El océano es fundamental para nuestra vida y nuestro futuro. Los intentos globales por administrarlos de manera sustentable buscan cubrir al menos un tercio de las áreas marítimas del planeta bajo jurisdicciones nacionales con Planes Espaciales Marinos para 2030. Ese fue el objetivo que se debatió en la 3ª edición de la Conferencia Internacional sobre Planificación Espacial Marina, recientemente realizada en Barcelona y organizada por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG MARE) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-UNESCO), y donde se discutieron los desafíos y oportunidades para lograr las áreas prioritarias y el objetivo de la hoja de ruta de MSP (https://www.mspglobal2030.org/).

Chile ha liderado bajo el impulso de una “política exterior turquesa” la agenda oceánica global en materia de conservación de biodiversidad marina, con resultados concretos destacables: el 41,2 % de la superficie de la Zona Económica Exclusiva del país está protegida, superando con creces la meta 30×30 de la Convención sobre Diversidad Biológica en materia de océanos.

Ante este logro nos enfrentamos al reto de gestionar y equilibrar adecuadamente los múltiples usos humanos en la zona marino-costera. Esta es una deuda pendiente para garantizar la sostenibilidad de estos importantes ecosistemas.

La solución tiene el nombre de “buena gobernanza”, que permite distribuir las responsabilidades entre los distintos actores territoriales para tomar decisiones y buscar consensos de manera participativa, transparente y sobre la base del Estado de Derecho. Así podremos conseguir una gestión eficiente y eficaz, con un modelo de rendición de cuentas que avanza en equidad e inclusión en las zonas marino-costeras a lo largo de todo Chile.

En este contexto, nace el proyecto GEF “Gobernanza Marino Costera”, el cual será ejecutado por cuatro años y medio por el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con SUBPESCA, SERNAPESCA, SUBDERE, Ministerio de Bienes Naconales, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como agencia implementadora, contando con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés).

El proyecto, que cuenta con zonas piloto en las comunas de Freirina (Atacama), La Higuera (Coquimbo) y Cisnes (Aysén), busca fortalecer los mecanismos de toma de decisiones participativas, erigiéndose como una guía o bien un “laboratorio de buenas prácticas”, para la gobernanza y gestión de los ecosistemas marino-costeros en Chile, que son fuentes de vida no solo para quienes habitan dichos territorios, sino que para todo el país y el planeta.