En los últimos días se ha levantado por medio de alguna prensa la inquietud porque se esté llevando adelante un proceso de actualización curricular. De una manera simplista, se argumenta si no sería mejor ocupar esos recursos en temas urgentes y coyunturales, algunos han llegado a sostener que sería la particular obsesión de un ministro y de un modo que bordea en la caricatura, se ha planteado la alarma porque uno de los cientos de actores consultados en este proceso planteara la necesidad de incorporar la perspectiva decolonial en el curriculum.

En tiempos en que arrecia la pulsión conservadora, este tipo de reacciones parecen tener un trasfondo muy interesado en frenar un proceso a todas luces necesario.

En efecto, el Ministerio de Educación desde hace más de un año viene preparando las condiciones para un proceso de actualización del currículum escolar en los ciclos de primero a sexto y de séptimo a segundo medio. Ello en el contexto de un accidentado sistema escolar, impactado por el estallido social y la pandemia sucesivamente. Sin embargo, esto no es lo único que explica esta línea de acción de la actual administración.

Ya en 2015, una mesa de trabajo transversal a distintas sensibilidades académicas y políticas construyó un consenso importante respecto de la necesidad de aprender de la experiencia curricular de las últimas décadas y de la urgencia de transitar a procesos de cambio curricular con altura de miras, trascendiendo los énfasis de uno u otro gobierno y aspirar a tener una política de Estado sobre estos asuntos. Esa mesa de trabajo, que me correspondió coordinar, y de la que fue parte, entre otros, el exministro Raúl Figueroa, señaló la necesidad de llevar adelante procesos de cambio curricular con una participación amplia de la sociedad, que escuchara no solo al mundo académico, sino a ciudadanos y ciudadanas en general, para, de este modo, elaborar currículos más pertinentes, democráticos y legítimos a los ojos del conjunto de la sociedad.

Haciendo carne estas recomendaciones, el Ministerio de Educación impulsó este año lo que se ha conocido como Congreso Pedagógico-Curricular, al que fue convocado todo el sistema escolar, pero también a actores de la sociedad civil, centros académicos y personas que individualmente quisieran contestar las preguntas centrales de esta consulta amplia. El propósito fue recoger las expectativas que tenemos sobre la escuela y el currículum en particular.

Sin duda que abrir este espacio es abrirse a una pluralidad de voces, de expectativas y sueños; pero también es sostener una vocación democrática sobre cómo se definen cuestiones centrales al conjunto de la sociedad. ¿Acaso hacerlo parece un exceso?, ¿parece innecesario?, ¿una dilapidación de recursos? En mi opinión, es pertinente, necesario y útil. En tiempos en que la sociedad chilena ha sufrido grandes remezones y que la necesidad de aspirar a un mínimo de cohesión social parece ser de las pocas cosas que nos pueden dar un curso de acción común, dadas las evidentes fracturas sociales en que nos movemos, entonces, ¿cómo no mirarnos sinceramente y redefinir nuestro horizonte de expectativas sobre el sistema escolar a la luz de los problemas más evidentes que nos punzan el alma?

Sinceramente, torpedear este proceso de construcción democrática del currículum escolar bordea la irresponsabilidad. Sabemos bien que la escuela pasa por una crisis de sentido desde hace ya bastante tiempo, que la experiencia de la escolarización ya no puede ser la del siglo XIX, pero tampoco la de la pura rendición de cuentas por aprendizajes. Parece urgente, como lo acaba de decir también la profesora María Victoria Peralta, recuperar el espacio escolar como lugar de experiencias de humanización, de la mano de la cultura y el buen vivir que necesitamos para sortear desafíos que son globales y que bordean, incluso, la sobrevivencia de nuestra especie. Visto así, no es momento de pequeñas guerrillas, tratando de minar gratuitamente iniciativas de política pública, que más allá de uno u otro gobierno, debemos apoyar como acciones de Estado, de comunidad.

Luis Osandón Millavil

Universidad de Chile / Centro de Investigación para la Educación Inclusiva