Por noticias publicadas en la prensa a partir del 23 de noviembre pasado, supimos que los dueños de este hotel emplazado en los roqueríos del balneario de Concón, sobre el hoy inexistente peñón Oreja del Burro, V región de Valparaíso, interpusieron una demanda civil en contra de la municipalidad de Concón y en contra de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, debido a que su edificio terminado, que contó con un permiso del 10 de enero de 2011, acogido a la ley Lorca de Viña del Mar, no puede funcionar por fallo de la Corte Suprema. Ante lo cual, recordando que en pedir no hay engaño, ahora esos inversionistas quieren que, con fondos públicos, se les entreguen US$ 95 millones como indemnización.

Sobre esta situación este columnista ha expresado su opinión desde hace muchos años en este medio y en otros, teniéndose en cuenta que, por culpa del director de obras municipales (DOM), destituido por otros motivos, la Corte Suprema acogiendo recursos de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, anuló el permiso de edificación, pues el titular del proyecto inició sus faenas, sin contar con una resolución de calificación ambiental favorable, luego violando flagrantemente el artículo 8° de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

La misma Corporación indicada en el segundo párrafo, intentó llegar a un avenimiento con la municipalidad de Concón y con la empresa inmobiliaria, consistente en modificar el destino del hotel para que allí pudieran operar oficinas, galerías de arte, establecimientos gastronómicos, consultas médicas, equipamientos para emprendedores y educacionales, eliminando 2 pisos en el nivel superior de los 10 edificados, contemplándose la entrega de una alta suma de dinero, por parte de los empresarios, a la fundación Yarur Bascuñán, aliada y financista de esa Corporación.

Ello no prosperó porque la mayoría de los concejales, según la edición del 03/04/2023, de un diario de circulación nacional, “no aceptaron renunciar a sus convicciones ambientales” y además porque se percataron de una artimaña concebida por los interesados en el arreglín para no respetar las reglas del juego contenidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón, respecto de la altura máxima admitida para ese predio que es de 7 metros, equivalente a 2 pisos y medio. Se debe recordar que en la fecha del otorgamiento del permiso, regían las normas del PRC de Viña del Mar.

La LGUC le entrega completas atribuciones en sus artículos 148° y 157° a los alcaldes y a los Seremis de Vivienda y Urbanismo para que, con la asistencia de la fuerza pública, ordenen las demoliciones de los edificios ilegales y/o de las construcciones que no cuentan con las recepciones finales de obras, pero observamos con perplejidad que, en este escandaloso caso, esas 2 autoridades administrativas se niegan a ejercer sus responsabilidades. ¿Serán tímidos o negligentes?

Nos declaramos incompetentes para decir cual será el epílogo de este episodio, reconociendo el mérito de la Corporación que llevó el caso a la Justicia, quedando en evidencia que no existe un permiso vigente y que hay un fallo de la Corte Suprema que todavía no se cumple. Se debe tener en cuenta que la reciente demanda civil de los dueños del hotel tendrá, en un tiempo más, un resultado difícil de prever, aunque si llegara a operar la ley, el resultado final debiera ser en contra de sus deseos, pues ellos produjeron un daño ambiental irreparable y de proporciones.