Sebastián Delpino critica proyecto de ley "Criterio Valencia": "No tiene ningún impacto en delitos de mayor connotación social"

El abogado reconoce que la ley busca que las instituciones puedan identificar a las personas, pero criticó que ésta amenace con la prisión preventiva sin que se entreguen soluciones a quienes sí tienen la intención de regularizar su situación.

El abogado reconoce que la ley busca que las instituciones puedan identificar a las personas, pero criticó que ésta amenace con la prisión preventiva sin que se entreguen soluciones a quienes sí tienen la intención de regularizar su situación.

Personeros de oposición insisten que aplicar el “Criterio Valencia” puede “brindar mayor tranquilidad a los chilenos”, pero el abogado penalista, Sebastiájn Delpino, considera que convertir la iniciativa en ley no es una vía efectiva para erradicar los graves delitos que han conmocionado al país en el último tiempo.

Los diputados Frank Sauerbaum y Andrés Longton solicitaron al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, poner en tabla el proyecto “Criterio Valencia”, el cual busca fijar como ley la instrucción administrativa que entregó el fiscal nacional, Ángel Valencia, a los persecutores: solicitar la medida cautelar de prisión preventiva a los jueces en el caso de extranjeros y nacionales que hayan sido detenidos de manera flagrante y no tengan un documento que compruebe su identidad.

Cabe recordar que la iniciativa ya fue aprobada a finales de abril en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, por lo que ahora corresponde que se discuta en Sala.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado penal, Sebastián Delpino, sostuvo que “el gran problema con esta ley es que no ataca lo que se ha pretendido por el Ministerio Público y la clase política”, que es disminuir los delitos de mayor connotación social como homicidio, secuestro y/o tráfico de droga. 

“No tiene ningún impacto. En esos casos cuando un imputado es detenido y formalizado, da lo mismo si está en una situación regular o irregular, porque dada la gravedad del delito es muy probable que la prisión preventiva se decrete de igual forma”, declaró. 

Sebastián Delpino.

Sebastián Delpino.

Delpino explicó que puede suceder que la medida impacte en quienes no tengan documento de identidad y hayan cometido delitos que no son de gravedad. Por ejemplo: una persona indocumentada que conduce un camión sin licencia, le realizan un control de identidad y es formalizada por el delito de manejar sin el permiso de licencia profesional. Al no tener identificación se le decretaría la prisión preventiva y por un delito de menor gravedad puede que la persona esté privada de libertad 30 o 60 días, a la espera de que el Servicio de Registro Civil e Identificación le asigne un Rut provisorio para el procedimiento penal. 

En ese sentido, reiteró que la iniciativa no atacaría a los delitos de mayor connotación social y existirían muchas personas detenidas por delitos no graves, sin saber cuánto tiempo van a estar privados de libertad, lo que “va a repercutir en un hacinamiento de los recintos penitenciarios”, dadas las condiciones críticas del sistema actual. 

El defensor público-privado reconoce que la ley busca “que las personas tengan un RUN provisorio, sacar sus huellas dactilares para que estén dentro del sistema y tanto la Fiscalía como las policías puedan identificarlas”. 

Sin embargo, de acuerdo al Magíster en Derecho Probatorio en el Proceso Penal de la Univesitat de Barcelona, el “Criterio Valencia” tiene la deficiencia de que “no ataca el problema de manera orgánica, sino que se busca legislar en el sistema penal sin realizar modificaciones con respecto al Registro Civil”. Por ello, el abogado cuestionó que el mencionado servicio público pueda contener toda la demanda que existiría con las personas privadas de libertad solicitando el RUN provisorio. 

“Me ha pasado que muchas personas me dicen que quieren tener su Rut provisorio para no tener problemas si los controlan o para evitar exponerse a una detención, pero resulta que hoy no existe un trámite fácil que permita que las personas que no tienen identificación lo puedan tramitar”, reprochó. 

Delpino criticó que con esta norma dictada por Fiscalía y respaldada por parlamentarios “se amenace con la prisión preventiva, pero no se entreguen las soluciones para quienes sí tienen la intención de regularizarse y obtener su RUN, personas que realmente estén trabajando y aportando en el país”

Asimismo, aclaró que la prisión preventiva se dictará solo para quienes no tengan identificación y hayan cometido algún delito. “Si no ha cometido delito existe una modificación respecto al control de identidad preventivo que le permite a Carabineros o a la Policía de Investigaciones llevar a la persona a la unidad de la PDI en donde puedan hacerle la identificación, tomar las huellas dactilares y quedar en libertad”, detalló.

“Siempre existe el riesgo de que pueda pasar por una detención, es muy fácil que una persona quede detenida por algún delito. Teniendo alguna discusión con un funcionario de Carabineros por ejemplo, puede terminar pasando por el delito de amenaza a un Carabinero”, advirtió.

El abogado penalista expuso que la prisión preventiva puede resultar en una paradoja, puesto que cabe la posibilidad de que la medida cautelar dure más que la pena que pueda arriesgar el o la imputada, por lo que puede provocar problemas de proporcionalidad y de injusticia respecto a estas personas.





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