Las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, como las cometidas durante la dictadura cívico militar o en el estallido social, deben buscar esclarecer los hechos e identificar a todas las personas responsables para que los tribunales puedan establecer sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos. Entre los estándares que deben cumplir los Estados en estas investigaciones, desde el sistema interamericano de derechos humanos se han desarrollado especialmente los principios de oficiosidad, exhaustividad, oportunidad, independencia y efectividad. 

En el marco del tercer aniversario del estallido social y de las violaciones de derechos humanos que se cometieron, desde Amnistía Internacional hemos manifestado que el panorama es de mucha impunidad, puesto que se han cerrado más del 70% de las investigaciones. Además, de las 10.831 denuncias realizadas por las víctimas solo ha habido 16 condenas, equivalentes a un 0,1%.

Sin duda, esto es preocupante; pero también es preocupante que la Asociación de Fiscales haya manifestado en estos días que existe una sobrecarga importante que no les estaría permitiendo realizar su trabajo de manera adecuada respecto a este tipo de investigaciones. Por otra parte, la entidad mencionó que las investigaciones de violencia institucional deben enfrentarse con una mirada holística, pues no basta con mirar un caso en particular. 

Estas legítimas demandas de la Asociación de Fiscales deben atenderse con premura. Nuestra organización ha identificado que uno de los problemas en las investigaciones ha sido que, en numerosos casos, agentes de Carabineros han sido reticentes a entregar toda la información requerida por la Fiscalía, lo cual habría entorpecido muchas las investigaciones. Sin embargo, también hemos dicho que varias de las dificultades enfrentadas por el ente investigador, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones e incluso el Servicio Médico Legal, tienen que ver con la escasez de recursos humanos y materiales para realizar las investigaciones de forma rápida y exhaustiva, especialmente en regiones fuera de Santiago. 

En ese marco, considerando la discusión de la ley de presupuesto que se realizará en este periodo, es fundamental que desde el gobierno se asignen mayores recursos a las fiscalías que investigan violaciones de derechos humanos, a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones para que también tenga equipos en otras regiones y no solo en Santiago, y al Servicio Médico Legal para la realización de pericias, especialmente del Protocolo de Estambul.

Todo lo anterior es indispensable para que el Estado de Chile cumpla con sus obligaciones internacionales de investigar con la debida diligencia las violaciones de derechos humanos y se evite seguir avanzando hacia la impunidad. 

Por último, reiteramos una vez más que es importante que estas investigaciones no solo incluyan a quienes apretaron el gatillo, también es imprescindible que considere a los altos mandos involucrados en las decisiones estratégicas que finalmente nos llevaron a vivir la mayor crisis de derechos humanos tras la dictadura de Pinochet.