En una declaración dirigida al mundo sindical, la Agrupación No + AFP cuestionó los detalles contenidos en la propuesta de reforma previsional impulsada por el Gobierno, tras una reunión con el equipo técnico de la Subsecretaría de Previsión Social, encabezada por Christian Larraín, y en la que también participaron el ex superintendente de Pensiones, Álvaro Galleguillos; CENDA y la Fundación Sol.

Tras conocer los detalles de la iniciativa, que espera ser ingresada la próxima semana, valoraron el fortalecimiento del Instituto de Previsión Social (IPS) y que “se avance hacia una Pensión Garantizada Universal de $250 mil reales, siempre y cuando sea verdaderamente universal, sin letra chica como ocurre actualmente”.

Sin embargo, precisaron que “resulta inaceptable que esta PGU se financie con cargo a impuestos, sin antes aumentar los impuestos a los más ricos, pues si se hace sobre impuestos generales, seguirá siendo el IVA el que más aporta, lo que implicaría que los pobres seguirán financiando el sistema (entiéndase pobres a la mayoría de las y los trabajadores que ganan alrededor del mínimo)”.

Asimismo, consignaron que, una vez conocida en profundidad el contenido de la reforma, “esta propuesta lejos de avanzar hacia la Seguridad Social, consolida y fortalece ‘la capitalización individual’ en detrimento de la ‘solidaridad’ en claro perjuicio de los y las trabajadoras y, también en perjuicio del erario nacional”, agregando que “no sería un sistema mixto como existe en el resto de los países, sino, un sistema mini mixto”.

“El Gobierno sin duda quiere mejorar las pensiones; pero también quiere mantener y aumentar el mercado de capitales, y eso en el actual sistema es incompatible. El cambio de nombre de las AFP por “Gestoras de Inversión” en lo sustantivo no cambia nada, es más de lo mismo”, señalaron.

También calificó como “gravísimo” la idea de eliminar la modalidad de retiro programado, dejando solo disponible la de rentas vitalicias, puesto que a su juicio “esta propuesta sigue en la lógica del negocio, es una transferencia directa de todos nuestros ahorros y es regresiva y discriminatoria contra las personas pobres, en especial contra las mujeres que fallecen antes, dejando todo el saldo acumulado a las compañías de seguros”.

En tanto, comentaron que en relación a la discusión de 6% de cotización adicional con cargo al empleador “el Gobierno propone una forma bien alambicada, destinar del 6%, un 70% a un registro individual y un 30% a un fondo común. De cuyo fondo saldrían los recursos para mejorar las pensiones de los actuales pensionados entregándoles 0,1 UF por años cotizado con un tope de 3 UF”.

En consecuencia, indicaron que dicha propuesta “no permitirá que seamos los trabajadores y trabajadoras quienes elegimos, entre un sistema de capitalización individual y uno de reparto solidario. Solo se podrá elegir entre una gestora pública o privada, es como decir, entre una AFP estatal y una privada.

Por lo mismo, hicieron un llamado a analizar con el máximo de rigurosidad y prescindencia de cualquier interés que no sea el de los y las trabajadoras esta propuesta que conoceremos la próxima semana. Debemos fortalecer la UNIDAD en estos complejos momentos en que la derecha se fortalece y arremete consolidando el modelo de despojos”.

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