El nuevo informe de la Federación Mundial de Obesidad, publicado en estos días, predice que, de mantenerse las tendencias actuales, el 51% de la población mundial vivirá con sobrepeso u obesidad para el año 2035. La situación es alarmante en nuestro país, el cual se encuentra en los primeros lugares de prevalencia de obesidad al compararlo con países en vías de desarrollo o desarrollados. De acuerdo a nuestra Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 39,8% de las personas sobre 15 años tiene sobrepeso y el 34,3% obesidad, lo que significa que 3 de cada 4 personas tiene exceso de peso. En la misma encuesta, el sedentarismo (en el último mes) es de 86,7%. En el caso de los menores de 6 años que se atienden en el sistema público de salud, la prevalencia de obesidad subió de un 9,6% en el 2011 a un 12,4% en el 2020.

La obesidad es un grave problema de salud pública y requiere medidas integrales y sostenidas para ver resultados en el futuro. La ciencia nos indica que su abordaje debe apuntar a modificar los entornos obesogénicos y los modelos productivos, para cambiar los factores ambientales, que favorecen el desarrollo de este problema. Algunos de nuestros avances más recientes de política pública para prevenir y enfrentar la obesidad han sido reconocidas internacionalmente. La Ley de Alimentos, que instala el rotulado frontal de advertencia “ALTO EN” y restringe la publicidad de estos alimentos dirigida a niños, niñas y adolescentes es pionera y es considerada como una de las políticas más integrales sobre alimentación y nutrición de los últimos tiempos a nivel global. De hecho, Un reciente estudio de la Universidad de California en Berkeley concluyó que, en sus tres primeros años de implementación completa, la Ley de Etiquetado Nutricional de Alimentos cambió los hábitos de los consumidores y la adquisición de azúcares y calorías disminuyeron en un 9 y 7%, respectivamente. Además, hemos sido uno de los primeros países en avanzar en incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas, intervención que ha permitido reducir su consumo y generar incentivos a la reformulación de productos en el mercado para reducir su contenido de azúcar.

Por su parte, las recientemente actualizadas Guías Alimentarias para Chile amplían su enfoque pasando de ser una recomendación de consumo de alimentos a una herramienta educativa y orientadora de la alimentación saludable, promotora de la cultura alimentaria, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y la construcción de sistemas alimentarios sostenibles.

Todo lo anterior se enmarca y tiene coherencia con la Política Nacional sobre Alimentación y Nutrición del 2017 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 número 2 y 3, “Hambre cero” y “Salud y bienestar”, respectivamente.

No obstante, y a pesar de los grandes esfuerzos, sabemos que estos avances no son suficientes. Debemos seguir mejorando nuestros entornos, para hacer que la buena alimentación sea una alternativa más fácil y accesible para la población. Esto pasa por incrementar el acceso a alimentos saludables y mínimamente procesados, incrementar el consumo de agua en reemplazo de bebidas azucaradas y fomentar la actividad física en todos los entornos, en niños, niñas y adolescentes particularmente en entornos escolares. Para ello, durante el primer semestre de este año como Gobierno estamos poniendo en marcha un plan nacional dirigido a prevenir la obesidad en la infancia y la adolescencia con miras al 2030, el cual presentará acciones prioritarias a desarrollar en el periodo para modificar positivamente la alimentación, nutrición y los niveles de actividad física de la población. Este plan constituirá la primera hoja de ruta sectorial e intersectorial en la materia y permitirá aunar esfuerzos y competencias en aras de un objetivo común: mejorar los entornos y condiciones de vida en post de niños, niñas, adolescentes y futuros adultos más saludables.

El autor es subsecretario de Salud Pública