A una semana del triunfo presidencial de Javier Milei y de los mal llamados “libertarios” en Argentina ha quedado demostrado que el uso populista y panfletario del concepto libertad y de la disminución del estado no es otra cosa que una estrategia comunicacional que esconde el retorno al liberalismo económico del siglo XIX, beneficiando al capital y perjudicando a la gente y el valor del trabajo.

Esta visión frecuentemente intenta eclipsar la relevancia de la colectividad, la comunidad, y el papel del estado en la promoción del bienestar general y en la conducción hacia una sociedad más civilizada y equitativa.

La estrecha y distorsionada noción de libertad que promueve el liberalismo económico, y su enfática defensa de la individualidad, han sido los pilares de muchos modelos económicos y sociales contemporáneos en Occidente desde el siglo XIX, los que periódicamente tienden a ciclos de crisis cuyos efectos negativos suelen cargar en sus espaldas millones de trabajadores y trabajadoras y cuya factura de pago se carga a la cuenta del trabajo y no del capital.

La libertad, según el liberalismo económico, promueve una supuesta autonomía del individuo, donde cada persona es dueña de su destino económico. No obstante, esta “libertad” a menudo ignora que la autonomía real solo es posible en un contexto de simetría en las condiciones y oportunidades, algo que el modelo liberal y neoliberal no garantiza para todas y todos sus ciudadanos. La libertad sin un piso mínimo de igualdad se convierte, siempre, en una libertad para el privilegiado, no para el colectivo y, menos, para el individuo que no pertenece a grupos privilegiados.

El progreso de las sociedades occidentales no puede desligarse del avance colectivo, la búsqueda del bienestar general y de las acciones del estado en ese sentido. La historia demuestra que los mayores saltos y logros civilizatorios se han dado cuando el estado ha actuado como un agente de equilibrio social, proveyendo educación, salud y seguridad. La idea de que el mercado por sí solo puede regularse y beneficiar a la colectividad es una visión reduccionista que omite los innumerables ejemplos de ciclos de crisis económicas y de acentuamiento brutal de las desigualdades sociales exacerbadas por una falta de regulación apropiada y la oportuna y pertinente intervención estatal.

En contraposición al individualismo liberal, la importancia del rol social, colectivo y estatal en la mejora del nivel y la calidad de vida es innegable. Políticas públicas y programas que abogan por la protección social y la inversión en servicios públicos fundamentales demuestran que el estado tiene una capacidad única para orquestar esfuerzos que beneficien a la sociedad en su conjunto. Políticas como la sanidad y educación universales son ejemplos patentes de cómo el estado puede mejorar las vidas de sus ciudadanos y ciudadanas.

En ese sentido, la propuesta de “Pacto Fiscal” del gobierno de Gabriel Boric es un ejemplo actual de la búsqueda de un modelo económico más equitativo y solidario, demanda expresada en la Revuelta de octubre de 2019 y que, si bien soterrada, aún sigue latente en el país. Este pacto busca una mayor redistribución de la riqueza y una fiscalización más eficiente para asegurar que cada ciudadano y ciudadana contribuya de manera justa al crecimiento común de Chile.

Otro ejemplo, destacable internacionalmente y de gran impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades es el programa “Chile Crece Contigo” y “Seguridad y Oportunidades” de la expresidenta Michelle Bachelet, el que ilustra claramente el potencial del enfoque colectivo/estatal para mejorar la calidad de vida desde la infancia, ofreciendo apoyo integral que acompaña a los ciudadanos y ciudadanas desde el inicio de la vida hasta el fin de la adolescencia.

Políticas públicas que enfatizan el bienestar colectivo y el papel activo del estado, como el “Pacto Fiscal” de Boric y “Chile Crece Contigo” de Bachelet, no sólo son deseables sino necesarias para corregir desigualdades y promover no solo crecimiento, sino un desarrollo genuino y una distribución justa de los excedentes generados por la riqueza nacional, en la que la mano de obra aportada por millones de trabajadores y trabajadoras es el factor determinante.

La acumulación de capital a menudo se produce a expensas de la fuerza laboral, cuyas contribuciones rara vez se traducen en una proporción equitativa de los beneficios económicos. Para contrarrestar esta tendencia, es necesario reconocer y resolver de manera efectiva la contradicción entre los intereses del capital y los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

A lo largo de la historia es evidente que el avance más significativo para los países ocurrió cuando el estado asumió un rol activo en la redistribución de los recursos y en la protección del bienestar colectivo. La noción de libertad debe entonces ser recalibrada para incorporar la idea de que la verdadera autonomía económica se logra no solo a través del éxito individual, sino también mediante un entorno que permita a todos los ciudadanos y ciudadanas desarrollarse plenamente. La verdadera libertad, entonces, reside en la capacidad de todos y todas de vivir con dignidad y oportunidades, y es tarea de un gobierno responsable garantizar que dicha libertad sea más que una mera ilusión para la gran mayoría de los y las compatriotas.