Tras el llamado de Carolina Tohá a regularizar a 180 mil migrantes empadronados, organizaciones migrantes alertan sobre las consecuencias de no cerrar el proceso y cuestionan tanto al gobierno saliente como al entrante por los retrasos.
La directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, Gabriela Hilliger, afirmó que la medida afectará a los venezolanos que deseen volver a su país, de visita o por emergencias, así como también a aquellos que quieran traer a sus familiares.
Gabriela Hilliger, abogada del SJM, explicó que «es imposible materializar una expulsión de inmediato, porque toda expulsión requiere que el país hacia donde se va a dirigir esa persona, dé su consentimiento”.
De acuerdo a la jefa de incidencia jurídica del Servicio Jesuita Migrante, en Chile solo se ve como refugiados a los ucranianos, afganos, sirios. En tanto, las autoridades descartan la compleja situación de los latinoamericanos.
