El pasado domingo 17 de diciembre la ciudadanía rechazó una segunda propuesta constitucional. ¿Las explicaciones? Se trataría de un texto conservador que no sintonizó con las aspiraciones y anhelos de la mayoría. Además, el resultado refleja la poca sintonía entre la elite política y el electorado, y a su vez cierto cansancio constitucional. Recordemos que la primera propuesta fue rechazada (según el diagnóstico compartido) porque representaba una visión de sociedad identitaria de izquierda que tampoco respondía a las expectativas de las mayorías.

El proyecto de transformación constitucional surgió como una posible canalización del malestar ciudadano frente a las profundas desigualdades de nuestra sociedad. El legalismo propio de nuestra cultura interpretó que la mejor alternativa para conducir las demandas pasaba por contar con una nueva Constitución. No eran pocos los que sostenían que en la coyuntura abierta por el estallido social hubiera sido conveniente enfocarse en reformas estructurales puntuales: derechos sociales en pensiones, educación, salud, vivienda, medioambiente, y construir una estructura progresiva en términos de impuestos. Sin embargo, la clase política entendió en su momento que la mejor alternativa frente a la crisis era abrir un proceso constitucional. El plebiscito de entrada dio legitimidad y sentido a esa decisión, con casi un 80% de apoyo del electorado. Además, se respondía a una demanda histórica: contar con una constitución legítima en su origen, elaborada en democracia y por un órgano elegido por la misma ciudadanía.

Ahora bien, más allá de buscar culpables, de sentar en el banquillo a la clase política por su mediocridad, miopía y egocentrismo, de crucificar a algunos por lo que hicieron o lo que no hicieron, considero que es necesario sacar lecciones de estos cuatro años para avanzar hacia el futuro.

En primer lugar, las desigualdades que explican el estallido social no han dejado de acompañarnos. De hecho, dada la incertidumbre económica y social producida por la pandemia y un contexto global adverso, se han agudizado. Un sistema político alcanza robustez y legitimidad en la medida que es capaz de responder a estas problemáticas sociales. Por lo mismo, la incapacidad de procesarlas redunda en el debilitamiento de lo político. Esto lleva además a la expectativa lógica que en unas décadas o incluso antes nos acompañen nuevamente estallidos sociales, revueltas, rebeliones, o como queramos llamarle. Por eso, se requiere avanzar con rapidez en abordar las demandas ciudadanas. Si el espíritu escéptico nos invade y sostenemos que es imposible comprender lo que está en la mente de las personas porque quizás ni ellas mismas lo saben, cualquier encuesta nos puede dar pistas de cuáles son esas demandas: salud, educación, seguridad, corrupción, paridad de género, entre otras.

En segundo lugar, respecto al proceso constitucional me gustaría proponer entenderlo como un aprendizaje colectivo. Es evidente que no existen condiciones para un nuevo proceso que permita proponer una nueva Constitución. Las urgencias actuales son otras. Sin embargo, una alternativa podría ser entender la Constitución misma como un proceso de aprendizaje colectivo y que por ello se va corrigiendo. Es cierto, la actual tiene un problema de legitimidad de origen. Sin embargo, y como se ha sostenido (no sin cierta ironía de parte de algunos), la constitución actual tuvo importantes modificaciones que permitieron eliminar elementos propios del autoritarismo de la carta original de los 80. ¿No sería más productivo entender la Constitución como un marco sujeto a correcciones? De seguro para varios esto sería claudicar frente al legado de Pinochet y Jaime Guzmán. No obstante, es evidente que no existen condiciones – al menos en el corto y mediano plazo – para imaginar otro proceso como los dos que ya zozobraron estrepitosamente. Entonces, creo que asumir con realismo las condiciones es mucho más productivo que imaginar un orden ideal donde pasan las cosas que soñamos.

En definitiva, pensar en reformas que atiendan las demandas ciudadanas y el mirar el proceso constitucional como una tarea abierta pueden ser dos claves para navegar el presente. Con la mirada puesta en el futuro y con la expectativa de que podamos avanzar hacia un orden más justo, donde el origen social no determine casi con precisión estadística nuestras posibilidades futuras, donde no haya que endeudarse por temas de salud o para estudiar. Donde luego de trabajar durante toda una vida podamos tener una pensión digna.

David Martínez Rojas
Académico
Universidad de O’Higgins