Durante las últimas semanas hemos presenciado diversos discursos de parlamentarios y figuras políticas justificando y relativizando el golpe cívico militar y las violaciones a los derechos humanos. Por un lado, expresiones que hacen alusión a que el golpe fue necesario, justificado, mientras que, por otro, discursos que niegan las violaciones a los derechos humanos, como, por ejemplo, aquellas declaraciones que se refirieron a la violencia sexual por parte de agentes del Estado como una leyenda urbana, son algunos de los ejemplos durante el último tiempo. Si bien, durante el último período han ido aumentando los discursos negacionistas, lamentablemente éstos han estado presentes, de una u otra forma desde el inicio de la dictadura y el periodo de la transición democrática.

Dentro de las principales razones de aquello podemos encontrar la existencia una débil institucionalidad y legislación en materia de derechos humanos, una deficiente educación en este ámbito, un escaso cumplimiento de los pilares de la justicia transicional, entre otras. En este sentido, las causas del complejo panorama actual son de larga data y la proliferación de estos discursos de manera pública han agudizado una situación ya latente, especialmente si tenemos en consideración la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar. En consecuencia, aquellos discursos que giran en torno a la reconciliación y mirar hacia el futuro no se hacen cargo estructuralmente del problema que nos afecta hoy. Para ilustrar lo anterior, solo basta observar recientes estadísticas en la materia, como, por ejemplo, las cifras de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 2022 del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a los 50 años y la justicia transicional[1].

Uno de los pilares de la encuesta se refiere al conocimiento de la ciudadanía de las comisiones de verdad que se crearon con el objetivo de esclarecer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Al respecto, la encuesta señala que “el 52,8% declaró no conocer a la Comisión Rettig y un 54,5% a la Comisión Valech. En esta línea, solo un 9,4% y 9,5% declara haber leído los informes de tales comisiones, respectivamente”. Lo anterior puede explicarse tanto por las dificultades políticas que tuvieron en su tiempo dichas comisiones para emitir sus informes y que, hasta el día de hoy, incluso persisten, por la poca voluntad política para cumplir todas las recomendaciones de dichos informes y derechamente, la existencia de un sector que continúa enalteciendo la dictadura y ha impedido avanzar en una condena absoluta a lo ocurrido. De esta forma, la problemática principal encuentra su causa en una fragilidad constante que hemos vivido en materia de derechos humanos. El auge del populismo penal, de partidos políticos y movimientos populistas y de extrema derecha son una muestra de aquello y se engarza directamente con estos discursos contrarios a los derechos humanos.

Qué recién se encuentren resolviendo en los tribunales de justicia muchas causas emblemáticas de derechos humanos y miles de familias no sepan el paradero ni destino de sus familiares mientras por otro lado, existan sectores políticos con representación política importante que nieguen aquellos hechos, evidencia que la forma de resolverlo no es a través de una reconciliación forzada ni una revictimización constante de las víctimas de violaciones de los derechos humanos como se ha pretendido hacer por mucho tiempo. Al respecto, la solución desde el Estado debe ser cada vez más enérgica respecto a la dictación de medidas, políticas públicas y leyes que contribuyan directamente a la justicia transicional con el objetivo de ir erradicando estas brechas.

Tanto los informes de las comisiones de verdad, los testimonios de las víctimas, los sitios de memoria y los archivos de Museos y centros de documentación son parte de la verdad histórica respecto a la dictadura y no hay justificación posible que pueda validar las violaciones a los derechos humanos. Por lo mismo, redirigir el debate hacia los errores de la Unidad Popular o las causas del golpe solamente contribuyen a fortalecer una cultura que justifique lo ocurrido.

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar es una oportunidad importante para analizar no solo cuanto hemos avanzado, que ha sido poco lamentablemente, pero también lo que hemos ido retrocediendo en este ámbito y las medidas concretas y efectivas para revertirlo. Si no nos hacemos cargo de aquello, cualquier pretensión de reparación y medidas de no repetición, será solamente superficial. La democracia no solo se fortalece con más democracia, también se hace con memoria y justicia.

[1] https://bibliotecadigital.indh.cl/server/api/core/bitstreams/71c258bf-e03d-4264-9dc9-1185e782a428/content