Este 20 de mayo entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, la cual complementa la ley que creó el Registro Deudores de Pensiones de Alimentos que ya está vigente desde noviembre de 2022, y que establece un mecanismo de pago permanente para las deudas de pensiones de alimentos con cada uno de los hijos e hijas del padre deudor. Esto es importante porque, lamentablemente, muchos padres ocultan sus bienes e ingresos reales para que cuando un Tribunal de Familia los sentencie al pago, este sea por montos bajos.

Por ese tipo de malas prácticas de los “papitos corazón” a las mujeres se les hace difícil demostrar que los padres sí tienen patrimonio suficiente para proveer a sus hijos en común. Ahora, incluso, si las madres no tienen conocimiento del estado financiero de los progenitores de sus hijos, será el Estado el encargado de mejorar el acceso a la información y de investigar sus cuentas bancarias u otros documentos financieros.

Cabe mencionar que estos beneficios operan para los casos en que las pensiones de alimentos están judicializadas, es decir, cuando se ha demandado previamente al padre y existe una sentencia del tribunal que ha establecido la pensión. Basta con que se adeude una mensualidad para que la persona a cargo de los niños o niñas a quienes se les adeuda la pensión pueda solicitar al tribunal la retención de los fondos de las cuentas bancarias o de otros instrumentos financieros y/o inversión del deudor. Incluso, si el padre deudor no tiene fondos o no alcanzan para cubrir la deuda, se podrán retener sus fondos existentes en la AFP, con algunos límites dependiendo de la edad del deudor.

Otra buena noticia es que si las entidades financieras no cumplen con entregar los fondos del padre para pagar la pensión que adeuda, la ley establece que serán las mismas entidades financieras las que tendrán que cubrir el monto.

Considerando que a pocos meses de entrada en vigencia del Registro de Deudores la suma de la deuda total en pensiones de alimentos asciende a más de $47.000.000.000, esta nueva ley es una medida de justicia que podrá entregar dignidad a millones de familias en Chile que han sufrido la violencia del abandono económico por parte de los progenitores.

Bárbara Sepúlveda

Académica de la Facultad de Derecho UAH