La discusión principal de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el Caso Convenios fue protagonizado por el contralor Jorge Bermúdez, quien expuso que los informes de auditoría elaborados por la Contraloría General de la República constataron un “patrón” en el traspaso de recursos públicos desde secretarías de Vivienda y Urbanismo a entidades privadas en 15 regiones del país.

Los resultados presentados por el contralor Jorge Bermúdez ante la CEI establecieron falencias en el control interno como, por ejemplo, falta de procedimientos formales para seleccionar las entidades ejecutoras de los proyectos, de monitoreos oportunos en la ejecución de convenios, asignaciones directas de inversión sin suficiente fundamentación y personas contratadas por fundaciones que, a su vez, se desempeñan en dependencias del Serviu o de la Seremi del Minvu (sólo en Antofagasta y O’Higgins).

Para los parlamentarios opositores y miembros de la CEI, los hechos esgrimidos constituyen un “modus operandi” habitual para desfalcar al Estado. Al respecto, Bermúdez señaló que “a nosotros no nos corresponde decir si hay un mecanismo porque en realidad eso ya es una conclusión más bien del punto de vista penal, pero sí coincidimos en el sentido siguiente: esta falta de institucionalidad hace que el virus de la corrupción se filtre. En el fondo es eso, la corrupción está ahí siempre buscando por qué parte se puede colar”.

“Cuando tenemos mecanismos tan débiles, evidentemente que esto puede ocurrir y se replique en muchas partes, con los mismos patrones, y eso es lo que ha ocurrido en este caso probablemente”, zanjó.

Para la máxima autoridad de la entidad fiscalizadora, algunos de las observaciones resultantes de los informes, además de ser faltas a la probidad, podrían ser constitutivas de delito. Por dicho motivo, algunas conclusiones serán remitidas al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para buscar responsabilidades penales.

Tras la sesión, el diputado y presidente de la CEI, José Miguel Castro (RN), apuntó directamente contra el rol del titular de Vivienda, Carlos Montes, en la fiscalización de estas anomalías y señaló que “cualquier ministro, independiente haya delegado el poder de firma, sigue siendo responsable de las acciones generadas por esta delegación”.

“Por lo tanto, si esto pasó solamente en Democracia Viva en Antofagasta, yo hubiese pensado ‘efectivamente puede haber pasado’, pero cuando vemos un continuo a través de 15 regiones del país obviamente que hay una responsabilidad política que él debe asumir“, afirmó.

Como contramedida, Castró detalló que desde el partido analizan “desde quizás pedirle al Presidente de la República que lo retire de su cargo, hasta una acusación constitucional, pasando por una interpelación”.

“Es impresentable que a un ministro de Estado se le pasen en 15 regiones, eso quiere decir que no ha tenido un buen manejo de parte de su personal y por supuesto que hay una responsabilidad política, o sea, no se le puede atribuir solamente a la responsabilidad política de la exsubsecretaria, si esto pasó en 15 regiones”, sostuvo.

En cambio, la diputada de Revolución Democrática, Ericka Ñanco, respondió que “esto es un problema de Estado, es un problema de la institucionalidad, no tiene que ver con un modus operandi”.

“El Gobierno ya se ha estado haciendo cargo y el mismo contralor también lo mencionó en la Ley de Presupuesto del 2024, estos mecanismos debiesen corregirse y el mismo dijo ‘estoy bastante contento con la forma en la cual se está presentando el presupuesto hoy en día’. Quiero dejar en claro, que estos mecanismos de traspaso de fondo no surgen ni con Democracia Viva ni con el actual Gobierno son un mecanismo que data de mucho antes”, zanjó.

Sobre si se hace poco sostenible el cargo de Montes tras los informes de Contraloría, el ministro de Segpres, Álvaro Elizalde señaló que “la mayoría de estos hechos corresponden a situaciones acontecidas en el año 2022, con la Ley de Presupuestos aprobada en 2021. Esto no empezó el año pasado, viene desde antes”.

En entrevista con Radio Concierto, Elizalde declaró que “los ministros no son jefes de servicios. Esa es labor de los subsecretarios. Las decisiones administrativas están radicadas ahí”.

Cabe destacar que una hora antes de que iniciara la sesión de la CEI, el ministerio de Vivienda emitió un comunicado en referencia a los informes de Contraloría. En la declaración, la cartera presidida por Montes señaló que “desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría”.

Además, apuntaron contra los orígenes del Programa Asentamientos Precarios, “dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva”.

“No vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales”, concluyó.

Imagen de Portada: Agencia ATON