Si se juzgara políticamente por su resultado, habría que decir que la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila fue desastrosa por partida doble. No solo por falta de mérito. También erigió a la autoridad en un símbolo reivindicado por las organizaciones de la diversidad sexual y a sus persecutores como discriminadores medievales. No es, por cierto, la imagen que quería dejar la oposición al pretender convertir a Ávila en el culpable de todos los males de la educación chilena, sin haber terminado por encontrar ninguna razón de peso, al menos en la cancha que ellos mismos eligieron, que fue la de la infracción constitucional.

Ávila salvó, pero por el modo en que se condujo el libelo se fue instalando la idea que lo que estaba en juego era mucho más importante, incluso, que los temas formalmente incluidos. Porque puede ser destituido un ministro de Educación por una acusación constitucional, ya ocurrió dos veces en los últimos años y es un asunto serio y relevante, pero tanto más lo es que el país no puede regresar a la época de las cavernas. Esto va más allá de derechas e izquierdas e incluso de clases sociales. Ayer una funcionaria de una lavandería, ya mayor, se lamentaba mientras veía a la diputada Cordero en la televisión preguntándose cómo se había llegado en Chile hasta este punto.

El respeto por la diversidad debiera ser un valor compartido por el conjunto de la sociedad. No está, en principio, llamado a ser patrimonio de un grupo en particular, por lo que resulta extraordinariamente valiosa la posición de parlamentarios que no siendo de gobierno o derechamente de oposición, la votaron en lo que ellos consideraron su propio mérito, en especial los diputados de Evópoli Francisco Undurraga y Jorge Guzmán y el diputado Joaquín Lavín León. Ya inmediatamente después de la votación fueron acusados de traicionar al sector, sin que quienes señalan con el dedo hayan hecho una autocrítica por los fundamentos del libelo que impulsaron.

He aquí el tema de fondo: aunque es seguro que no en todos los que votaron a favor hubo un ánimo homofóbico, no se puede desconocer que la falta de sustento jurídico de la presentación hizo crecer aquella hipótesis. Incluso al final el diputado Diego Shalper (el mismo que después acusó a Evopoli de propinarles una puñalada) invocó una denuncia de carácter verbal -sin documentos- sobre el pago de raciones de la JUNAEB, como el centro de la acusación, pero aquello no estaba ni siquiera en el texto que fue sometido a la deliberación del pleno de la Cámara de Diputados.

Instituciones como Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía han señalado como el odio o rechazo a las personas homosexuales, bisexuales y transgénero sigue presente en el mundo, incluso con 70 países que encarcelan o castigan físicamente a quienes tienen relaciones con personas del mismo sexo. En el centro de aquellas prácticas están los estereotipos y prejuicios, algo que se construye socialmente. Por eso, entre muchas otras razones, la importancia de la educación sexual, para frenar las causas profundas de lo que hemos visto en estos días.