La televisión y las encuestas -y viceversa, ya no se sabe qué es primero- nos dicen cada día y cada semana que la principal preocupación de la ciudadanía, y que por lo tanto debe ser la de los políticos, es la delincuencia. Así lo dicen las oposiciones, el presidente del Senado al Presidente de la República, y ahora también el oficialismo, como por ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados, quien llamó a todos los alcaldes progresistas del país a seguir el ejemplo de La Florida y demoler las narco-casas. Omite el diputado Mirosevic que los alcaldes no tienen atribuciones en el combate a la delincuencia, que lo que en realidad hace Carter es aprovechar un resquicio de la Ley de Urbanismo y Construcciones y por lo tanto ningún edil puede demoler lo que se le antoje. Y que, en el plano más político, esta acción forma parte del lanzamiento comunicacional de una candidatura cuyo objetivo es la próxima elección presidencial, porque ya no es posible la reelección en La Florida.

El senador Coloma le dijo al presidente Boric que el combate a la delincuencia debe ser la prioridad de la agenda legislativa. El diputado Mirosevic visita al general Yáñez para darle su apoyo y compromete liderar la coordinación para aprobar proyectos que faciliten la acción de Carabineros. El Gobierno pone urgencia a 16 proyectos de seguridad y la ministra Uriarte afirma que “el combate a la delincuencia es y seguirá siendo prioridad”. El centro de la política migratoria debe ser también el combate a la delincuencia, tal como la política indígena. Así, un Estado tan consensualmente volcado hacia este tema ¿qué tipo de Estado podría terminar siendo?

Desde el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, se ha venido expresando y a la vez estudiando con más claridad una forma de acción estatal según la cual, en nombre del enfrentamiento de situaciones de alta conmoción pública, las personas renuncian gustosas a sus propias libertades y entregan a los gobiernos su consentimiento para ser sometidas a mecanismos de control que incluso pasan a llevar la vara democrática. Dicho de otro modo: que la población sienta miedo es el caldo de cultivo perfecto para el control social. Vemos con preocupación que con un creciente consenso de Gobierno y oposiciones, sectores conservadores y progresistas, empieza a apoderarse de todo el debate público la idea de que los problemas se resuelven con la policía, los militares, toques de queda, estados de excepción y otras medidas por el estilo. Como dijo el diputado socialista Raúl Leiva en estos mismos micrófonos, cuando ese clima se apodera del país ya nadie habla de desigualdad ni de reformas sociales.

En conclusión, primero, deberíamos volver a preguntarnos si el hecho que la delincuencia se haya apoderado de esta forma del debate público es realmente un reflejo prístino de lo que ocurre en la sociedad, o es al menos en parte una construcción mediática intencionada, que por retroalimentación hace creer a la población lo que ciertos poderes quieren. Y, segundo, si los problemas de seguridad pública (cuya existencia e importancia nunca hemos negado) se combaten solo con policías y acciones mediáticas, o deben ser abordados más complejamente. En esta radio, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, señaló que en las poblaciones de su comuna construidas más precariamente era donde más asechaba el narcotráfico. Pero estas consideraciones que no pasan por lo policial, sino por lo social, parecen ya no importarle a nadie.