Los esfuerzos por la profundización del comercio a escala global implican seguir apostando a un modelo de desarrollo que demuestra estar agotado y que requiere un cambio de rumbo urgente, más aún considerando la crisis climática.

La crisis socioambiental actual ha constatado que la priorización del consumo globalizado, la inversión extranjera, la extracción y consumo sin límites de recursos naturales, a lo que se suma la destrucción de ecosistemas, es la receta perfecta para ir rumbo al despeñadero.

Los problemas que genera el TPP-11 no solo están relacionados con la escala del acuerdo o sus aspectos controversiales y dañinos. La aprobación del tratado genera contradicciones con la orientación de las políticas pública y atenta contra la necesaria transición hacia sociedades sustentables, es decir más democráticas, menos desiguales, descentralizadas y más respetuosas del entorno en que vivimos.

Los tratados megarregionales profundizan la estructura, carácter y especialización de la actividad económica de las naciones y se basan en una clara tendencia a sobreestimar la evidencia a favor de la apertura comercial, sin considerar los efectos de estos acuerdos en las economías nacionales y/o locales ni tampoco las posibles restricciones a la soberanía del Estado en su propio territorio.

Algunos de los aspectos más controversiales en la discusión sobre el TPP-11 refiere al Capítulo 9 sobre “Inversiones”, ya que en su artículo 9.16 se establecen restricciones a los Estados Parte que quisieran adoptar medidas legislativas o administrativas con el propósito de que las actividades de inversión realizadas en su territorio (como puede ser la minería, la agricultura o salmonicultura en Chile, entre otras) no afecten el medio ambiente, la salud y otros objetivos regulatorios, ello se verá limitado por lo dispuesto en dicho capítulo. Conforme está establecido en la sección B del mismo acápite referido a la “Solución de controversias Inversionista-Estado”, una transnacional perteneciente a los países miembros del tratado podría demandar el Estado de Chile y eventualmente someterlo a arbitraje internacional.

Quienes apuestan por esta nueva apertura – casi definitiva – de Chile al comercio exterior, han argumentado que la solución de controversias entre los Inversionistas – Estado “no es algo novedoso”, sino más bien contempla mecanismos ya establecidos en los once Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con el resto de países pertenecientes a este acuerdo comercial. No obstante, poco se habla de las dificultades asociadas a la eventual instancia de arbitraje internacional y de la discrecionalidad con la que entidades encargadas, como el CIADI[1] o los tribunales ad-hoc, dirimen los conflictos entre los Estados y los inversionistas.

La firma de este tratado podría significar ampliar las causales por las que transnacionales podrían demandar al Estado de Chile, lo cual, como contrapartida, restringiría las capacidades estatales de autorregulación, incluidos los gobiernos regionales, debido a la posibilidad de ser demandado internacionalmente. Situaciones como las demandas de la sociedad civil y organizaciones territoriales para el aumento de restricciones o la salida definitiva de la salmonicultura de las áreas protegidas podría ser causal para eventuales demandas contra el Estado de Chile.

Es indudable que la apertura comercial ha tenido una influencia sustancial sobre la estrategia de desarrollo en el mundo y se reconoce que ha generado impactos en los países, pero esto no basta. No es una receta automática: existen muchos ejemplos de naciones que se han desarrollado mediante el comercio internacional, pero sustentados en un fuerte apoyo estatal. Sin ir más lejos, han sido los países desarrollados los campeones en el uso de herramientas proteccionistas, las que ahora pretenden limitar en las naciones más pequeñas. Basta recordar que ni Estados Unidos o Europa han estado dispuestos a limitar sus sendos subsidios a la agricultura en las negociaciones de acuerdos con América o África; pero cuando se trata de áreas donde buscan capturar mercados, presionan la reducción de trabas de sus contrapartes. Es evidente que los acuerdos no se han negociado en condiciones de igualdad y ese es uno de sus escollos insalvables.

Sin embargo, nuestra visión crítica no apunta a limitar todo tipo de comercio. Reconocemos que la inversión y el consumo pueden ser un aporte a la consecución de objetivos de desarrollo siempre que vengan acompañados de una agenda donde se identifiquen, adecuadamente, los beneficios y las cargas (positivas y negativas) de las acciones y que esta inversión tribute ingresos y aporte conocimientos y tecnologías en los lugares donde se instala.

La forma y orientación del comercio no está zanjada, el mundo debate día a día diversas fórmulas para dar respuesta a los acuciantes problemas sociales, ambientales y democráticos que vivimos. Si bien, la disputa está tomando orientaciones diversas que van desde la extrema derecha y sus nuevas formas de nacionalismo hasta las respuestas de la izquierda que niegan la globalización, creemos que aún es necesario seguir debatiendo sobre el asunto.

Nuestro país está enfrentado una crisis múltiple que tiene que ver, justamente, con el modelo de desarrollo que se busca profundizar a través del TPP-11. Sin embargo, hoy se está tomando con mucha liviandad la necesidad de incentivar el crecimiento económico a través de las señales a inversionistas. Desde Fundación Terram cuestionamos que la única vía para atraer capital extranjero sea garantizando seguridad jurídica por medio de la firma de tratados de inversión. Los países no deben estar persiguiendo inversión en desmedro de la acción local y menos del fallecimiento de las economías nacionales o locales. La experiencia demuestra que dichas acciones nunca son solo señales, estas se traducen en políticas, incentivos, beneficios especiales o anclajes al accionar de la política pública. Por ello la aprobación del CPTPP o TPP-11 probablemente impactara en la política pública nacional.

Un Tratado comercial no es un contrato simple, es la expresión de una manera de entender el rol de las naciones y su vocación productiva. Es también un mecanismo implícito para definir la forma en que los países se están integrando al mundo y cuáles son las instituciones y políticas públicas que se adoptan para tal efecto. Es decir, los Tratados se transforman en una estrategia de integración específica y esa estrategia debe ser discutida por la sociedad en su conjunto, cosa que en Chile no se ha hecho.

Como Fundación Terram creemos que el CPTPP es una estrategia de desarrollo que va justamente en la dirección opuesta de lo que necesitamos y su aprobación no contribuirá a tener un país más justo, democrático, respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza.  Probablemente también impactara en la implementación de los procesos de Transición Justa que el Gobierno del presidente Boric ha declarado que son parte de su programa. La aprobación del CPTPP es una forma de claudicar a la búsqueda de nuevo modelo de desarrollo basado en un estado social de derechos más que en una economía de mercado, por tanto, es una señal definitiva del abandono del gobierno a las grandes transformaciones.

[1]  El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es una institución del Banco Mundial con sede en Washington (EE.UU.) dedicada al arreglo de diferencias entre inversionistas y los Estados participes de tratados internacionales de inversión.