La urbanización en grandes metrópolis como Santiago de Chile se caracteriza por manifestaciones evidentes de segregación socioespacial y desigualdad. Este fenómeno no solo es una característica física de nuestras ciudades, sino que también refleja y perpetúa diferencias en el acceso a oportunidades, servicios y calidad de vida. La movilidad social queda así restringida, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.

En este contexto, algunas iniciativas como el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) representan un esfuerzo notable pero insuficiente para corregir la segregación y la desigualdad. El PEH busca restablecer el rol del Estado en la planificación habitacional y apunta a una distribución más justa del suelo urbano. También aspira a diversificar el acceso a la vivienda mediante la autogestión, cooperativas y arriendo a precio justo. Aunque es un paso en la dirección correcta, su alcance todavía se considera limitado. La vivienda debe ser entendida no solo como un componente crucial sino como un nodo en una red más amplia que configura la calidad de vida. Por ello, la transformación hacia ciudades más democráticas requiere estrategias bien articuladas que abarquen tanto la oferta de vivienda como la planificación urbana centrada en la equidad y la inclusión.

Modelos como el Barrio Maestranza Ukamau en Santiago se erigen como ejemplos de cómo debe ser este cambio. Este proyecto liderado por la comunidad ha demostrado que la participación activa de los residentes en la planificación y gestión de su entorno resulta crucial para construir espacios más inclusivos y equitativos. En una ciudad democrática, la voz de la comunidad no solo se escucha, sino que también se traduce en acción, influyendo en todo, desde el diseño de los espacios públicos hasta las políticas de vivienda y transporte.

Pero el cambio no recae únicamente en manos del gobierno o de las comunidades locales; es un esfuerzo que debe ser colectivo. La colaboración entre diferentes sectores de la sociedad se hace cada vez más necesaria para abordar la complejidad de la vida urbana. Iniciativas como el Congreso de Ciudades son fundamentales en este sentido, proporcionando una plataforma para la articulación de actores de la política, la construcción, la academia y, por supuesto, los habitantes. Es a través de esta colaboración multisectorial que se pueden concebir y aplicar políticas urbanas que realmente prioricen la justicia y la equidad social.

La construcción de ciudades verdaderamente democráticas y justas es un objetivo ambicioso pero alcanzable. Exige un replanteamiento de cómo abordamos la planificación y la gestión urbana, y una realineación de nuestras políticas públicas con los principios de equidad y justicia social. Solo a través de un enfoque participativo e inclusivo, que englobe la diversidad de voces y necesidades presentes en nuestras metrópolis, podremos transformarlas en lugares donde la democracia no sea solo un concepto, sino una vivencia cotidiana para todos sus habitantes.

Aland Castro
Presidente Fundación Feman