El 18 de mayo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo rechazó tramitar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de planta desaladora de la Empresa Sanitaria Aguas del Valle S.A. en el Panul. La Región de Coquimbo atravesaba una condición crítica en materia hídrica y había muchas presiones, pero la autoridad local determinó que al proyecto le faltaba información relevante. Entre otras cosas, no consideraba las políticas y planes atingentes para la región (como el Plan Regulador Intercomunal PRI del Elqui), ni lograba demostrar la compatibilidad con los atributos ambientales preexistentes.
Sin embargo, a poco más de un mes Aguas del Valle S.A. reingresa el mismo EIA del proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental Coquimbo, incluyendo una solicitud de trámite de Urgencia. Antes de que se resolviera la admisibilidad del proyecto, La Dirección Ejecutiva del SEA en Santiago, aprobó la solicitud de urgencia que el proyecto traía consigo, tras lo cual el SEA Regional tuvo que admitir a trámite, sin que se introdujera ninguna modificación al proyecto objetado. Esto no solo acoge a trámite el EIA, sino que reduce los plazos de evaluación de 180 a 90 días, cuestión incomprensible si la construcción y puesta en marcha dura al menos 3 años y medio ¿Para qué quitarle tiempo a la participación ciudadana y a los estudios técnicos? Si bien el diario El Día, y por cierto Aguas del Valle, celebran la noticia, quedan más dudas que certezas de que es una decisión acertada.
En un conversatorio virtual sobre este tema, organizado por el Consejo Regional Campesino hace algunas semanas, era evidente que el modelo hídrico a nivel regional no se estaba pensando colectivamente. Soluciones parches como los camiones aljibes se habían vuelto casi estructurales, muchos asistentes cuestionaban el consumo de la agroindustria, aduciendo que la regulación sobre ese negocio era menos costosa y permitía asegurar el consumo humano y para la subsistencia desde las fuentes de donde siempre se habían abastecido los territorios. Fue interesante el relato de la experiencia del Programa de Manejo Sustentable de la Tierra, que en Combarbalá en tiempos de sequía, había absorbido mano de obra campesina para la construcción de obras de infiltración de pequeña escala cuya eficacia es evidente para quien la quiera ver.
Otra de las cuestiones sobre las que se problematizó fueron los costos. La inversión en nueva infraestructura de la Sanitaria se carga a la tarifa. Por ejemplo, los US$ 180 millones de inversión del proyecto hoy admitido a tramitación, si se aprueba, lo deberán pagar en incómodas cuotas mensuales las familias, además de costear la operación y el 7% de rentabilidad mínima asegurada a las sanitarias por ley, es decir, el consumo se encarece considerablemente y de por vida, porque hay que mantener la infraestructura funcionando para producir el agua. De hecho, llama la atención que las tarifas que se ajustan quinquenalmente, deben renovarse el 2026, año en que está proyectada la puesta en marcha del proyecto. Quizás es solo una coincidencia o quizás parte de las presiones que modifican la decisión del gobierno ecológico que promueve la descentralización.
¿Realmente tiene sentido una megainversión que se traducirá en contaminación y alteración de ecosistemas prístinos, para mantener intacta la demanda de un modelo que sobreexplota y devasta la naturaleza, o sería más inteligente y menos suicida, ajustarla a lo que la infraestructura natural, las cuencas, pueden producir, y hacer una decidida inversión en recuperar las cuencas y los ciclos hidrológicos intervenidos? Esta es una pregunta de fondo que el debate constituyente encaró, por eso la Nueva Constitución, hace del agua un bien común natural inapropiable y un Derecho Humano (claro que el agua desalada sería propiedad en tanto producto, otra razón probablemente para la celeridad en la tramitación) y señala la urgencia de un golpe de timón, reconociendo Derechos a la Naturaleza, priorizando los usos, siendo el consumo humano y ecosistémico anterior al industrial, cautelando la soberanía alimentaria… Es decir, no basta con desalinizar, como esta institucionalidad quiere hacer creer. No se puede seguir asegurando el negocio por sobre la vida, seguir escuchando los cantos de sirena de las transnacionales y sacar agua de dónde sea y a toda costa. Hay que asumir que como país nos equivocamos, y que es necesario enmendar el rumbo, eso es lo que se juega en el apruebo, no más arbitrariedades como la recientemente protagonizada por la Directora Ejecutiva del SEA.
