Hace 24 días que cientos de personas están varadas en la frontera entre Chile y Perú, puesto que se endurecieron las medidas de ingreso de personas indocumentadas provenientes de Chile. Se observan personas de diversas nacionalidades, entre ellos niños, niñas, bebés que están esperando para volver a sus países.

Esto se constituye en un grave problema humanitario, que debe resolverse a la brevedad. Sin embargo, hemos sido testigos que los acuerdos diplomáticos y políticos han sido escasos, es más, se han convertido en un fuego cruzado con comentarios fuera de lugar y sin altura de miras, por ejemplo, los dichos del alcalde de Tacna quien calificó de irresponsable al presidente Gabriel Boric por no tomar las medidas adecuadas para detener la crisis migratoria que se produce entre Tacna y Arica.

Este problema humanitario debe resolverse a través de las coordinaciones diplomáticas de los países involucrados. En este sentido, surge la reflexión con respecto a si es suficiente contar con marcos legales y políticas públicas que comiencen y terminen en la frontera de cada país; sin contar con ninguna articulación alguna para resolver las situaciones de crisis humanitarias que ocurren en la frontera, culpando y desplazando la problemática de uno hacia otro país.

Este caso, entre otros presentados en la región, hace evidente que la migración sistemática sur-sur demanda de acuerdos latinoamericanos mancomunados para acordar algunas políticas mínimas, de tal modo, de evitar lo que era una crónica de una problemática anunciada. Por lo tanto, es urgente un cordón humanitario que permita un paso expedito que cruce al menos las fronteras de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia para que las personas puedan regresar a sus países.

Las manifestaciones que ocurre en el norte del país se generan en el momento en que se autorizan cambios en la ley de migración, modificaciones que al parecer no logran resolver el problema de un tránsito masivo y precarizado por la frontera que atenta con los derechos humanos de las personas. Una política migratoria sólo basada en el control de la frontera está lejos de constituirse en una solución efectiva A la luz de los acontecimientos, se hace necesario examinar con detención la ley migratoria en Chile que posee diversos vacíos, además de dejar en el limbo aspectos referidos a cuestiones políticas, económicas, entre otras.

Dentro de las modificaciones a la ley, carabineros de Chile tiene atribuciones, como, por ejemplo, cuando hace un control de identidad puede solicitar datos de la persona y correo electrónico si la persona está sin documentos, sean chilenos o extranjeros. Si no portan la documentación exigida lo deben ingresar a la comisaria, y también, que se notificará solo una vez para la expulsión por irregularidad y esta notificación puede ser por carta o por correo electrónico. Esta atribución la tenía solo la PDI, a esto se suma que el gobierno está implementando en los cuarteles de la PDI un sistema biométrico para huellas digitales y fotografía.

Uno de los puntos críticos en la salida irregular de Chile es la presencia de niños, niñas y adolescentes, puesto que es prioritario y de urgencia ética el verificar que se trasladen con

padres, madres y adultos responsables, que no exista trata de personas, raptos, secuestros, entre otros. Otro nudo es la salida de personas que tienen pendientes sentencias judiciales o que están siendo buscados por algún crimen. Es decir, la salida tiene bastante aristas, sin embargo, las acciones deben realizarse a la brevedad, además de demandar mayor institucionalidad para desplegar la ley de migración.

Un tema que ha estado en la palestra refiere a la expulsión de personas migrantes para ello, existen dos mecanismos.

1. Gobierno-administrativo. Cuando se haya cumplido el plazo de residencia de la persona, no se ha solicitado o no se ha concedido o cuando la persona tiene causas por delitos menores.
2. Vía judicial: La persona extranjera ha cometido un delito en el país. Los jueces pueden determinar que cumplan la pena en Chile y luego se deporta. Cuando los delitos son graves se prohíbe por un cierto tiempo el ingreso al país o se determina la prohibición total. Delitos menos graves se deporta de inmediato, con orden de no ingreso a Chile.

Actualmente existen 20.000 casos pendientes de tipo administrativos, porque no se ha materializado, por fallas en la ley, puesto que antes de las modificaciones, la notificación debía ser presencial y por la policía de investigación (PDI) y ser comunicado en tres momentos, ahora bastaría con una sola, incluso a través de un correo electrónico.

Si bien desde el punto de vista administrativo estas medidas permitirían un tránsito más expedito y regulado por la frontera, los acuerdos y avances siguen anclados dentro de los limites político- territoriales de cada país. Por tanto, es necesario contar con medidas administrativas y políticas que las trasciendan, es decir, nuevos marcos de políticas públicas y legales, que oficien como una protección social transnacional y humanitaria, en donde no solo transiten por las fronteras las personas, sino que se busque resguardar la dignidad y el respeto a los derechos humanos fundamentales.

Luego de diversas gestiones la madrugada del domingo 7 de mayo despega desde Arica rumbo a Venezuela un avión con aproximadamente 115 personas que estaban en la frontera entre Chile y Perú. Lo anterior, significó el despliegue de 150 funcionarios de la municipalidad, DGAC, Carabineros, Aduanas y la PDI. El avión fue enviado por el gobierno venezolano.

Es evidente que los corredores humanitarios, ya sea terrestre o aéreo es un imperativo, porque no solo está en riesgo la salud de las personas, sino que también su dignidad.  Por tanto, es urgente que las coordinaciones entre países se agilicen, a través de acuerdos políticos y diplomáticos.

Dra. Sonia Brito Rodríguez
Universidad Alberto Hurtado

Dra. © Andrea Comelin Fornés
Universidad de Tarapacá

Dra. © Lorena Basualto Porra
Universidad Católica Silva Henríquez