El período legislativo que se cierra nos dejó a muchos y muchas con la sensación de que los días escasean y las horas se esfuman tratando de atender y dar respuesta a los grandes temas-país que se definen en el Congreso Nacional.

Comenzamos en buen pie en marzo, discutiendo el proyecto de ley sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados. Esta importante iniciativa tuvo tramitación legislativa completa durante el año, encontrándose en su fase final en el Senado y con el apoyo del Gobierno, que puso suma urgencia. Esta fue nuestra bienvenida a la Cámara de Diputadas y Diputados, de la que nos llevamos una buena impresión: argumentos sólidos en la discusión, participación de todos los sectores, trabajo colectivo, urgencia en la tramitación, en fin, claridad política, entendiendo que en los distritos las necesidades se viven día a día, segundo a segundo y que el tiempo transcurre de una manera muy diferente dependiendo de lo que nos toque vivir.

Este viaje inicial comenzó luego a mostrar otras caras. Desde mayo hasta enero, un grupo de diputados se dedicó a promover censuras a las presidencias de comisiones, en un juego de cuoteo político y un ejemplo de esto fue la comisión de Derechos Humanos. Este espacio dedicado a lo más esencial de la condición humana, fue objeto de un obstruccionismo desmedido, con tres censuras, con un uso abusivo del tiempo que se da a los diputados, emplazamientos políticos que poco y nada compartían con la labor parlamentaria. Como si el trabajo legislativo fuese esto.

Lamentablemente, las censuras a las presidencias de las comisiones no fueron la única desviación en tiempo y trabajo impuesta mañosamente por la oposición durante este año legislativo. Otro ejemplo más de obstruccionismo y desconexión con los tiempos de la ciudadanía y sus demandas fueron las dos acusaciones constitucionales que vivimos en enero y que quedaron en nada debido a su nulo fundamento.

Para entenderlo de manera más clara, llevemos este gasto de tiempo a cifras concretas. Entre las sesiones de la comisión revisora y la sesión especial en la sala, la acusación constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos tomó un total de 12 horas y 5 minutos. En tanto, aquella dirigida contra el ministro Giorgio Jackson significó un total de 18 horas con 17 minutos.

En total fueron 30 horas con 22 minutos destinadas a dos acusaciones infundadas, que provocaron, entre otras cosas, tener que suspender momentáneamente discusiones y votaciones tan importantes como la del informe de la comisión especial investigadora sobre el sobreprecio cobrado por Metrogas, que afectó a millones de hogares en el país y significó 400 millones de dólares cobrados en exceso a las personas.

30 horas con 22 minutos perdidos, mientras en la Cámara se estaban tramitando iniciativas transformadoras, como la reforma tributaria, la tan esperada reforma de pensiones, la eliminación de la orden médica para realizar examen preventivo de mamografía o la urgente regulación que requieren los estudiantes de la educación superior en situaciones de embarazo, maternidad y paternidad o labores de cuidado, por citar algunos ejemplos. Es esta la labor parlamentaria que se espera y que Chile necesita urgentemente. Es esto lo que se atrasa con 30 horas y 22 minutos de obstruccionismo.

El tiempo importa y el trabajo legislativo es gravitante para cada persona que vive en el país. Por todo lo anterior, nuestro emplazamiento es claro: responder al mandato popular que nos llevó hasta la Cámara con la urgencia que amerita, poniendo las prioridades donde la ciudadanía lo exige y no en campañas chicas y obstruccionistas que sólo buscan réditos individuales.

Para este 2023 que comienza, la tarea es simple, no perder ni un segundo más y que cada minuto ocupado vaya en sintonía con las necesidades del país.

Daniela Serrano Salazar
Diputada
Presidenta de las Juventudes Comunistas de Chile