Más allá de que la crisis de algunas isapres parece ser real, cada vez queda más claro que el modo en que el tema se ha instalado en la opinión pública corresponde a una construcción comunicacional y a un patrón que hemos visto muchas veces en la historia de Chile, según el cual el Estado no debe entrometerse cuando el negocio es multimillonario y, al revés, tendría la obligación de intervenir cuando el negocio decae porque solo en ese caso y no en el anterior se trataría de un problema público.

Pero las isapres son la expresión de un ciclo histórico de políticas públicas iniciada con las reformas de principios de la década del 80 del siglo pasado donde la salud dejó de ser un derecho y se convirtió en una mercancía. La salud pública, igual que la educación, debió hacerse cargo de los sectores más carenciados de la población, mientras la salud privada quedó destinada exclusivamente a los sectores privilegiados y a otros que con mucho esfuerzo han ido pagando las mensualidades que se exigen. Este proceso, que se inició en dictadura y se profundizó durante los gobiernos de la Concertación, se tradujo en que, en los hechos, la calidad de la salud que han recibido las personas durante los últimos 40 años ha dependido del tamaño de sus bolsillos y el principio de solidaridad ha quedado evidentemente excluido o subordinado en el sistema.

Lo que muchas veces se olvida en el debate es que el financiamiento del sistema privado no es puramente privado porque, vale nuevamente el paralelo con la educación, parte importante proviene de aportes del Estado a través de distintas vías, especialmente a través de la modalidad libre elección de Fonasa, lo cual termina favoreciendo a los dueños de las isapres ya que son a su vez propietarios de las principales empresas privadas de prestadores. Esta estructura carece de racionalidad porque los recursos públicos terminan destinados a un grupo minoritario y privilegiado, mientras se perpetúan en el tiempo las postergaciones de la salud pública.

A pesar de que estas granjerías son cuestionables, las isapres y sus aliados políticos y comunicacionales han censurado como “ideológicas” las posiciones que han pretendido reponer el principio de solidaridad y una mayor racionalidad en las políticas de financiamiento de la salud. Mientras se imponían gracias a la hegemonía alcanzada, los cotizantes traspasaron utilidades no millonarias, sino billonarias a los dueños de las isapres, las cuales en parte importante nunca jamás fueron reinvertidas en mejorar la calidad de las prestaciones, sino que simplemente fueron a parar a las arcas privadas de los detentores.

La profesora de la Universidad de Chile y exministra María Soledad Barría señalaba ayer en esta radio que la crisis de las isapres no era terminal como se ha tratado de instalar a través de los medios para presionar a las autoridades. Es necesario, por lo tanto, sostener un debate público sobre la base de datos duros y no de discursos apocalípticos eventualmente sin sustento. El Gobierno, por su parte, no debe dejarse presionar y tiene el deber de hacer un diagnóstico propio y fundado sobre lo que realmente está ocurriendo con el sector. Y especialmente, porque toda la evidencia ya se ha vuelto apabullante, se debe cumplir con la promesa presidencial de avanzar hacia un sistema universal de salud, donde puedan existir instituciones como las isapres, pero ya no más en su rol actual sino como seguros complementarios.