Hay un ámbito que no tiene nada que ver con las diferencias ideológicas, y que lamentablemente se manifiesta con cada vez más frecuencia en la política chilena: es aquel que pretende hacer de la negación espuria de la evidencia y a veces de la crueldad una forma de imponer las propias posiciones. Es lo que ha ocurrido con la diputada María Luisa Cordero, quien puso en duda que la ceguera que padece la senadora Fabiola Campillai fuera real.

Es evidente que a la diputada no le ha movido el ánimo de develar una verdad oculta, puesto que sus señalamientos no han sido acompañados por ningún antecedente ni han sido canalizados a través de ningún procedimiento institucional. Han sido simplemente dichos arteros, a la pasada, para dejar un manto de duda amparada por un fuero parlamentario cuyo propósito es evitar que se mal use a la Justicia para modificar mayorías parlamentarias, pero no para avalar la impunidad.

En ese sentido, es extraordinariamente valioso que la Corte de Santiago haya acogido la solicitud de desafuero en contra de la parlamentaria, puesto que con esta decisión se le señala no solo a ella, sino al conjunto de los parlamentarios, que su investidura no les da la facultad de avasallar la dignidad de otras personas ni de negar la evidencia. Es además, una moción para que la diputada se haga cargo de sus dichos, porque como dijo la senadora Campillai ahora “no soy yo quien tiene que demostrar que estoy ciega, es ella quien va a tener que demostrar que yo veo y les garantizo y les aseguro que va a perder esta querella”.

Pero como a veces no basta una acción para que se disuadan las inhumanidades, la diputada Camila Flores, también de la bancada de Renovación Nacional, ha señalado muy a la chilena, diciendo algo así como si no lo estuviera diciendo, que en relación a la diputada Cordero “si ella mantiene sus dichos por algo debe ser”. El trasfondo, por cierto, no es atacar a una persona sino lo que ella representa. Es, cada cual con sus propias características, similar al asedio que ha sufrido la diputada Emilia Schneider o en algunas ocasiones la diputada Lorena Pizarro. Los cuerpos y las vidas de estas parlamentarias, todas mujeres, representan realidades más generales que un sector de la sociedad quisiera negar y hacer como si no existieran.

Porque, ciertamente, frente al dispositivo que trata de imponer que el estallido social fue una mera expresión del lumpen está la senadora Campillai, una trabajadora que fue atacada por un agente del Estado mientras esperaba en un paradero de la locomoción colectiva. Frente a la idea de que respecto a Carabineros hay que olvidar, pedir perdón por los dichos del pasado y borrar con el codo las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo anterior, ahí está el testimonio de la senadora Campillai para restituir lo sucedido.

Yendo más allá de este hecho puntual, se hace necesario erradicar estas prácticas de la política, independientemente del signo de quien las profiere y del signo de quien las recibe. Por parte de los medios de comunicación -que no deben normalizar este tipo de dichos- de las instituciones -que deben actuar cuando procede- del sistema político -cuyo repudio debería ser transversal- y de la propia ciudadanía, que es la que puso en sus escaños a algunos parlamentarios que incurren en estas conductas.