Hace pocos días se conoció una condena contra ex militares por el caso “Caravana de la muerte”, uno de los operativos más siniestros llevados a cabo durante la dictadura de Pinochet. Se condenó a varias personas en calidad de autores aunque Sergio Arellano Stark, líder de la “Caravana de la muerte”, no pudo ser condenado porque murió en el año 2016. Si bien nos alegramos por esta sentencia que implica un avance en el camino a la justicia, es importante recalcar que la justicia tardía es casi una denegación de justicia.

Solidarizamos con las familias de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos que por 49 años han tenido que sobrellevar este enorme dolor. Saludamos en particular a las familias de los torturados y ejecutados en Calama, quienes formaron parte de nuestra simbólica campaña “Constelación de los caídos”, iniciativa que buscaba rebautizar 26 estrellas con los nombres de 26 víctimas.

No obstante, en este hito judicial, enfrentamos una importante impunidad biológica por las muertes de familiares de las víctimas y de los propios victimarios. Esperamos que las instituciones aumenten sus esfuerzos para llevar adelante todas las investigaciones necesarias para avanzar hacia la justicia. Desde Amnistía Internacional hemos afirmado en reiteradas ocasiones que la impunidad siembra repetición, situación que lamentablemente volvimos a ver durante el estallido social de 2019.

Es también importante valorar los anuncios del Gobierno respecto al Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada. En Chile siguen existiendo 1.159 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura que aún son buscadas por sus familiares. Por eso es fundamental que las instituciones del Estado de manera coordinada avancen para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado en esta materia. Valoramos especialmente que el diseño de esta política pública se realice en conjunto con los familiares de las víctimas, tal como se recomienda desde los órganos internacionales de derechos humanos.

Este avance judicial y anuncios del gobierno se dan en un contexto en que, después de diversos mensajes negacionistas realizados el último 11 de septiembre, el vicealmirante Ramiro Navajas calificó como “presuntos” los delitos de nueve exmarinos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y agregó que ellos “cumplieron cabalmente con su deber”. Ese tipo de afirmaciones son inaceptables en una sociedad democrática puesto que todas las instituciones del Estado -y entre ellas, por cierto, las que pueden utilizar la fuerza- tienen el deber de respetar y garantizar los derechos humanos.

Por último, desde Amnistía Internacional queremos reiterar una vez más que estos no son temas del pasado. Es fundamental que nuestro país tenga políticas robustas que nos lleven a avanzar en el camino de verdad, justicia, reparaciones integrales y garantías de no repetición respecto a las violaciones de derechos humanos de la dictadura y de otros periodos de nuestra historia. Solo así podremos avanzar hacia un futuro en que se respeten plenamente los derechos de todas las personas.