho humano y como ‘la principal herramienta para construir una educación libre de todo tipo de violencias’, constituye un gran acierto. Hay, además, varias iniciativas enumeradas en esta Política Nacional, entre ellas el ingreso de la ESI como Proyecto de Ley impulsando esta enseñanza ‘que reconozca la diversidad, cuestione los estereotipos de género y permita comprender la afectividad, las subjetividades, las relaciones interpersonales, el autocuidado y el goce, así como los derechos sexuales y reproductivos de las personas’. Asimismo, se anuncia que se organizarán Jornadas de educación No Sexista en todos los establecimientos educacionales del país con el propósito de ‘abrir espacios de diálogo, encuentro y formación para promover la sensibilización y transformación de las practicas sexistas al interior de las comunidades educativas’. Se elaborará, además. una reforma curricular que permita asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, confiables y actualizados relativos a los diversos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Y, finalmente, y no menos importante, la implementación de una formación continua de los profesores en perspectiva de género, puesto que son ellos quienes deben ‘situar, trasladar y adecuar la propuesta didáctica a partir de su conocimiento profesional’.
Es de esperar que estas medidas y resoluciones no se queden solo en buenas intenciones y se instauren con urgencia de manera que, quienes ejercemos como docentes y, con la participación de todo el personal educativo, logremos erradicar, por fin, los resabios del patriarcado, machismo y sexismo en nuestras instituciones educacionales. Y que así, nuestros alumnos puedan desarrollarse en comunidades educativas libres de todo tipo de discriminación, respetuosas de los derechos de todos, todas y todes.
