Si hacemos una encuesta rápida acerca de qué tan importante es la Ciencia para la sociedad, me atrevo a apostar que la mayoría de la gente respondería entre “importante” a “muy importante”, probablemente no habrían dudas de su relevancia. Del mismo modo, si miramos lejos de nuestras fronteras, nos encontramos con que países desarrollados que se toman en serio la relevancia de la ciencia se invierte al menos el 2,8% del PIB en investigación y desarrollo (I+D). ¿Pero qué pasa cuando miramos nuestro país? Poner los ojos en nuestra realidad nos muestra algo diferente, recién el año 2018 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), con un presupuesto minúsculo para lo rimbombante de su nombre, presupuesto que disminuyó al siguiente año de su creación pasó de 0,4% a 0,2% del PIB. ¿Las razones? Pueden ser varias, me inclino por la poca importancia que se le da a esta área en el ámbito político. Posiblemente, como consecuencia
de la tenue participación de científicos/as en el mundo político y aquí estamos capturados/as en un círculo. Por años pareciera que entre ambos mundos no hubiera gran conexión. En una conversación en el Instagram científicamente_mujeres con la ex convencional Cristina Dorador, señalé que ser científica era un acto político y muchos/as me escribieron preguntando ¿Por qué? ¿Cuál era la relación?. Pues esta relación está perdida, los/as científicos/as están atrapados/as en sus laboratorios teniendo que publicar y ganarse proyectos para existir, mientras en el mundo político se están tomando decisiones a corto plazo, con argumentos económicos y sin considerar la evidencia científica. Como consecuencia, lo que vemos es una enorme fractura que explica decisiones erróneas y la ausencia de fallos basados en evidencia. Afortunadamente, durante el año 2018 esta fractura comenzó a repararse cuando se inicia el ministerio CTCI, ya que, ver a Andrés Couve, Biólogo, Doctor en Biología Celular y Carolina Torrealba, Bióloga, Doctora en Biología Celular y Molecular, en un rol político, fue todo un cambio paradigmático; luego, el año 2021 con las ex convencionales Cristina Dorador, Elisa Giustinianovich, Lorena Céspedes y la ex presidenta de la convensión, María Elisa Quinteros, lo que ocurrió fue una revolución, ¿qué hacían ellas ahí? Dejando sus laboratorios, sus investigaciones y la academia, para escribir una nueva Constitución, algo realmente inédito. Finalmente, el resultado que podemos ver cuando científicos/as se involucran en la política es que la ciencia logra ser incorporada como un derecho constitucional. Muestra de ellos son los siguientes artículos: “Artículo 96 -1. Toda persona tiene derecho a participar libremente de la creación, el desarrollo, la conservación y la innovación de los diversos sistemas de conocimientos y a la transferencia de sus aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios”. “El Artículo 97 -1. La Constitución garantiza la libertad de investigación y 2. Es deber del Estado estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento, contribuyendo así al enriquecimiento sociocultural del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes”.
Ciencia y Política es una relación posible y muy necesaria; que las/os científicos/as se involucren genera cambios estructurales. Hoy, como quizás nunca lo hemos visto antes, es posible conciliar ambos mundos con la nueva propuesta de Constitución Política de la república de Chile.
Rocío Mayol Troncoso
Psicóloga, Doctora en Ciencias Biomédicas
Fundadora Cientificamente_mujeres
Académica Facultad de Psicología, Universidad Alberto Hurtado
