Esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y sus pares de la subsecretaría de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolas Cataldo, recibieron en La Moneda a las directivas de tres asociaciones de municipalidades para analizar el plan de intervención en 30 comunas críticas en materia delictual. Un plan que el Gobierno decidió adelantar luego del homicidio del cabo primero de carabineros, Daniel Palma y que se implementará en las comunas que concentren el 50% de los delitos más violentos a nivel nacional.
Así, la estrategia del Ejecutivo contempla como primer eje la persecución penal efectiva, con foco en homicidios y delitos asociados. Asimismo, se plantea la creación de un Grupo Especializado del Ministerio Público y la PDI, lo que radica en un grupo de primera respuesta ante homicidios en las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana, que trabajará con grupos de investigación especializada de la PDI conformado por 10 funcionarios por comuna, altamente entrenados en investigaciones criminales.
En segundo lugar, se busca fijar un patrullaje policial efectivo, lo que contempla un aumento de la dotación de Carabineros en sectores altamente conflictivos, priorizando los sectores y horarios con mayor probabilidad de homicidios. Algo que se irá a materializar en las comunas de Santiago, Puente Alto, La Pintana, Lo Espejo, Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Copiapó, Iquique y Arica, según comunicó el Gobierno a los ediles.
En tercer término se plantea un foco en la investigación en tráfico de armas y en la fiscalización intensiva de armas legalmente inscritas en los sectores a intervenir. También se busca generar rondas focalizadas de fiscalización, con la realización de controles de identidad y la búsqueda de personas con órdenes de detención pendientes y prófugas.
Dando cuenta de estas definiciones, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, pidió al Gobierno extender este plan a todo el país, aduciendo que la nueva criminalidad abarca más terreno que 30 comunas.
“El delito es móvil y si bien se puede focalizar la denuncia en una comuna respecto de ese delito, existe la movilidad y el delito que se comete en un lado puede nacer la preparación en otro y puede cometerse en otra comuna simultáneamente. Por lo tanto la idea es complementar ese plan y hay voluntad del Gobierno, poder hacerle seguimiento”, señaló.
A su vez, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, solicitó al Ejecutivo “la velocidad que se requiere para poder trabajar de manera fructífera en esta situación”.
“No es posible que se asesinen a tres Carabineros en 23 días en acto de servicio. Tenemos que avanzar rápido con buenos proyectos de ley, rápido en coordinación con distintas instituciones y poder acelerar el tranco porque estamos atrasados”, enfatizó.
En tanto, Jaime Escudero, alcalde de Pirque y Presidente de los Municipios Rurales, relevó que “las tres asociaciones estamos coordinados, les hemos entregado (al Gobierno) nuestras preocupaciones, les hemos hecho saber también a los subsecretarios cuáles son nuestros puntos de vista, cómo podemos mejorar y darles la tranquilidad de que transversalmente estamos unidos para enfrentar el delito y el crimen organizado”.
Cabe destacar que el plan del Gobierno contempla un eje sobre el Pilar Preventivo, que se aplicará a 120 comunas del país. Ellas serán objeto de una coordinación intersectorial para robustecer la presencia del Estado en los espacios públicos.
Para este efecto, este 2022 se invirtieron 21 mil millones en el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y este 2023 se estima una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos más.
En el eje de Más Comunidad, el Ejecutivo plantea levantar una red de televigilancia; facultar a los alcaldes el contratar a personas (por el Código del Trabajo) para conducir vehículos municipales e inspectores con fines de vigilancia o patrullaje preventivo; y focalizar la inversión PMU al plan “Calle Sin Violencia” para proyectos de construcción o recuperación de espacios públicos.
Imagen: Agencia ATON.
Esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y sus pares de la subsecretaría de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolas Cataldo, recibieron en La Moneda a las directivas de tres asociaciones de municipalidades para analizar el plan de intervención en 30 comunas críticas en materia delictual. Un plan que el Gobierno decidió adelantar luego del homicidio del cabo primero de carabineros, Daniel Palma y que se implementará en las comunas que concentren el 50% de los delitos más violentos a nivel nacional.
Así, la estrategia del Ejecutivo contempla como primer eje la persecución penal efectiva, con foco en homicidios y delitos asociados. Asimismo, se plantea la creación de un Grupo Especializado del Ministerio Público y la PDI, lo que radica en un grupo de primera respuesta ante homicidios en las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana, que trabajará con grupos de investigación especializada de la PDI conformado por 10 funcionarios por comuna, altamente entrenados en investigaciones criminales.
En segundo lugar, se busca fijar un patrullaje policial efectivo, lo que contempla un aumento de la dotación de Carabineros en sectores altamente conflictivos, priorizando los sectores y horarios con mayor probabilidad de homicidios. Algo que se irá a materializar en las comunas de Santiago, Puente Alto, La Pintana, Lo Espejo, Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Copiapó, Iquique y Arica, según comunicó el Gobierno a los ediles.
En tercer término se plantea un foco en la investigación en tráfico de armas y en la fiscalización intensiva de armas legalmente inscritas en los sectores a intervenir. También se busca generar rondas focalizadas de fiscalización, con la realización de controles de identidad y la búsqueda de personas con órdenes de detención pendientes y prófugas.
Dando cuenta de estas definiciones, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, pidió al Gobierno extender este plan a todo el país, aduciendo que la nueva criminalidad abarca más terreno que 30 comunas.
“El delito es móvil y si bien se puede focalizar la denuncia en una comuna respecto de ese delito, existe la movilidad y el delito que se comete en un lado puede nacer la preparación en otro y puede cometerse en otra comuna simultáneamente. Por lo tanto la idea es complementar ese plan y hay voluntad del Gobierno, poder hacerle seguimiento”, señaló.
