Tras la visita del presidente Gabriel Boric a la comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, representantes de organizaciones y parlamentarios evaluaron la gestión del Gobierno a propósito de la crisis migratoria que afecta el norte del país.
Fenómeno que esta semana se ha tomado el debate público, luego de los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien reveló ante la Cámara de Diputadas y Diputados la existencia de cerca de 20 mil expulsiones pendientes, además de las críticas cruzadas por parte del Gobierno y autoridades bolivianas sobre la reconducción de migrantes.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrante, Waleska Ureta, sostuvo que a un año de la actual administración “nos ha costado ver cuáles son las medidas integrales. Estamos aún con medidas que son de corte más humanitario y también de corte de control de fronteras seguridad y ahí se quedan. Entonces, es importante hacerse la pregunta de si son las únicas medidas o las más idóneas para enfrentar lo que tenemos hoy en día”.
En esa línea, dijo que “a nuestro parecer faltan otras iniciativas que tengan que ver con la regularización de la condición jurídica de las personas, tiene que ver con generar las condiciones para que las personas puedan hacer una migración segura, ordenada y regular. Falta también los procesos de integración e inclusión de las personas que ya están acá en Chile. Faltan medidas que, si no están, finalmente no resuelve el problema de fondo”.
Una mirada similar expresó el dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, quien comentó, además, que en el país “seguimos con una lógica de inercia de la política migratoria. El gobierno anterior dejó un lastre al gobierno actual de 130 mil personas irregulares, 500 mil trámites migratorios que demoraban más de dos años y de un discurso que se alargó durante cuatro años de condena y de vinculación de la migración a la delincuencia, que generan desintegración social”, aludiendo a las marchas que hubo en Iquique el año pasado, en donde manifestantes destruyeron pertenencias y campamentos de migrantes.
Asimismo, Cardoza cuestionó los discursos que apuntan a la militarización de la zona y que buscan la rigidizar las políticas migratorias. “¿Qué es lo que están haciendo ahora las fuerzas que generaron la crisis política migratoria más grande que ha tenido el país, con la cantidad de niños venezolanos sin papeles como los que hay? Están promoviendo y profundizando esas mismas políticas como solución a la crisis migratoria. Eso es un argumento político que realmente no da soluciones, pero que a la gente que no conoce, le puede significar ‘ah, sí, qué bien. Ojalá los expulsen a todos’, pero no es posible realizarse eso”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que “la experiencia internacional de muchos países, incluso, de la región, que tienen mucha más migración venezolana que nosotros y volúmenes más importantes tienen menos problemas y esos problemas se utilizan políticamente mucho menos, porque tienen políticas que tienden a regularizar a las personas”.
De modo que destacó como fundamental “separar de una vez por todas el tema de la delincuencia internacional que tiene un origen, un desarrollo y una consecuencia social muy negativa para el país, de la migración que tiene un origen en situaciones graves en los países de origen por múltiples razones y que en general están aportando al país mucho más de lo que el país está invirtiendo en ella”.
Diálogos bilaterales: “Una conversación pendiente”
En tanto, el diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (ind/PPD), valoró positivamente la gestión que ha realizado el Ejecutivo en esta materia, señalando que “esta crisis descontrolada que Piñera nos dejó hoy día está empezando a ser controlada porque hay avances importantes”.
Al respecto, el parlamentario detalló que “si uno mira los números de los ingresos irregulares a Chile durante este verano, han bajado sustancialmente” y añadió que “la instalación de las Fuerzas Armadas, algo que inicialmente había sido muy resistido por este gobierno, ha sido fundamental para el control de la situación. Por de pronto, en la Región de Antofagasta la SIP de Carabineros en un procedimiento detectó tráfico de migrantes, ingreso de armas e ingreso de dinero”.
Sin embargo, manifestó como una “conversación pendiente” la necesidad cerrar un acuerdo de reconducción de migrantes entre Chile y Bolivia, razón por la cual adelantó la visita del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, al Congreso para tratar este tema el lunes 20 de marzo. “Una vez que esté resuelto eso, lo que podría ser una gran segunda etapa tiene que ver con cómo expulsamos a todas aquellas personas que vienen a cometer delitos a nuestro país”, afirmó.
Cabe recordar que el propio canciller ha manifestado su intención de reunirse con autoridades de Venezuela y Bolivia para abordar la crisis migratoria y fortalecer los diálogos con dichos países en el marco de la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, que se realizará el próximo 24 y 25 de marzo en República Dominicana.