Al cabo de una semana ha quedado claro que la percepción contra los camioneros no está basada en prejuicios, ni en traumas ocasionados en la historia pasada. El transcurrir de estos días y la mera apreciación de sus modus operandi y demandas lleva a conclusiones que nadie públicamente, salvo el Partido Republicano, está dispuesto a contradecir: las exigencias de este gremio son espurias y en realidad más parecen un poder fáctico que un grupo que se organiza para hacer planteamientos legítimos.

Respecto a lo primero, el paso de los días ha permitido que se difunda con mayor claridad la amplia gama de beneficios que este grupo tiene hoy, buena parte de ellos obtenidos gracias a su costumbre de poner de rodillas impunemente al país y a las autoridades de turno. El ejemplo de las prebendas que reciben por el diésel y la cifra millonaria que aquello demanda al erario nacional es elocuente. Pero este grupo, a pesar de que es en la literal acepción del término privilegiado, es sin embargo voraz y nada le contenta. Por eso, en vez de dar gracias silenciosamente por las granjerías que ningún otro sector del transporte ni del resto de las actividades del país posee, establece sin embargo una rutina de protestas, casi por deporte, hasta el punto que solo en los ocho meses transcurridos de este gobierno hemos tenido dos movilizaciones de camioneros.

Esto nos lleva al segundo aspecto: el gremio de los camioneros es más, mucho más, que un mero grupo que defiende los intereses de los dueños de camiones. Es, al menos desde la Unidad Popular, parte de una articulación conservadora cuyo propósito es someter las políticas públicas a sus intereses particulares y, cuando no, incluso paralizar el país para desestabilizar a los gobiernos. Como la ignorancia política abunda y con hacer esta constatación no se puede acusar de desdeñar al pueblo, muchas personas terminan echándole a las autoridades la culpa por el desabastecimiento, cuando el motivo debería ser más que obvio.

El gremio de los camioneros suele actuar como subordinado político de las forestales y de la gran agricultura. A su vez, cuenta con el apoyo comunicacional de medios y conglomerados que también defienden en la opinión pública y reciben financiamiento de estos dos grupos. Por eso muchas veces el petitorio de los camioneros más parece uno de la Corma o de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y como el proyecto hegemónico de este conglomerado trasciende a lo estrictamente productivo, más de alguna vez, sucedió en abril pasado, las demandas de los camioneros han ido mucho más allá, como por ejemplo que se terminara con la ideología de género en los colegios.

Una demanda sectorial deja de ser legítima cuando afecta ostensiblemente el bien común. Es lo que ha ocurrido una y otra vez con el gremio de los camioneros. No se podría, sin embargo, acusar a las actuales autoridades de no escuchar: luego de una semana de conversaciones para llegar a un acuerdo y no haberlo logrado, se hace evidente, justo y necesaria ante el país la reposición del estado de Derecho.