En la edición del jueves 22/12/22 del Diario Financiero se publicó la noticia, (ver link) en donde queda de manifiesto que la pelea está que arde, motivo por el cual, como conocedor de la situación con varias publicaciones en esta tribuna, por última vez doy mi opinión, buscando que la controversia sea resuelta a la brevedad con los buenos oficios de Carlos Montes, en su calidad de ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y de Felipe Muñoz, nuevo y actual alcalde de la Municipalidad de Estación Central.

Antes que nada debemos tener presente que esta situación se originó cuando Rodrigo Delgado ejercía el cargo de alcalde, quién olímpicamente se desentendió de sus desgraciadas consecuencias, recordando que, años atrás, cuando Claudio Orrego era intendente de la región metropolitana de Santiago, bautizó a estas edificaciones como guetos verticales, a pesar de que él mismo había aprobado algunas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para esas torres habitacionales.

El Minvu, la Contraloría General de la República y diversos fallos de la Corte Suprema concluyeron en distintas ocasiones que todos, entre 50 y 70, permisos para este tipo de edificios son contrarios a derecho y por ello era aplicable la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). En efecto, su artículo 148 dice que el alcalde, a petición expresa del director de obras municipales, podrá ordenar la demolición de estos edificios, a expensas del propietario, y el artículo 157 le entrega esa responsabilidad al Seremi de Vivienda y Urbanismo, incluso con la asistencia de la fuerza pública, para que sea posible la demolición.

Nunca el ex alcalde, Rodrigo Delgado, ejerció su atribución legal para demoler y es más, mientras ejerció el cargo se recibieron decenas de edificios (sic). Hasta ahora tampoco lo ha hecho el actual alcalde, Felipe Muñoz, dejándose en claro que ni Rocío Andrade, hoy Seremi de Vivienda y Urbanismo, ni sus diferentes antecesores en ese cargo público lo han hecho, razón más que suficiente para concluir que el asunto es considerado muy complejo por todas las autoridades sectoriales, ya que demoler estas voluminosas estructuras produciría una tremenda contaminación, aparte de que es sumamente oneroso y las empresas afectadas, si se llegaran a ver apremiadas por la aplicación de la ley, inmediatamente se declararán en quiebra. Nadie, en su sano juicio, desearía tener “elefantes blancos” en esa comuna.

En vista de ello, el 10 de diciembre de 2019, este columnista se reunió con el ex ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, para proponerle una solución concreta que considerara compensaciones económicas, por parte de esos empresarios, a favor de la perjudicada comunidad de Estación Central. Para tal objetivo se le entregó al ministro una propuesta formal que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, cuando existan dictámenes de la Contraloría y/o fallos de la Corte Suprema que confirmen las ilegalidades de los permisos. Monckeberg encontró viable la propuesta que, suponemos, está conservada en algún archivo de ese ministerio. La propuesta no se pudo materializar pues Piñera lo trasladó como titular de otro ministerio.

Le manifestamos a Monckeberg que, esos recursos monetarios de la compensación se destinarían a desarrollar medidas paliativas, proporcionales y justas para mejorar la calidad de vida de las familias antiguas y nuevas de Estación Central. Por ejemplo, con dichos fondos se podrían ejecutar obras de interés público, como ampliación de la red pública de alcantarillado, soterramiento de cables, ampliación de veredas, mejoramiento de la iluminación, construcción de nuevos colegios, consultorios, comisarías, mejoramientos de áreas verdes, etc. etc. Como contraprestación, si este resarcimiento es aprobado por las autoridades competentes, se entendería que se cursan todas las recepciones finales de obras de esos edificios.

En todo caso, el 24 de marzo de 2022, se analizó la situación, aunque superficialmente, con el ministro del ramo Carlos Montes y el 3 de mayo de 2022 ,volvimos a la carga en reunión sostenida con el alcalde, Felipe Muñoz, quien vio con buenos ojos esta posible medida debido a que sus cuerpos técnicos, por el desmedido aumento de su población, conocen muy bien las innumerables y acuciantes necesidades sociales que tiene esa comuna. Después de dicha entrevista se han realizado acercamientos por separado con cada una de las empresas, liderados por Alfredo Parra, director de obras de Recoleta, sin resultados a la fecha.

Sabemos que hay Juntas de Vecinos que anhelan la demolición de los edificios y otras tantas, apoyan las compensaciones monetarias, estando al tanto que todos los concejales, menos uno, también están de acuerdo con dicha propuesta, aceptada por las empresas, lo que quedó reflejado en presentación del 5 de diciembre de 2022 dirigida al alcalde Felipe Muñoz.

Según nuestras cifras, hay 22 edificios terminados y en proceso de terminación, con promitentes compradores de sus decenas de miles de departamentos y tenemos conocimiento que el ministro Montes le entregó la responsabilidad de solucionar el problema a su delegada regional, Rocío Andrade, la misma funcionaria que apareció en el whatsapp de la ex Seremi Patricia Hidalgo, respecto del arreglín funcionario para rechazar ambientalmente el proyecto inmobiliario de Fundamenta en la comuna de Ñuñoa. Claro que Andrade, aunque “lamentablemente”, como ella lo reconoció, no se prestó para dicha fea coordinada actuación de sus similares.

Por lo relatado, se concluye que los políticos investidos de poder son quienes deberán adoptar las decisiones para solucionar la controversia, que debiera ser la que se propone en esta columna de opinión y en tal sentido, esperamos que estén a la altura de las circunstancias.