El llamado caso VitaGate, que hasta el momento presenta una defraudación cercana a los 2.500 millones de pesos, podría llegar a ser uno de los más graves casos de financiamiento ilegal de la política en Chile, cuyo principal operador responsable sería el ex Alcalde de Vitacura entre los años 1996 y 2021, Raúl Torrealba del Pedregal.

Miembro del Partido Nacional desde finales de la década de los 60s y fundador de Renovación Nacional, el “Big Boss”, como le nombran según el relato del testigo Domingo Prieto, articuló una extensa y entramada red de corrupción por medio de la creación de instituciones y programas  como VitaEmprende, VitaSalud y VitaDeportes, las que fueron utilizados como caja receptora de recursos municipales con el fin de desviarlos hacia las arcas del ex alcalde  y, eventualmente, derivar recursos a campañas políticas de la derecha.

Uno de los últimos antecedentes públicos que se conocen del caso es la petición que realizó la fiscalía al Servel, donde solicita los antecedentes de las campañas de 2017 y 2021 del ex diputado y sobrino del ex alcalde, Sebastián Torrealba.

Esta diligencia, que fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado por el supuesto desvío de $1,5 millones mensuales para la campaña de Sebastián Torrealba según lo declarado por Domingo Prieto, antiguo administrador de los programas Vita, es sólo una pequeña muestra de las redes políticas que agravan más el caso y lo vuelven algo más complejo que un simple enriquecimiento ilícito.

Otro de los nombres que han surgido en la causa es del ex Intendente de Sebastián Piñera, Felipe Guevara, el que figuraría como principal inventor del entramado para extraer recursos municipales con fines y beneficios particulares.

Guevara, fue apuntado por Prieto como el autor intelectual de la maquinaria de defraudación mientras fue Director de Desarrollo Comunitario de esa comuna por cerca de 12 años. Y si bien el ex alcalde de Lo Barnechea niega cualquier relación con el caso, lo cierto es que su cercanía con Torrealba y los años bajo su servicio dejan serias dudas sobre la veracidad de su desmarque.

El caso más recordado de financiamiento ilegal de política, el llamado caso Penta, tuvo un monto total de defraudación cercano a los 2.100 millones de pesos por el pago de asesorías que nunca se realizaron. No obstante, VitaGate sería un caso de mayor envergadura que requiere una fuerte respuesta institucional. Mientras la Fiscalía desarrolla el proceso penal, aprobamos la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados que debe conformarse a la brevedad. En tanto, la derecha bloqueó la presencia de la alcaldesa de Vitacura Camila Merino a una sesión especial donde estaba invitada para exponer sobre este grave caso. Lo conocido hasta ahora, parece ser sólo la punta del iceberg de una maquinaria de corrupción donde los maletines con billetes pasaron de mano en mano durante años. En la medida que surjan más antecedentes, quienes hasta ahora mantienen un conveniente voto de silencio, quizá comiencen a romperlo.

Luis Cuello
Diputado por Valparaíso