Poco antes de que finalicen las campañas de cara al plebiscito del domingo 17 de diciembre, esta semana se filtró por la prensa una reservada discusión entre integrantes del Partido Republicano sobre la propuesta constitucional, en una aplicación de mensajería instantánea.

Según reportó La Tercera, en este intercambio un militante de la colectividad manifestó su descontento frente a algunas concesiones en el marco del proceso, cuestionando al sector por “haberse rendido a cambiar un Estado subsidiario por uno de derechos sociales”, y que dicha modificación tampoco lograra el objetivo de presentar una constitución de acuerdos. Dichos ante los que respondió el ideólogo de republicanos, Cristián Valenzuela, quien afirmó que “el objetivo nunca fue presentar una constitución de amplio consenso”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Departamento de Derecho Público de la Casa de Bello, Enrique Navarro, se refirió a este tipo de declaraciones y señaló que “es una lástima que no se pudiera haber consensuado un texto con mayor adhesión como salió de alguna manera de la Comisión Experta, porque en la Comisión fue una propuesta unánime de los muy diversos sectores y una constitución política para que sea perdurable en el tiempo requiere necesariamente un acuerdo más amplio”.

“Por eso, normalmente las modificaciones son de 2/3 o 3/5. Entonces, en la medida que se trate de un texto que no genera un acuerdo más amplio y que eventualmente, incluso, pueda ser aprobado por una mayoría muy feble, como aparentemente muestran las encuestas, eso va a afectar también para la propia legitimidad del texto constitucional y para que perdure en el tiempo”, afirmó.

El exintegrante del Tribunal Constitucional remarcó que “la Constitución siempre ha sido, desde sus inicios en el fenómeno constitucional norteamericano y europeo, la Carta que tiene por objeto proteger a las minorías frente a los eventuales abusos que incluso las mayorías puedan aprobar, como ha ocurrido en el siglo XX. Entonces, la necesidad de un texto constitucional que generara un gran acuerdo habría sido muy deseable porque eso genera una mayor estabilidad en el tiempo, en la norma y una adhesión ciudadana al texto”.

Sobre la evaluación de la propuesta constitucional del Consejo y el tenor de las campañas, marcada por la coyuntura en materia de seguridad, Navarro comentó que “creo que hay una intención de enfatizar el rol que les corresponde a las policías y a las instituciones de Defensa e incluso, se crea una policía fronteriza que requerirá una normativa legal. Evidentemente, sumado a la migración, que también la incluye, es probable que esta constitución en esa parte esté influida por los temas de seguridad y, por tanto, muchas personas piensen que el texto va a favorecer eventualmente medidas que sean más estrictas para poner freno a los problemas que objetivamente existen, por lo menos a nivel de percepción y victimización”.

Sin embargo, apuntó que, pese a que el texto pueda establecer principios, “el resto se debe desarrollar legislativamente. Entonces, todas esas grandes medidas tendrían que ser propias de ley, no es suficiente por sí misma la Constitución”.

En cuanto a las advertencias que ha levantado el comando por el ‘En contra’ sobre el riesgo que implica el texto para la continuidad de la ley de aborto en tres causales, el jurista sostuvo que “a mí me parece que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 es bastante clara, fue por mayoría de seis votos, estableció que las tres causales están autorizadas y no contraviene en este mandato constitucional, que está inspirado en el propio Código Civil de Andrés Bello, de que la ley protege la vida del que está por nacer”.

“Ahora, la modificación de la palabra ‘que’ por ‘quien’ ciertamente enfatiza la idea de que ‘el que está por nacer’ es una persona, pero no creo que eso afecte, y además contravendría el principio de progresividad en materia de derechos fundamentales, las tres causales. Sí creo que puede ser un límite importante para pensar en una ley de aborto sin causales, eso me parece que puede ser distinto”, dijo.

Asimismo, expresó que en relación al resultado en que derivó la discusión constitucional “lamentablemente en Latinoamérica en los últimos 35 años, incluso, desde la constitución brasilera, que es una de las más extensas desde 1988 en adelante y, particularmente, en los últimos 10, 15 años, en Iberoamérica son muy extensas. Creo que hay una serie de normas que son principios, que son ideas o normas programáticas que son innecesarias, porque la Constitución tiene que aplicarse directamente, tiene que establecer estas ideas generales, pero el resto debe materializarse. A mí me parece que muchas de estas disposiciones son propias de la ley”.

En esa línea, planteó que “por ejemplo, no es propio de un texto constitucional que establezca que las propiedades puedan estar exentas de contribuciones bajo ciertos supuestos que, además, va a tener que regularlos la ley o que se puedan deducir los gastos necesarios para producir las rentas, eso también tiene que estar en una ley, no debiera ser materia de constitución. Me parece que un número importante de disposiciones son excesivas y claramente desnaturalizan lo que es propio de un texto constitucional, que son los grandes principios”.

“Ahora, aun así, van a tener que ser desarrolladas legislativamente, por normas legales y reglamentarias y por eso las normas transitorias establecen períodos de uno, dos y tres años para enviar el proyecto, después habrá que aprobarlo. O sea, eso va a requerir por lo menos cinco años, incluso, algunos llegan a pensar en un decenio en que se aplique en toda su cabalidad un nuevo texto”, complementó.

Con todo, consideró que, pese a que el texto pueda excederse en el abordaje de materias, tales como salud y seguridad social, no necesariamente restringiría el debate democrático sobre estos temas. “En general el mandato, que además era una base del Estado social y democrático de derecho, obliga, por ejemplo, en materia de derechos sociales, como educación, salud, derecho a la vivienda, a la cultura, al agua, exige que estas prestaciones, que lo establecerá el legislador, puedan otorgarse a través de instituciones públicas o privadas, bajo el principio de progresividad y de responsabilidad”, declaró

“El debate democrático queda plenamente en mi opinión vigente, en términos de que yo quiera una sociedad con una mayor intervención del Estado o con una menor intervención del Estado, con una visión socialdemócrata o socialcristiana, por poner los ejemplos clásicos europeos. Lo que queda fuera sí es la posibilidad de que haya un monopolio de prestaciones en materia de derechos sociales o del Estado o también de los privados, o sea, tiene que haber prestación mixta”, concluyó Navarro.