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Año XVI, 25 de febrero de 2024


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Exponentes llaman a consejeros a resguardar el valor de la cultura y los derechos humanos en la propuesta constitucional

En la comisión de Derechos, el filósofo Gastón Soublette apuntó a considerar la satisfacción de las necesidades espirituales de la ciudadanía. Mientras, en la comisión de Principios la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, detalló la última de las IPN.

Natalia Palma

  Miércoles 26 de julio 2023 15:52 hrs. 
consejo constitucional

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“Toda gran nación debe su grandeza al hecho de haber sido antes una gran cultura”. Con esta afirmación el reconocido filósofo nacional, Gastón Soublette, expuso ante la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional para referirse a las materias que a su juicio debieran ser consideras en la propuesta constitucional que se plebiscitará en diciembre próximo.

A través de un video previamente grabado, Soublette realizó una reflexión sobre las consecuencias que ha tenido un modelo de desarrollo basado en la economía y tecnología en nuestro país, señalando que “ha contribuido a crear un humano sin identidad”, motivo por el que destacó, en lo que refiere a la actividad cultural, la importancia de que el Estado promueva la creación artística, literaria y la investigación científica nacional.

El filósofo sostuvo que “los saberes que la cultura aportan, estimulan el desarrollo psicológico y crea personas con discernimiento, por eso descuidar el desarrollo cultural de una nación causa un perjuicio a las personas”.

En ese sentido, expresó que “el ser humano no sólo tiene necesidades básicas, como el alimento, el vestido y la vivienda, tiene también necesidades psicológicas y espirituales, cuya satisfacción le permite formarse como una persona apta para vivir en comunidad y asumir con sabiduría su destino ante los desafíos y avatares de la existencia”.

Por lo mismo, remarcó que, dada la trascendencia del concepto de cultura, “debe ser incluido en la Carta Fundamental de la legislación”, añadiendo que “es un deber del Estado proteger y conservar el patrimonio cultural tangible e intangible de la nación y promover la actividad cultural del país, aportando los recursos necesarios para esa finalidad”.

Dado el tenor de esta intervención, el consejero socialista, Miguel Littin, quien extendió esta invitación al filósofo para participar en el proceso, se mostró partidario a revisar el anteproyecto de los expertos sobre esta materia, particularmente con la norma que plantea la exención de contribuciones de aquellos templos y dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto (artículo 13, c).

“Creo que la cultura tiene un derecho en su diversidad a estar presente en la Constitución Política de Chile, en nuestra actividad y en nuestras vidas, no solamente tomar en cuenta cuando se dice hay excepción para lo que se provoca en los templos religiosos, en los impuestos, por ejemplo, sino que también en las actividades culturales y artísticas”, dijo.

Derechos Humanos y “perdonazo” a reos de 75 años

Mientras, a la comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos concurrieron representantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) para abordar la Iniciativa Popular de Norma “Nunca más en Chile, garantía de no repetición de las violaciones a los DD. HH”, instancia en que la presidenta de la agrupación, Alicia Lira, aseveró que nuestro país ha tenido una “justicia en la medida de lo posible” por los hechos ocurridos durante 17 años de “terrorismo de Estado”, recordando que aún hay más de mil 400 causas pendientes en los tribunales.

La dirigenta puntualizó que la propuesta está respaldada “por los hechos históricos, dado que durante los años noventa y comienzos del dos mil, la justicia fue reticente para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura”.

Por ello planteó como fundamental que “la Constitución asegure a todas las personas el derecho a no ser sometidas a desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, exilio, o relegación. Asimismo, debe garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, ante las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que sufran”.

La presidenta de la AFEP, Alicia Alira, expone ante la comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Créditos: Comunicaciones Proceso Constitucional

La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, expone ante la comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Créditos: Comunicaciones Proceso Constitucional

Por otra parte, en un punto de prensa Lira manifestó su preocupación por otra de las iniciativas presentadas, que buscaría otorgar arresto domiciliario a reos de mayores de 75 años, puesto que indicó permitiría de manera soterrada un “perdonazo” a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

En esa línea, la dirigenta cuestionó que la propuesta “tiene nombre y apellido militar, porque la mayoría de ellos caben en esta iniciativa de los 75 años. Así como el Ejército, las Fuerzas Armadas han mantenido el pacto de silencio, la derecha no pierde su tiempo en buscar la forma de que se vayan tranquilamente a sus casas”.

Además, consideró que elevar una norma de estas características a rango constitucional sería “marcar para siempre la impunidad en que los crímenes que no se han cometido se puedan cometer”. Por lo que mencionó que en lo que respecta a “la deuda que no han cumplido los gobiernos, el Estado tiene la oportunidad de a través de esta constitución proponer medidas para que nunca más en nuestro país se vuelvan a violar los derechos humanos”.

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