La decisión que millones de trabajadores y trabajadoras tomarán este 4 de septiembre en las urnas es una oportunidad para romper el peso de una historia amarga y apostar por otra más luminosa.

A casi 100 años de los orígenes de la legislación laboral en nuestro país podemos afirmar que no ha existido en Chile jamás una normativa constitucional ni legal que le entregue real poder a las y los trabajadores. Las instituciones que en todo el mundo han sido fundamentales para que trabajadores y trabajadoras de otras latitudes consigan mejores condiciones salariales, de trabajo y para que sean parte de sus democracias han estado en nuestra historia constitucional y legal siempre vedadas. Solo durante un restringido tiempo entre la década del 60 y el 70 existieron experiencias cercanas a la negociación por fuera de la empresa con las comisiones tripartitas y solo a partir del estatuto de garantías del año 1971 la huelga fue reconocida como un derecho en la constitución, consagración que tuvo una corta duración en virtud del golpe de estado de 1973.

La nueva constitución viene a saldar una deuda de casi 100 años con las y los trabajadores, consagrando en su articulo 47 la libertad sindical, el derecho a sindicalizarse, a negociar colectivamente en el nivel que determinen los propios trabajadores y trabajadoras y el derecho a huelga en el ámbito de intereses definido por las propias organizaciones sindicales y reconociendo además el trabajo doméstico y de cuidados. Algo inédito, hasta ahora, para nuestra historia laboral.

Ello pondría fin al plan laboral de José Piñera constitucionalizado en la actual constitución y que ha generado, de acuerdo con las cifras de la última Encuesta Laboral, que el porcentaje de empresas con sindicatos sea solo de un 6,3% y que el porcentaje de empresas con instrumentos colectivos sea de apenas un 6% cubriendo apenas a un 22% de las y los trabajadores de esas empresas. Estos porcentajes son, a nivel comparado con países similares a Chile, dramáticamente bajos y, como muestra la evidencia comparada, dicen directa relación con los bajos salarios, las malas condiciones laborales y la desigualdad. Recordemos que la mitad de los trabajadores en Chile gana 458.000 o menos mientras que, de acuerdo con el informe World Inequality Report de 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país.

Tenemos una constitución que ampara un modelo laboral para que la riqueza se concentre, para que los salarios permanezcan bajos y para que las y los trabajadores no puedan alterar aquello. Ello solo fue posible de instalar mediante la fuerza. La Constitución del 80 fue posible, en buena medida, por el aniquilamiento, desaparición y tortura de la organización sindical. El informe Rettig reconoció a inicios de la transición que entre los sectores más perseguidos por la dictadura estuvieron los dirigentes sindicales y sus organizaciones. Así, hasta 1977 se consignaban 7.077 sindicatos y 916.472 afiliados, en 1979 habían 581.483 afiliados y 5.000 sindicatos y en 1983 solo 320.903 afiliados y 4.401 sindicatos.

Dicho modelo de relaciones laborales ha permanecido, en su estructura central, inalterado hasta el día de hoy y la constitución le ha servido de efectivo cerrojo. El último intento tibio de alterar algunos aspectos ni si quiera centrales de dicho modelo mediante la última reforma laboral del 2017 fueron tirados por la borda por el Tribunal Constitucional que negó la titularidad sindical y hizo subsistir a los grupos negociadores. La negociación ramal ni si quiera llega a discutirse.

La propuesta de nueva constitución por fin viene a saldar deudas con ese pasado, el de 100 años sin reconocimiento robusto al derecho colectivo de las y los trabajadores para tener herramientas que permitan establecer mejores condiciones de remuneración, de trabajo, y para ser partes de la democracia en sus lugares de trabajo y en el país. Ese pasado de 40 años de trabajadores y trabajadoras amordazados, destinados a trabajar por bajos salarios para el beneficio de unos pocos.

Son comprensibles los temores que, intencionalmente, se han instalado y que miles de trabajadores y trabajadoras hoy sienten frente a esta elección, pero cabe preguntarse ¿Queremos que nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, las futuras generaciones, sigan trabajando en estas mismas condiciones? La respuesta a esa simple pregunta conduce a una sola respuesta: votar por el apruebo que es votar por un Estado Social y Democrático de Derecho anclado sobre los derechos de las y los trabajadores para que estos, los de hoy y las del mañana, tengan por fin lo que merecen: salarios justos, tiempo para descansar y estar con sus familias, derecho a ser parte de las decisiones del país. Eso es saldar una enorme deuda con el pasado y es, al mismo tiempo, entregar herramientas para un futuro mejor.

Axel Gottschalk Castro, fundador de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores y autor del libro ‘’El Estado Social de Derecho, el Derecho del Trabajo y la Huelga. Relaciones y contradicciones a la luz del caso chileno’’.