Sin duda este 2022 fue un año intenso, lleno de cambios, esperanzas, frustraciones e incertidumbres. Tuvimos un cambio de gobierno y también la renovación del Parlamento, mientras en forma paralela se desarrollaba un proceso constituyente que terminó en septiembre con el rechazo a la propuesta de nueva Constitución. Posteriormente, y luego de poco más de tres meses de conversaciones, los partidos políticos con representación en el Congreso suscribieron un acuerdo que debería culminar con la entrega de otra propuesta de nueva Constitución, la cual deberá será sometida a las urnas en noviembre del 2023.

En medio de todo esto, las temáticas ambientales y de protección de la naturaleza han tenido avances y retrocesos, pues si bien el Presidente Boric declaró que este sería “el primer Gobierno ecologista” de Chile, y que muchos de sus parlamentarios y funcionarios públicos hablan de crisis climática, sumado a un programa de Gobierno cuyo eje transversal es una transición socioecológica justa, lo concreto es que quienes trabajamos en temas ambientales no conocemos el rumbo al cual están apostando desde La Moneda. Las señales que hemos recibido son confusas y no se identifican los ejes estratégicos en torno a los que gira esta administración, como tampoco los pasos concretos para alcanzar esos objetivos.

El Gobierno ha manifestado su compromiso por sacar adelante la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP); sin embargo, y más allá del contenido, esta propuesta no cuenta con un financiamiento adecuado para implementarse y lograr efectivamente elevar los estándares de protección de la biodiversidad en Chile, a lo que se suma la disminución de un 25% del presupuesto 2023 para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). Así, la consigna del Gobierno ecologista no ha tenido hasta hoy un correlato presupuestario que permita materializar la declaración de intenciones.

Por otro lado, recientemente en un evento de InvestChile, el Presidente Boric señaló que no se puede seguir postergando la construcción del Puerto de San Antonio, levantando la interrogante de si él, como Mandatario, está realmente en conocimiento de qué trata dicho megapuerto. ¿Sabrá a cabalidad sobre los impactos que traerá dicho proyecto y cómo se contrapone a la conservación y protección de la biodiversidad?

En este sentido, pareciera que tanto el Presidente como sus ministros, si bien están conscientes de la crisis climática, de la pérdida de biodiversidad y la contaminación que afecta al planeta y al país, no han sido capaces de implementar acciones de forma oportuna y, salvo algunos paliativos ambientales, más bien han dado continuidad a los lineamientos de las administraciones anteriores, impulsando el desarrollo económico y la inversión sin importar las consecuencias al medioambiente. 

Todo esto ha generado confusión, pues, si bien desde la sociedad civil nos hemos acostumbrado a la discordancia entre lo que se dice y lo que se hace, hasta ahora ningún gobierno se había autoproclamado como el “primer Gobierno ecologista”, sino por el contrario, los temas ambientales siempre fueron una piedra en el zapato o un tema obligado por las circunstancias de turno.

Sabemos que los compromisos ambientales asumidos durante la campaña presidencial generaron expectativas sobre los avances que podríamos tener en materia ambiental, más aún cuando en uno de sus primeros actos públicos el Primer Mandatario suscribió el Acuerdo de Escazú, con la presencia de representantes de la sociedad civil. Pero rápidamente el panorama ha ido cambiando, y más allá de los resultados del proceso constituyente que terminó con el rechazo a la propuesta de nueva Constitución, cada día constatamos que tanto el Presidente como sus ministros se apartan o desligan de sus compromisos ambientales, para retomar la receta de siempre, causante de la crisis social y política que atraviesa el país.

Entendemos que al Presidente Boric le ha tocado dirigir el país en un período muy difícil, donde ha debido afrontar una agenda centrada en temas de seguridad, sobrealimentada por los medios de comunicación, en un contexto en que el país demanda transformaciones concretas.

También sabemos que Chile es un país de geografía difícil, con baja densidad poblacional en muchos territorios, que ha tenido que soportar una sequía que se prolonga por más de 14 años y que debe afrontar los efectos de una crisis climática que no tiene visos de atenuarse. Bajo estas condiciones, se ha profundizado un modelo productivo basado en la extracción y exportación de minerales y un modelo silvoagropecuario de producción a gran escala de especies exóticas para la exportación, todo esto sin el debido resguardo de nuestros ecosistemas naturales, intensamente presionados por grandes sectores productivos, como son la minería, energía, salmonicultura, industria forestal y agroindustria.

Desde un principio sabíamos que el camino no sería fácil, que el Gobierno no tenía mayoría en el Congreso y, por tanto, tendría mucha dificultad para hacer cambios de fondo. Lo que no esperábamos era que tanto el Presidente como buena parte de los funcionarios de Gobierno con competencias ambientales no tuvieran claridad sobre la importancia que tiene la protección de la naturaleza para el bienestar humano, siendo hasta hoy incapaces de impregnar este sello en la nueva administración.

Dentro del primer año de Gobierno, cabe destacar algunos hitos positivos en materia ambiental, como la suscripción del Acuerdo de Escazú, el anuncio del cierre de la Fundición Ventanas, como también algunas acciones realizadas por el Ministerio de Agricultura para hacer respetar las regulaciones, en particular la de parcelaciones de predios rurales. No obstante, estas acciones se han visto profundamente opacadas por otras decisiones de mayor alcance.

En un contexto de declaraciones confusas y una posición fluctuante del Ejecutivo, el Senado aprobó en octubre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11 o CPTPP. A pesar que desde el año 2018 el Acuerdo venía siendo objeto de profundos cuestionamientos, entre otros el propio Gabriel Boric durante su labor parlamentaria, por la forma en cómo se acordó su texto, en un proceso de escasa publicidad y participación ciudadana, a raíz de las dudas en torno a una eventual pérdida de soberanía y, especialmente, por la prelación que confiere a lo económico por sobre el bienestar socioambiental. Todo ello no fue impedimento para su aprobación en el Congreso, tras fuertes presiones ejercidas por una parte del Gobierno, partidos de oposición y del sector empresarial. El año concluyó con el anuncio del Ministro de Hacienda sobre la entrada en vigencia del TPP-11 a inicios de 2023, sin importar el resultado de las negociaciones iniciadas a través de las side letters con otros Estados para mitigar la aplicación de sus aspectos más controversiales. Esta decisión se torna contradictoria con el eje de Transición Justa del Gobierno, a través del cual se busca conseguir un país más democrático, equitativo y respetuoso de los derechos humanos y la naturaleza. 

Por el contrario, resulta evidente que la aprobación y ratificación del TPP-11 van en un sentido completamente distinto, profundizando un modelo de desarrollo que nos tiene situados en un escenario de crisis climática y socioambiental, que requiere de modificaciones urgentes. Tales cambios se verán obstaculizados por un Tratado que favorece la apertura comercial, sin considerar sus posibles implicancias en la economía nacional, ni tampoco las posibles restricciones a la soberanía del Estado en su propio territorio, el que sin duda verá limitado su margen de acción en cuanto a la implementación de Políticas Públicas a nivel nacional, a costa del resguardo de la inversión extranjera, constituyéndose como una señal definitiva del abandono del Gobierno a las grandes transformaciones.

Equipo de Fundación Terram

 Esta columna forma parte del Balance Ambiental 2022 de Fundación Terram, titulado “Las apuestas del ¿Gobierno ecologista?”. Si deseas leer más y descargar el documento haz click aquí.