Un acertado diagnóstico de lo ocurrido en el anterior proceso de cambio constitucional debiese orientar el rumbo del que se avecina en aras de intentar evitar los errores del pasado. En ese sentido, la inmensa mayoría obtenida por la opción “rechazo”, como se ha sostenido por parte de distintos sectores políticos, incluso de una parte de quienes abrazaron dicha opción, está lejos de significar que la ciudadanía se incline mayoritaria y necesariamente por mantener el statu quo o de suscribir un programa de derechas. Pareciera existir un problema un poco más profundo.

Así las cosas, la hondura del rechazo nos da cuenta de algo más generalizado, algo anterior, que precede a los contenidos de una propuesta que probablemente pocas personas estudiaron con detención. Me refiero a la impugnación por parte de la sociedad a una propuesta que emana de una política que le resulta ajena. En esa línea, difícilmente la ciudadanía concurriría a firmar un contrato, el más fundamental de todos, elaborada por instituciones de las que desconfía. En el proceso anterior, dicha institución fue la Convención Constitucional, pero ¿existen razones para creer que en los partidos y en el parlamento la sociedad cifra mayores esperanzas?

Por el contrario, el problema de la desafección política nos habla de una crisis endémica de larga data y que cruza al Estado en su conjunto. Por tal razón, el problema fundamental de este y de cualquier proceso que busque generar un pacto social sigue siendo el de su legitimidad.

Distintas encuestas han mostrado como el proceso constitucional no está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, por tanto, podemos reconocer ahí un primer escollo para pensar un proceso constituyente legítimo. En ese sentido, sería deseable que la política atienda con sentido de urgencia aquellas cuestiones que actualmente aquejan a la sociedad como primer paso para recomponer la confianza, elemento imprescindible para que el pueblo  concurra al pacto.

Sobre este punto no es posible dejar pasar la demagogia de la derecha, que enarbola aireados discursos de preocupación por estas urgencias, pero que es incapaz de aprobar una reforma tributaria que es la base para mejorar pensiones, la salud o las viviendas; o que dice tener entre sus prioridades la seguridad y mientras congela el nombramiento del Fiscal Nacional, máxima autoridad de la institución llamada a perseguir el delito.

Sin embargo, en el propio proceso constitucional, en fase de elaboración en el Congreso, existen elementos que funcionan como barrera de entrada a los sectores más desposeídos de la población que, vaya coincidencia, resultan ser los más desafectados de la política. A continuación, daré cuenta de algunos de esos elementos.

En primer lugar, la comisión experta. Si bien el denominado Pacto por Chile definió genéricamente a los expertos como “personas de indiscutible trayectoria profesional, técnico y/o académica”, en el proyecto de reforma constitucional presentado (boletín N°15614-07), se establecen estrictos requisitos para entrar a este espacio, tales como contar con un título universitario o grado académico. Vale decir, las personas que no cuentan con título universitario o grado académico quedan absolutamente excluidas de este órgano que, como hemos visto, tendría facultades decisorias en el nuevo proceso.

Si bien la educación superior se ha expandido significativamente durante las últimas décadas, estos requisitos siguen funcionando como una barrera de entrada para muchos, por lo que una restricción como la señalada no permite augurar una adhesión importante de los más desposeídos a este nuevo proyecto. Así las cosas, pareciera aconsejable que la calidad de experto no se entienda solamente desde el punto de vista del nivel de estudios, sino que también desde la experiencia laboral, dirigencial y/o política, lo que abriría la posibilidad a que nuevos sectores sociales sean protagonistas del proceso.

En segundo lugar, pero probablemente con un acento más marcadamente elitario, tenemos al Comité Técnico de Admisibilidad, al que se le están dando importantes atribuciones en el proceso de formación de la nueva norma fundamental. Aquí sólo entran abogados, con al menos 12 años de experiencia y de una destacada trayectoria judicial, profesional y/o académica.

En tercer término, esta vez con menos atribuciones, pero con una legitimidad democrática aún menor, se encuentra la Corte Suprema, a la que se le estaría asignando el rol de resolver reclamaciones por posibles infracciones al reglamento del nuevo proceso. Así, el Máximo Tribunal, cuyos miembros no son electos por la ciudadanía, podrá ser invocado tanto por el Consejo Constitucional como por la Comisión Experta.

En suma, hay al menos tres órganos compuestos exclusivamente por determinados profesionales y académicos, prestigiosos abogados y jueces de la Corte Suprema, que cumplirán un rol importante en la creación del pacto social que se pretende, lo que parece desproporcionado si consideramos que el principal problema del anterior proceso no fue precisamente técnico o reglamentario.

Lamentablemente, no resulta tan novedoso que el corolario de este proyecto, cruzado por órganos a los que gran parte del pueblo no puede acceder, sea el voto obligatorio. Son precisamente esos sectores los que, probablemente con justas razones, cómo ha quedado claro con los escandalosos casos de corrupción del último tiempo, no se sienten llamados a votar y se abstienen. Son las franjas de la sociedad que están a años luz de dictar clases en una universidad, ser connotados abogados o ministros de la Corte Suprema, a las que mediante amenazas de multa se les quiere forzar a celebrar este contrato social.

Probablemente, el gran desafío de este nuevo proceso constitucional sea abrir la puerta a estos sectores ajenos a la política, con medidas de participación ciudadana efectiva, pero también con órganos que no tengan una composición tan elitaria o que, al menos, no tengan un peso tan preponderante como el que se les está asignando de momento. En definitiva, habilitar un proceso en el que la ciudadanía sea invitada, y no obligada, a participar.

Sin duda, por cierto, que esa invitación ganará fuerza si el conjunto de las instituciones del Estado se conecta con las urgencias materiales de las personas.

Manuel Ubilla Eitel
Abogado