A tres años del inicio del estallido social recordamos a las miles de personas que salieron a las calles del país a exigir mejores condiciones de vida. Las demandas sociales de aquel 18 de octubre aún siguen vigentes y las autoridades deben dar respuestas con urgencia a aquello. Esto implica, entre otros puntos, avanzar en un proceso constituyente participativo y siempre de cara a la ciudadanía, y que desencadene en una Constitución que ponga los derechos humanos en el centro.

Por otra parte, no olvidamos a todas las víctimas de las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el marco de las protestas masivas. Estas acciones habrían sido la consecuencia de una práctica premeditada con el fin de castigar a las personas manifestantes y dispersarlas a toda costa. Por cierto, lamentamos que a tres años de estos crímenes, el escenario de impunidad permanezca; pues de las 10.936 ingresadas a la Fiscalía, tan solo se conocen 14 condenas y ningún alto mando ha sido imputado por su presunta responsabilidad. Desde Amnistía Internacional hemos dicho que la responsabilidad penal individual no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Toda la línea de mando debe ser investigada.

En concreto, en nuestros informes hemos pedido la investigación de los mandos estratégicos de Carabineros, al menos de los entonces General Director, General Subdirector y Director de Orden y Seguridad. Sin duda, ha llegado el momento de que la Fiscalía determine si existe mérito para la formalización y que la justicia avance.

Además es importante que las autoridades evalúen una mayor asignación de recursos a la Fiscalía, a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y al Servicio Médico Legal para que las investigaciones cumplan adecuadamente con los estándares de debida diligencia respecto a graves violaciones de derechos humanos. Sin esfuerzos mancomunados difícilmente se avanzará en esta materia. 

Por otra parte, es imprescindible avanzar en la implementación de las medidas de reparación. Hay algunos anuncios y acciones que van en la dirección correcta, principalmente porque apunta a integrar a las víctimas y sus familias en el diseño de las políticas de reparación, pero es importante dejar claro que aún falta mucho para que el Estado cumpla con sus obligaciones en esta materia. Estaremos observando con mucha atención, por ejemplo, la Mesa de Reparación Integral y el Plan de Acompañamiento y Cuidado a las Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO) que reemplaza al programa PIRO, el cual recibió muchos cuestionamientos por parte de las mismas víctimas. 

Por último, es necesario que la reforma a la institución de Carabineros avance con las comisiones creadas por el Gobierno, pues la espera ha sido larga y se requiere contar con policías altamente preparados que cumplan su importante labor de resguardar la seguridad pública, pero siempre respetando los derechos humanos.