A su vez, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, solicitó al Ejecutivo “la velocidad que se requiere para poder trabajar de manera fructífera en esta situación”.
“No es posible que se asesinen a tres Carabineros en 23 días en acto de servicio. Tenemos que avanzar rápido con buenos proyectos de ley, rápido en coordinación con distintas instituciones y poder acelerar el tranco porque estamos atrasados”, enfatizó.
En tanto, Jaime Escudero, alcalde de Pirque y Presidente de los Municipios Rurales, relevó que “las tres asociaciones estamos coordinados, les hemos entregado (al Gobierno) nuestras preocupaciones, les hemos hecho saber también a los subsecretarios cuáles son nuestros puntos de vista, cómo podemos mejorar y darles la tranquilidad de que transversalmente estamos unidos para enfrentar el delito y el crimen organizado”.
Cabe destacar que el plan del Gobierno contempla un eje sobre el Pilar Preventivo, que se aplicará a 120 comunas del país. Ellas serán objeto de una coordinación intersectorial para robustecer la presencia del Estado en los espacios públicos.
Para este efecto, este 2022 se invirtieron 21 mil millones en el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y este 2023 se estima una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos más.
En el eje de Más Comunidad, el Ejecutivo plantea levantar una red de televigilancia; facultar a los alcaldes el contratar a personas (por el Código del Trabajo) para conducir vehículos municipales e inspectores con fines de vigilancia o patrullaje preventivo; y focalizar la inversión PMU al plan “Calle Sin Violencia” para proyectos de construcción o recuperación de espacios públicos.
Imagen: Agencia ATON.
Esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y sus pares de la subsecretaría de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolas Cataldo, recibieron en La Moneda a las directivas de tres asociaciones de municipalidades para analizar el plan de intervención en 30 comunas críticas en materia delictual. Un plan que el Gobierno decidió adelantar luego del homicidio del cabo primero de carabineros, Daniel Palma y que se implementará en las comunas que concentren el 50% de los delitos más violentos a nivel nacional.
Así, la estrategia del Ejecutivo contempla como primer eje la persecución penal efectiva, con foco en homicidios y delitos asociados. Asimismo, se plantea la creación de un Grupo Especializado del Ministerio Público y la PDI, lo que radica en un grupo de primera respuesta ante homicidios en las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana, que trabajará con grupos de investigación especializada de la PDI conformado por 10 funcionarios por comuna, altamente entrenados en investigaciones criminales.
En segundo lugar, se busca fijar un patrullaje policial efectivo, lo que contempla un aumento de la dotación de Carabineros en sectores altamente conflictivos, priorizando los sectores y horarios con mayor probabilidad de homicidios. Algo que se irá a materializar en las comunas de Santiago, Puente Alto, La Pintana, Lo Espejo, Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Copiapó, Iquique y Arica, según comunicó el Gobierno a los ediles.
En tercer término se plantea un foco en la investigación en tráfico de armas y en la fiscalización intensiva de armas legalmente inscritas en los sectores a intervenir. También se busca generar rondas focalizadas de fiscalización, con la realización de controles de identidad y la búsqueda de personas con órdenes de detención pendientes y prófugas.
Dando cuenta de estas definiciones, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, pidió al Gobierno extender este plan a todo el país, aduciendo que la nueva criminalidad abarca más terreno que 30 comunas.
“El delito es móvil y si bien se puede focalizar la denuncia en una comuna respecto de ese delito, existe la movilidad y el delito que se comete en un lado puede nacer la preparación en otro y puede cometerse en otra comuna simultáneamente. Por lo tanto la idea es complementar ese plan y hay voluntad del Gobierno, poder hacerle seguimiento”, señaló.
A su vez, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, solicitó al Ejecutivo “la velocidad que se requiere para poder trabajar de manera fructífera en esta situación”.
“No es posible que se asesinen a tres Carabineros en 23 días en acto de servicio. Tenemos que avanzar rápido con buenos proyectos de ley, rápido en coordinación con distintas instituciones y poder acelerar el tranco porque estamos atrasados”, enfatizó.
En tanto, Jaime Escudero, alcalde de Pirque y Presidente de los Municipios Rurales, relevó que “las tres asociaciones estamos coordinados, les hemos entregado (al Gobierno) nuestras preocupaciones, les hemos hecho saber también a los subsecretarios cuáles son nuestros puntos de vista, cómo podemos mejorar y darles la tranquilidad de que transversalmente estamos unidos para enfrentar el delito y el crimen organizado”.
Cabe destacar que el plan del Gobierno contempla un eje sobre el Pilar Preventivo, que se aplicará a 120 comunas del país. Ellas serán objeto de una coordinación intersectorial para robustecer la presencia del Estado en los espacios públicos.
Para este efecto, este 2022 se invirtieron 21 mil millones en el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y este 2023 se estima una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos más.
En el eje de Más Comunidad, el Ejecutivo plantea levantar una red de televigilancia; facultar a los alcaldes el contratar a personas (por el Código del Trabajo) para conducir vehículos municipales e inspectores con fines de vigilancia o patrullaje preventivo; y focalizar la inversión PMU al plan “Calle Sin Violencia” para proyectos de construcción o recuperación de espacios públicos.
Imagen: Agencia ATON.
Santiago, 11 de Abril de 2023
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se reúnen con directivas de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), de la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) para analizar intervención en comunas prioritarias en función de la realidad delictual que las afectan.
Foto Juan Eduardo Lopez/ Aton Chile 
